Las obras se han seguido realizando, ampliando edificaciones y afectando a este entorno protegido. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO.- Construir en un paraje protegido de la Red Natura 2000, sin permisos y desoyendo una resolución desfavorable de las autoridades podría terminar llevando a la cárcel a dos personas. Un hombre y una mujer, de 55 y 54 años, que llevarían más de una década edificando en una zona de especial protección en el término municipal de Navalcán.

Ambos están siendo investigados por la Guardia Civil, como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como de otro delito por desobediencia al promover la ejecución de una serie de edificaciones en un paraje protegido, incluida una piscina.

Una investigación que se ponía en marcha tras una denuncia ciudadana, que servía de punto de partida para la operación 'Zepalcán', en cuyo marco el Seprona de la Guardia Civil de Toledo conseguía localizar una serie de edificaciones ubicadas dentro de zonas de protección como interés comunitario de la Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche, así como en la zona de especial protección de aves Valles del Tiétar, del Rosarito y Navalcán, incluidas ambas en la Red Natura 2000.

De este modo, se ha podido descubrir que estas edificaciones se iniciaron hace más de 10 años, quedando detenidas en 2009 por una resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se ordenaba su inmediata paralización y restauración de las zonas afectadas.

Sin embargo, además de no atender ese requerimiento, se ha podido comprobar cómo, una década después, las obras continúan ejecutándose y aumentando su tamaño, afectando así a este paraje protegido.

Actuaciones, precisa la Guardia Civil en nota de prensa, que se han llevado a cabo sin obtener los pertinentes permisos de las autoridades competentes, como el Ayuntamiento de Navalcán y la Confederación Hidrográfica del Tajo, al tiempo que desobedeciendo la resolución sobre impacto ambiental desfavorable de la Junta.

Por todo ello la Benemérita ha tomado manifestación en calidad de investigados a estas dos personas, de nacionalidad española, como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como de un delito de desobediencia a la autoridad.

Asimismo los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia de Talavera de la Reina.

Los investigados se enfrentan a penas de prisión que pueden variar de un año y seis meses hasta los cuatro años, una multa de doce a veinticuatro meses, así como la demolición de las obras y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, tal y como recoge el Código Civil.