TOLEDO.- Castilla-La Mancha duplicó su deuda entre los años 2011 y 2015, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Cuentas públicas que pasaron de tener 6.965 millones de deuda viva en el ejercicio 2011, a los 13.426 millones con los que se cerraba 2015. Datos que ahora se recogen en el informe sobre fiscalización de las cuentas de Castilla-La Mancha en el año 2015 aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de noviembre, al que ha tenido acceso Periódico CLM.
Datos que contrastan con la versión que durante los últimos días viene ofreciendo el Partido Popular, para criticar la gestión económica del Ejecutivo de Emiliano García-Page y sus socios de Podemos. Una gestión que el secretario general de los populares en la región, Vicente Tirado, calificaba de "nefasta", asegurando que ha situado a Castilla-La Mancha como una de las regiones con mayor presión fiscal. A ello añadía que "Page incumplió el déficit el año pasado, ya que este ascendió al 0,82%" y situó a "Castilla-La Mancha en su mayor cifra histórica de deuda con 14.313 millones de euros".
Acusaciones en las que los populares 'olvidan' mencionar que bajo su gobierno Castilla-La Mancha multiplicó por dos su endeudamiento, en tan solo cuatro años.
Y es que, según los datos a los que ha tenido acceso Periódico CLM, el ejercicio 2011 -que supuso la llegada del Partido Popular en el Gobierno con María Dolores de Cospedal al frente- se cerraba con una deuda viva total de 6.965 millones, lo que representaba una variación del 3,06 por ciento respecto al año anterior. Un ligero aumento que situaba la deuda castellano-manchega per cápita en 3.255 euros por habitante.
Cifras que a medida que avanzaba la legislatura se fueron incrementando hasta llegar a una deuda viva total por habitante de 6.522 euros al cierre de 2015, ya consumado el relevo al frente del Ejecutivo por parte del socialista Emiliano García-Page.
Una evolución al alza del endeudamiento regional que en el ejercicio 2012 experimentaba un crecimiento del 46,30 por ciento respecto al ejercicio anterior, situándose en 10.190 millones de euros. Un incremento justificado debido a la puesta en marcha de diversos mecanismos de financiación, como fueron el de pago a proveedores, con 2.975 millones; la línea ICO a las Comunidades Autónomas de 2012, con 469 millones y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al que correspondieron 1.037 millones.
Pero la tendencia al alza tampoco cambió al año siguiente, y aunque la variación respecto a 2012 fue menor, con un aumento de 11,3 puntos, la deuda viva total de Castilla-La Mancha llegó a alcanzar los 11.343 millones de euros. En este ejercicio 860 millones correspondieron al FLA mientras que 1.047 millones al mecanismo de pago a proveedores.
En el ejercicio siguiente el último completo de Cospedal en el Gobierno, la deuda viva regional también continuó creciendo, a pesar de las medidas de 'austeridad' implementadas en los años anteriores. Así el endeudamiento alcanzó los 12.858 millones, lo que se traducía en una deuda viva por habitante de 6.186 euros.
Por su parte 2015 fue el año del cambio de Gobierno. Mediado el año, nada más comenzar el mes de julio, Emiliano García-Page tomaba posesión y el PSOE volvía a hacerse con las riendas de la Junta de Comunidades. Un ejercicio en el que con unos presupuestos 'compartidos', los había aprobado el Ejecutivo de Cospedal y los terminó de ejecutar Page, la evolución de la deuda viva siguió creciendo, pero en menor medida, un 4,42 por ciento respecto a 2014.
Datos que ahora también se recogen en el informe del Tribunal de Cuentas y que ofrecen una visión distinta de la evolución de la deuda regional a la que se ofrece estos días desde el Partido Popular.
INCUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Un informe que también recoge cómo en cómo en 2015 Castilla-La Mancha no cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, previsto en el 0,7 por ciento, y que sin embargo llegó a alcanzar el 1,59 por ciento del PIB, al situarse el déficit en 597 millones.
Un incumplimiento que se debió a operaciones y medidas excepcionales que supusieron gastos no previstos y extraordinarios, en su mayor parte derivados de sentencias judiciales, por importe de 197 millones.
Entre esos imprevistos estuvo el abono por parte de la empresa pública Gicaman de los gastos derivados de distintas sentencias judiciales y de varios acuerdos extrajudiciales como consecuencia de las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014, lo que supuso un gasto de 30 millones.
También se registraron gastos de 33,5 millones tramitados por la Consejería de Fomento para hacer frente a las diferentes sentencias judiciales motivadas por las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos, expropiaciones y pago de intereses de demora, referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014; así como los 34,6 millones que costó la readmisión de los interinos cesados de forma irregular por el Gobierno de Cospedal en 2012,tras la sentencia de 22 de octubre de 2015 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo.
Otros 39,6 millones no previstos son atribuibles a la implantación del plan de atención a los pacientes de la hepatitis C durante el ejercicio 2015, atendiendo a la normativa del Gobierno de Rajoy, que era de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas; y los 58,8 millones derivados de la devolución del 50 por ciento de la paga extra de los funcionarios suprimida en 2012 por el Ejecutivo del PP.
Pero tampoco se cumplió con la regla de gasto, al ser la tasa de variación de un 7,7 por ciento respecto del gasto realizado en el ejercicio 2014, superando así el 1,3 por ciento de variación fijado como objetivo para 2015. Un exceso que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal achacó el exceso producido debido a diversas sentencias judiciales.
De este modo, el Tribunal de Cuentas recoge cómo según el cómputo del Banco de España, la deuda de la Comunidad Autónoma ascendía, al cierre de 2015, a 13.426 millones, lo que representaba el 35,8 por ciento del PIB regional. Esto supuso el cumplimiento del objetivo de deuda, teniendo en cuenta aquella no computable a la hora de verificar dicho objetivo, por las excepciones permitidas en acuerdo del Consejo de Ministros y que elevaban dicha magnitud al 36,2 por ciento.
Destaca también en su informe cómo en 2015 no se consignó dotación para el Fondo de Reserva para Deuda, cuya finalidad es disminuir el endeudamiento neto de la comunidad. Junto a ello, el Fondo de Contingencia, destinado a necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente y fueran inaplazables, de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, fue dotado con 2 millones de euros. Fondos con cargo a los cuales no se financiaron necesidades, debido al "carácter testimonial" de ambos hasta el momento, subraya en su informe el Tribunal de Cuentas.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones que señala el Tribunal de Cuentas, se encuentra la de efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal. Una recomendación ya señalada en anteriores informes, pero que hasta la fecha no ha tenido adecuación normativa.
Asimismo considera que la cuenta general debería integrar las cuentas de todos los entes del sector público regional y no solo los sujetos a contabilidad pública. De este modo, señala el Tribunal de Cuentas, se ofrecería una visión consolidada de la actividad económico-financiera de los entes de la Comunidad.
