En la mañana de ayer, más de cincuenta miembros de la plataforma ‘Stop Desahucios’ de Albacete se concentraban de nuevo en las puertas del Ayuntamiento en señal de protesta por el incumplimiento del equipo de Gobierno del Partido Popular de llevar a cabo la moción aprobada, hace ya nueve meses, que declaraba a la ciudad libre de desahucios.
Seguidamente, los activistas accedieron al Consistorio para celebrar un encierro simbólico con la intención de ser atendidos por el alcalde, Javier Cuenca, y así reclamarle el cumplimiento de la moción anteriormente mencionada. De hecho, durante todo el día estuvieron acampados en el hall del Ayuntamiento, donde instalaron una tienda de campaña y unos sacos de dormir, aunque en ningún momento fueron atendidos por ningún miembro del equipo de Gobierno municipal.
Vigilados por agentes de la Policía Local, los miembros del colectivo permanecieron dentro del edificio toda la noche, donde se les permitía salir pero no volver a entrar. Asimismo, en las puertas del Consistorio se producía otra acampada impulsada por los compañeros que no consiguieron acceder a las instalaciones.
Sobre este asunto, la portavoz de la plataforma, Alba Teresa Higuera reconoce que, jurídicamente, el equipo de Gobierno no está obligado a cumplir la moción, pero sí obliga al consistorio “a ser consecuentes con sus propios acuerdos, valores y principios”.
“Lo contrario rozaría situaciones de definición hartamente confusas y oscurecedoras de los principios éticos con los que debe regirse una corporación” afirma, a lo que añade que la razón de esta acción es denunciar “la falta de ética, la carencia política y la forma de actuar del Ayuntamiento en esta materia”. “Están demostrando una incoherencia política absoluta”, ha dicho la portavoz del colectivo.
Manifestantes exigiendo que el alcalde cumpla la moción antidesahucios
Del mismo modo, Alba Teresa considera que la postura del Ayuntamiento de Albacete “es de desprecio” a lo que defiende esta moción y que “claramente están huyendo de sus obligaciones éticas, ya que según datos oficiales se producen 67 desahucios diarios en España, o sea que el problema continua y ni siquiera se ha creado un observatorio para saber las viviendas vacías que existen en Albacete y tampoco existe un fondo de viviendas en alquiler”.
“Nos encontramos con la situación de que el Gobierno municipal se limita a cumplir con el formulismo, se presenta la moción, se debate, pero como el equipo de Gobierno pierde la votación, aunque se apruebe, la mete en el cajón de objetos no deseados”, afirman desde la plataforma, por lo que “públicamente denunciamos que el Ayuntamiento de Albacete vulnera los acuerdos, sobre todo los que provienen de iniciativas populares”.
El alcalde les recibe después de veinticuatro horas
Por otro lado, aunque no mostró voluntad de atender a los manifestantes, la concejal de Bienestar Social, María Gil, sí lo hizo con los medios de comunicación, asegurando que el Ayuntamiento está cumpliendo con las medidas que se aprobaron en el Pleno, aunque “con la dificultad de no poder hacer nada” con los puntos en los que no tienen competencia y sobre todo, en la petición de que el Consistorio no se financie con bancos que desahucien. “Es algo muy difícil de ejecutar”, afirmó Gil.
Asimismo, la concejal informó que desde el Servicios Sociales ya cuentan con un plan de apoyo a las familias con dificultades, el ‘Plan Integra’ que está enfocado especialmente a los barrios de La Milagrosa, El Cerrico y La Estrella, donde los desahucios son mayores que en el resto de la ciudad.
Finalmente, a primera hora de la mañana, el propio alcalde de Albacete, Javier Cuenca, atendía a los manifestantes, prometiéndoles una reunión para la semana próxima y a dar un seguimiento a la moción en cuestión.
Después de una asamblea celebrada en el propio hall del Ayuntamiento, los miembros de ‘Stop Desahucios’ han decidido recoger los enseres y desalojar el edificio. En total han estado veinticuatro horas para ser atendidos por el regidor.
Miembros de 'Stop Desahucios' junto a los sacos de dormir y la tienda de campaña
Lo que defiende la moción aprobada
La moción aprobada plantea en su parte resolutiva declarar a Albacete “ciudad libre de desahucios” cuando tengan su origen en caso de pobreza sobrevenida y no culpable, así como que el Ayuntamiento no facilite la intervención de las fuerzas de seguridad locales en procesos de desahucio y lanzamiento de vivienda.
Asimismo, esta propuesta, a la que el Equipo de Gobierno del PP rehusó sumarse, también contempla la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria Municipal, a la que se dotará presupuestariamente, frente a los desahucios y contra la pobreza energética. Esta oficina tendrá un carácter interdisciplinario y estará integrada por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Comunidades, Stop Desahucios, agentes sociales, los colegios oficiales de abogados y procuradores y representantes del poder judicial y entre sus funciones figurará la negociación con entidades bancarias.
Además, la moción también observa otras cinco medidas e iniciativas, como son la Creación de un Observatorio de Vivienda, cuya labor será la de realizar y actualizar censos periódicos de viviendas vacías o la instauración de un Fondo Social de Vivienda, integrado en la Oficina Municipal de Intermediación, a través de un parque público de vivienda o de la cesión en uso para alquiler social de las viviendas vacías propiedad de la Sareb o de entidades bancarias rescatadas con dinero público, partiendo de la premisa que la renta del alquiler de estas viviendas no podrá superar en ningún caso el 30% de los ingresos familiares.
Del mismo modo, la moción instaba al Ayuntamiento de Albacete a que no trabaje con entidades bancarias que en la actualidad desahucien a familias por causa de pobreza sobrevenida y no culpable, especialmente si se trata de entidades bancarias que hayan sido rescatadas con dinero público; a que dote a los Servicios Sociales municipales de los medios materiales y formativos necesarios para intervenir en los procesos de desahucio, a través de la Oficina de Intermediación; y al establecimiento de medidas de protección integral de familias en riesgo de exclusión social, que afectarían a los ámbitos de impuestos municipales, garantía de acceso a suministros básicos o atención a la infancia, entre otros.
