Exterior de una casa de apuestas. EFE/Archivo

TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la nueva ley regional del Juego, la tercera en la historia de la Comunidad Autónoma, con la que se pretende marcar "un antes y un después" en la regulación de este sector. Una norma que ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y Cs y la abstención del PP, con la que se tratará de "subsanar las anomalías" de la ley aprobada en 2013 bajo el Gobierno del Partido Popular de María Dolores de Cospedal, que facilitó la proliferación de establecimientos de juego en la región, lo que ha generado en los últimos años una creciente preocupación social.

Y es que mientras que en 2013 eran 51 los establecimientos de juego autorizados en Castilla-La Mancha, en 2020 la cifra se llegó a multiplicar por cuatro, alcanzando las 200 autorizaciones, situando a la región como una de las de mayor densidad en relación con el número de habitantes.

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Un dato que ha subrayado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención ante el Pleno de forma previa al debate y votación del dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley planteado por el Gobierno.

Una ley que tiene que objetivo fundamental equilibrar los intereses de esta actividad económica con la necesidad de hacer frente a las externalidades negativas que puede afectar a los colectivos más vulnerables; así como regular diversas cuestiones de índole administrativa, potenciando también las medidas de control en el ejercicio de la actividad del juego.

Para Ruiz Molina se trata de un texto legislativo "muy completo", con el que se consigue avanzar en la protección de los colectivos vulnerables y en el fomento del juego responsable.

Entre las novedades que presenta la norma respecto a la anterior, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado la introducción por primera vez en la normativa regional un conjunto de principios rectores sobre los que se sustentarán las políticas públicas de esta Administración en materia de juego.

Por una parte aquellos pensados en la ciudadanía, como es la prevención de perjuicios a terceras personas, y en particular la protección a los colectivos con mayor vulnerabilidad, como la población menor de 18 años, personas con adicción al juego y personas incapacitadas legal o judicialmente; así como los principios de transparencia y seguridad en las distintas modalidades de juego, garantizando el pago de los premios y evitando fraudes en su desarrollo.

Pero también esta ley recoge una serie de principios dirigidos al propio sector del juego, fomentando la seguridad jurídica y el empleo estable, en un sector que genera riqueza en la región.

Como segunda novedad, el consejero ha destacado la potenciación de las políticas de juego responsable con respecto a la regulación actual, lo que supone encomendar a la Administración regional la sensibilización y concienciación sobre las consecuencias de una práctica inadecuada de juego, especialmente las relacionadas con los riesgos de ludopatía, al tiempo que también que se apoyan actitudes de juego moderado y no compulsivo.

Para ello se crea el Observatorio de Juego Responsable como un órgano permanente que se encargará de proponer todas las políticas públicas encaminadas a la prevención y buenas prácticas de juego. A este órgano irá destinada una parte de la recaudación de los impuestos y tasas derivados del juego, con la que se financiarán las actividades que sean propuestas.

Por otra parte, la nueva ley establece un régimen de publicidad "mucho más restrictivo", quedando prohibida en general la publicidad, con excepciones "muy tasadas" como la realizada en el interior de los locales de juego, en publicaciones específicas del sector, aunque se permite el patrocinio. Cuestiones, no obstante, que deberán ser desarrolladas por vía reglamentaria.

A 300 METROS… DE LOS INSTITUTOS

Una de las cuestiones más novedosas de esta ley es la relativa a la ubicación de los locales de juego. A este respecto se ha establecido un doble requisito, por una parte que no pueda haber una distancia inferior de 150 metros entre los locales de juego autorizados y por otra, que deberán guardar una distancia mínima de 300 metros a los accesos principales de entrada o salida de los centros oficiales de enseñanza reglada dirigida a personas menores de edad, salvo de aquellos centros en los que se imparte exclusivamente Educación Infantil y Primaria.

Una excepción en el texto inicial no estaba contemplada, aunque vía enmienda en la comisión, y con el apoyo de los tres grupos parlamentarios, se modificaba el planteamiento al considerar que "no tenía sentido" la limitación respecto a los centros en los de Infantil y Primaria, tal y como ha manifestado durante su intervención ante el Pleno el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez.

Unas reglas relativas a las distancias que serán de aplicación para las nuevas autorizaciones, no así para las ya vigentes, tal y como ha precisado Ruiz Molina, las cuales "se respetarán" y podrán mantener su actual ubicación mientras dure la autorización concedida por la Administración regional, cuya vigencia es de 10 años.

Desde el Gobierno regional se considera este plazo "un margen adecuado" para que puedan adecuarse o buscar otra ubicación que cumpla con los requisitos previstos por la ley.

Una cuestión que ha centrado buena parte del debate al que se llegaba con enmiendas vivas por parte del PP y de Cs, grupos desde los que se ha acusado al Ejecutivo de querer "cerrar establecimientos" con este planteamiento.

En este sentido, el portavoz del grupo Ciudadanos, David Muñoz, ha señalado que el texto propuesto por el Gobierno "agredía de forma desmesurada" a la libertad de empresa, poniendo así en riesgo la supervivencia de 200 negocios y 2.000 puestos de trabajo en la región.

Entre las enmiendas al proyecto de ley que Cs ha mantenido vivas para el Pleno, se encontraba la prórroga de un año más del periodo transitorio para que "por lo menos los pequeños negocios que fueron creados de forma absolutamente legal tengan el tiempo suficiente para amortizar las inversiones". Una propuesta a cambio de cuya incorporación en el texto la formación naranja ofrecía la retirada del resto de enmiendas vivas.

Un guante recogido por el grupo socialista -aunque no sin cierto recelo por parte del consejero de Hacienda, que también ha apuntado que le interesaría conocer la redacción de la enmienda transaccional- que finalmente se ha materializado con la modificación de este plazo, que se amplía en un año, hasta el 31 de diciembre de 2029.

Por otra parte, respecto al argumento de abocar al cierre a los locales de juego al que también se aferraban desde el PP, cuyo portavoz en este debate apunta que incluso podría ser "ilegal" que se aplicara la medida de las distancias con efectos retroactivos a los locales ya instalados.

Para el portavoz del PP en este debate, el hecho de que haya un local de juego cerca de un centro educativo "no creo que esté invitando a los menores a pasar", por lo que considera que con este planteamiento desde el Gobierno lo que se hace es "poner en tela de juicio la profesionalidad" de los empleados que están ahí para evitar la entrada de los menores.

Punto en el que Rodríguez ha llegado a comparar los locales de juego con los bares. "Es como si me dicen que hay un bar cerca de un colegio o un instituto y hay que cerrar el bar porque se vende alcohol; el camarero o el dueño del bar ya se preocupará de que no entre ningún menor a consumir alcohol", ha sentenciado.

"EN LA TRAMPA DEL SECTOR"

Argumentos esgrimidos por los grupos de la oposición que han llevado al reproche del consejero, quien ha criticado que se hayan basado únicamente en repetir los planteamientos del sector, incluso con los mismos ejemplos.

En este sentido, Ruiz Molina ha lamentado la "defensa a ultranza" de la libertad de empresa realizada por el diputado de Cs, planteando después que el problema se solucionaría no autorizando nuevos locales a través de la planificación. Algo que para el consejero refleja cómo "ha caído en la trampa de lo que quería el sector: déjenos en Castilla-La Mancha a los 200 que estamos y prohíba que vengan nuevos establecimientos".

El consejero ha insistido en que en ningún caso la ley plantea el cierre de establecimientos. "Lo que hay son autorizaciones por 10 años, que se renuevan o no en la medida en la que en el momento de la renovación el establecimiento de juego cumple con los requisitos en vigor en cada momento".

Así, Ruiz Molina ha recordado a la oposición que el objetivo de esta ley es hacer compatibles los intereses de un sector, el económico, con los de otro formado por los padres, las madres y los propios ludópatas, de los que "ustedes se han olvidado".

TRIBUTOS Y SANCIONES

Pero además de la regulación de las distancias, otras cuestiones que suscitan importantes discrepancias son las novedades relativas a los tributos y a las sanciones.

Y es que una de las cuestiones que aborda la nueva norma es la introducción de un régimen tributario "más justo", según Ruiz Molina, con la adecuación de los tipos impositivos a los que rigen en el resto de las comunidades autónomas.

En este punto cabe recordar que el proyecto de ley presentado por el Gobierno establecía un aumento del tipo impositivo para los negocios del sector, que pasaba del 10 al 20 por ciento. Una propuesta que también fue vista como un ataque al sector por parte de PP y Cs, y sobre la que se conseguía llegar a un acuerdo en la Comisión de Economía y Presupuestos fijando la subida en solo 4 puntos, fijando así el tipo impositivo en el 14 por ciento.

Un acuerdo de los tres grupos que también se alcanzaba para posponer la entrada en vigor de las medidas fiscales, hasta el 1 de julio de 2022, seis meses que pueden ser "vitales" para muchos negocios, según ha defendido Muñoz.

Pero además, la nueva ley del Juego introduce también una importante revisión en lo relativo al régimen sancionador estableciendo, por una parte, la inclusión de nuevas conductas muy graves, que en la anterior legislación no estaban tipificadas, como permitir el acceso a menores y autoprohibidos, o incumplir el horario de cierre; y por otra se incrementa el importe de las sanciones.

Algo que ha sido cuestionado también desde los grupos de la oposición. Desde Cs si bien se considera que las sanciones deben ser "duras", también creen que se debería establecer una proporcionalidad en las mismas, de modo que "los pequeños negocios no sean tratados como multinacionales".

Por su parte desde el PP, Rodríguez ha calificado como "desorbitadas" las medidas. "No sabemos si lo que quieren es un juego responsable o ser socios de estas empresas en la recaudación" con esta subida "casi confiscatoria" que les convierte "casi en socios de las empresas y van a pachas" en lo recaudado.

Mientras, desde el PSOE, Abengózar les ha recordado que lo que persigue esta ley es que, al contrario de lo que venía sucediendo con la de 2013, no salga más rentable pagar las sanciones y seguir incumpliendo la ley.

Para el consejero esta ley sitúa a Castilla-La Mancha "a la vanguardia" de España en materia de juego, no solo por ser la más protectora respecto a los sectores de población más vulnerables, sino también por ser "la más preventiva", "la más exigente en el ámbito de la publicidad, la más rigurosa en materia sancionadora y la más progresiva, desde el punto de vista tributario, al contemplar que tributará más "quien más beneficios obtenga con la actividad del juego".

Por último Ruiz Molina ha querido recordar a los diputados que "una cosa es regular los juegos de azar y otra dejar al azar el sector de los juegos".