TOLEDO.- El juez del caso Kitchen descarta que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal pudiera haber tenido un "liderazgo ideológico" en la operación de espionaje al extesorero del partido, Luis Bárcenas, y subraya que haberse reunido con el comisario José Manuel Villarejo no la hace responsable de ningún delito.
Estas son las razones por las que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archiva la causa para ella, para su marido, Ignacio López del Hierro, y para su exjefe de Gabinete José Luis Ortiz.
Una decisión del titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional que se ha conocido este jueves, con la que se desoye el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, desde la que se había solicitado una prórroga en la investigación al considerar que aún faltaban relevantes diligencias por practicar.
Petición que también se había realizado por otras partes personadas en el proceso, como las acusaciones populares, pero también las defensas del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, o del conductor Sergio Ríos.
Con este escrito presentado por el juez García Castellón se pone fin a la fase de investigación del proceso y se da paso al procedimiento abreviado, en el que procesa a la mayor parte de los imputados, salvo al matrimonio López del Hierro-Cospedal, dejando al margen también al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el que tampoco observa indicios de posible delito.
De este modo, el juez reduce el operativo al entorno del Ministerio del Interior, descartando la existencia de una trama política.
Es por ello que, al contrario que para Cospedal, sí propone juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la cúpula de su departamento, incluido su ex número dos, Francisco Martínez, a quienes considera artífices de esta supuesta operación, que buscaba hacerse con documentos sobre el caso Gürtel que guardaba Bárcenas y comprometían al PP, la cual "se habría ideado en el marco institucional" del Ministerio, siguiendo las órdenes del ministro y "bajo el control" del secretario de Estado de Seguridad.
Junto a Fernández Díaz propone juzgar a otros responsables policiales y al exchófer de Bárcenas, a los que atribuye delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
En un principio el juez consideró que Cospedal y su marido pudieron tener un papel determinante en la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos (también procesado), como confidente policial, si bien finalmente lo ha descartado al llegar a la conclusión de que "ninguno de los dos tenía relación alguna" con él y que su vinculación "se basa tan solo en las anotaciones de la agenda personal" de Villarejo, que "no han logrado corroborarse con indicios sólidos".
Sí que se ha probado -porque el matrimonio lo reconoció- que se reunieron con Villarejo, varias veces en el caso de Cospedal, que lo justificó en las relaciones que el excomisario tenía con la prensa.
Al respecto, el juez deja claro que "no se puede criminalizar el derecho de reunión" y que nadie puede ser sospechoso de delito por "el hecho de haber mantenido contacto" con Villarejo, que también irá a juicio por estos hechos.
El instructor ve "baldíos" los esfuerzos en justificar estas reuniones porque, aclara, "no hace falta": "nuestro sistema de garantías constitucionales presupone la inocencia, y por ende, debemos entender que no existía voluntad delictiva, salvo que se apunte a indicios concretos".
Y en este caso entiende que esos indicios no se han fundamentado y que afirmar que las reuniones estuvieron motivadas por el interés de la ex número dos del PP en que el excomisario le diese información sobre la investigación del caso Gürtel, "no pasa de una sospecha" que atribuye a Cospedal "una voluntad subjetiva, una intención o ánimo determinado que cuyo origen no se expresa".
También menciona las grabaciones publicadas hace unos años por un diario digital sobre esas reuniones, unos audios, dice el juez, "de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad", que sólo registran un fragmento de la conversación y que "no permiten" inferir esa "intención" que señala el fiscal.
Además, el juez ve "contradictorio" que Cospedal tuviese un "liderazgo ideológico" en una operación que perseguía robar documentos a Bárcenas cuando ella reconoció que esta documentación estuvo durante semanas en la sede del partido cuando este fue cesado "y que tuvo que amenazar con ponerla en la calle para que se le llevaran".
Un argumento, cabe recordar, empleado por la propia Cospedal en el escrito que presentaba el pasado 29 de junio coincidiendo con su declaración como imputada en la Audiencia Nacional, en el que señalaba precisamente como una de las "contradicciones" en las que incurría Bárcenas su versión sobre el supuesto pendrive desaparecido en el que guardaría dos grabaciones sobre la caja B del PP. Algo que para la exministra no resultaba "en absoluto creíble", al no haber mostrado el extesorero "el más mínimo interés en recoger las 27 cajas" de la sede del PP, y que no fuera hasta dos meses después cuando ordenara a su chófer, Sergio Ríos, acudir a recogerlas.
Para el juez García Castellón la imputación a Cospedal y su marido sobre una participación intelectual en la trama, "no deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones", indica.
El juez no ve tampoco acreditado que se efectuase ningún pago desde el entorno de Cospedal y López del Hierro a Villarejo, "ni en el contexto de los hechos investigados en esta pieza ni en ningún otro" y afirma que cualquier apunte reflejado en las agendas del excomisario contradice la versión de ambos y "no se sustenta en ningún indicio objetivo".
Tanto Cospedal como su marido aparecen en repetidas ocasiones bajo las denominaciones 'Cospe' o 'ILH' en esas agendas intervenidas a Villarejo.
En su resolución de este jueves, el magistrado aclara que no acordó su imputación "por entender que existiera un conocimiento y participación en la operación investigada de la dirección del partido", sino para que ambos respondieran sobre una serie de cuestiones, entre ellas la captación del chófer que negaron.
En este sentido añade que el exasesor de Cospedal, el ya comisario Andrés Gómez Gordo, también procesado, negó cualquier intervención de la exministra en su acercamiento al chófer.
