La Plataforma de Interinos y Temporales denuncia que las plazas que se pretenden cubrir están ya en fraude de ley.

TOLEDO.- Tan solo un día después de la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno con la aprobación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2022 para la estabilización del empleo temporal en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya ha tenido contestación.

La Plataforma de Interinos y Temporales impugnará, como ya hiciera con las OPE de Sanidad de 2018 y la de Educación de 2019, la convocatoria, en este caso, de 4.058 plazas, de las que el 88 por ciento son para Sanidad y Educación.

Pero no solo presentará una demanda por la vía contencioso-administrativa para la impugnación, sino que también estudia la posibilidad de interponer varias demandas a responsables políticos concretos por "presuntas infracciones" del Código Penal.

Una decisión que adoptó el colectivo de interinos y temporales este mismo jueves tras una reunión con compañeros del sindicato Solidaridad Obrera y con su equipo jurídico. Para hacerlo realidad, ha iniciado una campaña para recaudar fondos de forma colaborativa, con la que pretenden alcanzar 20.000 euros, para impugnar la OPE de 2022.

La idea es poder llevar a cabo los previsibles procesos judiciales, pagar las costas y poder llegar a reclamar incluso ante el Tribunal Supremo, aunque si no logran esta cifra al menos pretenden llegar hasta la primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para lo que cuentan con un plazo de dos meses desde el 26 de mayo, fecha de publicación de la OPE en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El argumento fundamental que esgrimirá la Plataforma es que "no se pueden ofertar plazas que actualmente ocupan personas que se encuentran en fraude de ley por un abuso continuado en la temporalidad de sus nombramientos y contratos", así como las "enormes regularidades" que los interinos creen que se han cometido en la tramitación de la OPE con la que el Gobierno regional quiere ejecutar la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La convocatoria incumple lo que dice la propia ley, señalan desde la plataforma, y con "maniobras extrañas" con los sindicatos presentes en las mesas sectoriales y general de Empleo Público, lo que le ha llevado a valorar la interposición de varias demandas por "presuntas infracciones" del Código Penal para que, esta vez, "los responsables no queden impunes".