TOLEDO.- Nueva Ley del Suelo para Castilla-La Mancha. El Gobierno regional quiere tener listo el borrador de la misma a finales de 2022 para actualizar la regulación de los convenios urbanísticos e incorporar criterios de sostenibilidad.
La Consejería de Fomento ha dado el primer paso para iniciar el procedimiento con la firma por parte del consejero, Nacho Hernando, de la resolución para elaborar y aprobar un texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para armonizar la normativa e introducir las modificaciones que conlleva la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA).
Una vez que esté listo el borrador, el Ejecutivo autonómico escuchará a todos los sectores implicados para recabar mejoras y, al mismo tiempo, tener en cuenta "el metabolismo propio de una región como esta que cuenta con numerosos pequeños núcleos de población", según ha señalado Hernando.
La incorporación de la Ley SUMA supondrá añadir a la norma el Plan de Suelo Rústico como un instrumento de ordenación supramunicipal de suelos de comarcas y territorios con problemas comunes para establecer sinergias y sistemas supralocales que vertebren el territorio.
La nueva normativa también profundizará en los planes de delimitación de suelo urbano con los planes parciales para articular actuaciones de urbanización o dotación en municipios pequeños, así como habrá regímenes más ágiles para los Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) de los municipios de menor población y un nuevo título sobre el régimen urbanístico de las poblaciones pequeñas.
Asimismo, incluirá como criterio básico que todo instrumento de planeamiento deberá responder a los principios de mínimo contenido necesario y de máxima simplicidad, la integración de la fase ambiental con la fase de elaboración y herramientas alternativas para facilitar la gestión urbanística de regeneración urbana.
Las clases de suelo se reducirán a urbano y rústico, tal y como recoge la legislación estatal, y se completará la regulación de los patrimonios públicos de suelo y los posibles tipos de negocio jurídicos sobre tales bienes.
También se modificará el régimen de disciplina urbanística y se eliminará la distinción entre actuaciones clandestinas e ilegales, ampliando el plazo para el ejercicio de la protección de la legalidad urbanística y la nómina de supuestos, en los que no juega plazo alguno para conseguir demoler lo ilegalmente construido, en sintonía con otras legislaciones urbanísticas autonómicas.
