CUENCA.- Atender las necesidades del tejido productivo para impulsar la actividad económica; adoptar las medidas necesarias para proteger a las familias y a los sectores más vulnerables; continuar reforzando los servicios públicos, tanto en materia de infraestructuras como en incorporación de profesionales; seguir avanzando en transición ecológica y transición digital, así como en políticas activas de empleo y la lucha contra la despoblación, son las prioridades que se marca el Gobierno de Castilla-La Mancha para el último tramo de esta legislatura.
Líneas estratégicas que durante dos días aborda el Ejecutivo en su conjunto en la localidad conquense de Tarancón, estableciendo así las prioridades que marcarán su acción política hasta el final de la legislatura.
Cuestiones que ha detallado en rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro, quien ha recordado lo "poco convencional" que ha sido esta legislatura, marcada por la crisis sanitaria del covid y la ocasionada por la guerra de Ucrania. Crisis que, sin embargo, no van a ser utilizadas por el Ejecutivo para no cumplir compromisos, puesto que el objetivo es todo lo contrario, seguir cumpliendo con lo comprometido tanto en el programa electoral como en el debate de investidura y los sucesivos debates sobre el estado de la región.
En este sentido ha recordado que los compromisos adquiridos por el presidente regional, Emiliano García-Page, antes de asumir la Presidencia de Castilla-La Mancha, que pasaban por revertir los recortes de Cospedal en materia de servicios públicos; revertir la situación de desagarro social que existía y devolver a la comunidad autónoma a la senda del diálogo, ya se han cubierto en los últimos años.
En este sentido Martínez Guijarro ha señalado que son múltiples los indicadores que así lo muestran, como el hecho de que desde 2015 Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma en la que más crece la ocupación; o la recuperación de servicios públicos y toda la batería de infraestructuras puestas en marcha, así como la incorporación de más de 20.000 profesionales al sector público para reforzar los servicios esenciales.
"Ahora toca planificar el final de la legislatura", ha señalado, algo en lo que será clave la aprobación de los presupuestos de 2023, para los que se ha fijado un techo de gasto de 7.554 millones.
Presupuestos en los que ya se trabaja, de cara a abordar esas líneas estratégicas marcadas por el Ejecutivo, que también se esbozarán durante el debate sobre el estado de la región que se celebrará los días 4 y 5 de octubre. Un marco en el que "analizar la situación de nuestra comunidad autónoma en estos momentos, la evolución de los últimos años y los planteamientos de cara a futuro", ha explicado.
