ALBACETE.- Efectivos del equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Albacete han logrado desarticular un grupo criminal que se dedicaba a la distribución fraudulenta de medicamentos veterinarios destinados a animales productores de alimentos, al margen de cualquier criterio clínico y de sanidad animal.
En el marco de la operación 'Berto', los agentes han detenido a cinco personas, integrantes de este grupo organizado que distribuía estos medicamentos sujetos a prescripción facultativa, sin ningún tipo de control.
Además de las detenciones, otras 19 personas han sido investigadas en relación con estos hechos, al considerarse que su actuación habría facilitado la comisión de los hechos investigados. Se les considera así presuntos autores de delitos contra la salud pública, falsedad documental e intrusismo.
Los detenidos, con edades comprendidas entre los 36 y los 64 años, son vecinos de Albacete, ciudad desde la que actuaban, pero contaban con la colaboración del resto de investigados, profesionales que trabajaban en varias localidades de la provincia, así como en Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia y Alicante.
Las investigaciones del SEPRONA daban comienzo tras detectarse, por parte del Servicio de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete, un importante número de prescripciones sospechosas realizadas por un mismo veterinario, el cual estaba relacionado con una empresa dedicada a la venta de productos veterinarios.
Un elevado número de recetas que se sumaba a la coincidencia en las fechas de prescripción y el volumen de sus destinatarios, más de 400 en distintas provincias.
Durante la investigación se detectó que la empresa en cuestión, además de las instalaciones en las que tenía ubicada su sede social, utilizaba una nave industrial que no estaba controlada por ninguna de las administraciones competentes en materia de ganadería ni de sanidad. Allí era donde se almacenaban los productos que posteriormente distribuían.
Se procedía así al registro de la sede social y de esta nave, lo cual permitió acceso a documentación de cuyo análisis se obtuvieron datos esenciales para conocer el modus operandi del grupo.
Según detalla la Guardia Civil en nota de prensa, la empresa investigada habría estado dispensando medicamentos veterinarios, sujetos a prescripción facultativa, para animales productores de alimentos, muchos de ellos antibióticos, al margen de cualquier criterio clínico, de sanidad animal y sin responder a un uso racional de este tipo de medicamentos.
Para ello, los comerciales de la empresa contaban entre su documentación de trabajo con información exacta sobre medicamentos veterinarios y antibióticos, habiéndose localizado anotaciones sobre dosificación, principios activos, priorización de tratamiento, así como tiempos de espera para carne, leche y huevos, todos ellos necesarios para la prescripción veterinaria.
Por su parte la función del veterinario detenido, era firmar todas las recetas que se le presentaban y que provenían de tratamientos aplicados al margen del conocimiento de los veterinarios responsables de las explotaciones, o bien de tratamientos que se negaban a prescribir algunos veterinarios cuando se les solicitaban.
A cambio, el facultativo recibía una remuneración por estos servicios, procedente del pago por receta realizada, así como descuentos en la adquisición de productos de la empresa investigada.
Por otra parte, también se detectó que en algunas ocasiones, a petición de los propietarios de los animales, la empresa obviaba la preceptiva actuación veterinaria, convirtiendo de facto a los trabajadores de la empresa en los verdaderos prescriptores de los medicamentos, que eran validados posteriormente por los veterinarios encargados de las explotaciones. Es por ello que los implicados en estos hechos han sido también investigados en esta operación.
El proceso se completaba con la colaboración de dos de los farmacéuticos garantes de la correcta dispensación de este tipo de medicamentos veterinarios. Omitían sus funciones de control que legalmente tienen asignadas, dificultando así la labor inspectora y control por parte de las administraciones.
El fin de toda esta trama era meramente económico, pues no solo se obtenían los beneficios propios de los márgenes comerciales de las ventas de medicamentos ordinarios, sino que permitían a la empresa cumplir objetivos y comisiones por ventas establecidos contractualmente con diversos laboratorios farmacéuticos, accediendo así a las bonificaciones pactadas.
Tras el análisis de la documentación, se ha podido establecer que la actividad de esta empresa se extendía por 13 provincias, llegando a Barcelona, Badajoz o Navarra, aunque el mayor volumen de negocio se centraba en la provincia de Albacete y en otras vecinas, como Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia, Alicante y Valencia.
Entre los clientes se han localizado no solo explotaciones ganaderas, sino que también había particulares, clínicas veterinarias, farmacias, tiendas de productos zoosanitarios y otros comerciales del sector.
En las distintas actuaciones de la operación, dirigida por efectivos del SEPRONA de Albacete, se ha contado con la colaboración del resto del personal de la Sección del SEPRONA y del equipo de investigación tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia albacetense, así como del personal especialista del Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con sede en Madrid.
Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete, que ha entendido el caso.
