TOLEDO.- El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de garantías de tiempos máximos para las listas de espera en Castilla-La Mancha, cuyo techo viene marcado por la legislación básica estatal en 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas y 30 para pruebas diagnósticas, que en la región se podrán reducir en función de las circunstancias y que se espera pueda estar en vigor en 2024.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha informado de este anteproyecto de ley en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha destacado que vendrá a garantizar que, si se sobrepasan esos plazos, los pacientes podrán acogerse a la ley y se les tendrá que ofrecer otro centro sanitario, y ha añadido que la previsión es que la ley se pueda aprobar este año y empezar a aplicarse "ya el año próximo, siendo diligentes", ha dicho.
Se ha retomado el anteproyecto que el Gobierno regional tenía en 2019 una vez consolidó el sistema sanitario, y que se quedó en suspenso por la pandemia de coronavirus, actualizado al tiempo presente, ha explicado Fernández Sanz, quien ha recordado que la región tuvo la primera ley de garantías en 2002, que fue derogada por el gobierno del PP en 2012.
Los tiempos máximos garantizados, con el techo marcado en la legislación básica estatal en 2011, ha indicado el consejero, se podrán adaptar por debajo en la región cada año en función de la situación.
Además, contempla la creación de un registro único de pacientes en lista de espera para que los servicios centrales puedan dirigir a los enfermos a otros centros sin espera si se acogen a la ley de garantías.
El paciente que decida acogerse a la ley, y que deberá contar con tarjeta sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, deberá presentar la solicitud y el servicio de salud le ofrecerá otro centro dentro del propio sistema o en centros concertados, también en otras comunidades autónomas.
Por ello se establece el derecho a la compensación económica de los pacientes por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento para el enfermo y el acompañante.
El consejero ha precisado que hay tiempos exclusivos que no se rigen por esta ley y son mucho menores en los procedimientos de tumores malignos, enfermedades cardiacas valvulares y desprendimientos de retina, fijados tanto para la primera consulta como para prueba diagnóstica en siete días.
Ha destacado Fernández Sanz que en la normativa de Castilla-La Mancha se incluyan los tiempos máximos para consultas y pruebas diagnósticas, lo que la convertirá en una de las legislaciones más avanzadas.
Asimismo, ha explicado que la previsión es que, si se acogiese a la ley de garantías el cien por cien de los pacientes con derecho a ello, al término del 2023 serían 8.000 personas.
El anteproyecto de ley recoge también que el Sescam facilitará información mensual, a través de su página web, sobre el número de pacientes que figuran en las lista de espera de atención especializada y no urgente. Además, contempla que la Consejería de Sanidad elaborará un informe anual de listas de espera que será presentado a las Cortes regionales en el primer trimestre de cada año.
Un anteproyecto de ley al que se ha referido también durante un acto en Toledo el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha recordado cómo se ha doblado el servicio sanitario en los últimos ocho años, lo que ha llevado a que "hoy, podemos obligarnos a cumplir plazos", algo -ha precisado- "que nadie nos exige".
