CIUDAD REAL.- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria (Aduanas) han desarticulado una organización que fabricaba vino, licores y zumos adulterados, que posteriormente eran comercializados en varios países europeos, en la que estaban implicadas varias bodegas y alcoholeras de la provincia de Ciudad Real. Una operación, denominada 'Isolu', en cuyo marco se ha procedido a la detención de seis personas.
Aunque estos productos se vendían también en España, principalmente su destino eran países como Holanda, Austria, Bélgica, Francia, Moldavia y Rusia.
Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, Juan Antonio Valle y el delegado provincial de la Agencia Tributaria, Javier Martín-Pérez.
Una operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tomelloso, que ha permitido desarticular un importante entramado que cometía fraude y competencia desleal a empresas, cooperativas y bodegas de Castilla-La Mancha que producen vino y alcohol de manera legal.
Así lo ha destacado el delegado del Gobierno, para quien esta operación pone de manifiesto que no solo se persigue el delito fraudulento, sino que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "velan también por el trabajo que realizan agricultores, cooperativistas y bodegueros" que producen vinos y alcoholes de manera correcta.
Según han detallado, la operación 'Isolu' se ha saldado con seis detenciones, los dos presuntos jefes y cuatro colaboradores, y se ha imputado a otros 27 miembros de la organización.
En total se han realizado registros en once establecimientos y domicilios de la provincia de Ciudad Real, Toledo y Madrid, en los que se ha incautado abundante información, nueve vehículos de lujo y dinero en efectivo.
Tal y como han constatado los investigadores, la organización empleaba una compleja trama de más de 60 sociedades, algunas de ellas meramente instrumentales, con presencia en España y otros seis países europeos para adquirir sucedáneos de mosto y alcoholes rectificados. Con ellos adulteraban el producto final, de modo que podían ofrecer precios más bajos, perjudicando así tanto al consumidor final como a la competencia.
En este sentido han detallado que la adquisición de productos adulterados habría generado un beneficio de cerca de 78 millones de euros a la trama, la cual habría llegado a realizar importaciones y exportaciones fraudulentas por importe de cerca de 100 millones de euros.
CASI 2 AÑOS DE INVESTIGACIONES
Esta operación antifraude se ponía en marcha en septiembre de 2018, cuando se empezaron a investigar las prácticas comerciales de varias empresas de la región, en las que se estaban introduciendo materias primas para la elaboración de vinos y aguardientes que no se correspondían con las habituales.
En concreto, en lugar de mosto utilizaban la isoglucosa (jarabe de maíz y de otros productos, llegando incluso a utilizar mandioca) para fabricar el vino, y alcohol procedente de cereales (frente al alcohol vínico) para la elaboración de aguardientes y brandy.
La organización utilizaba esta compleja estructura para una doble operativa, que en el caso de la isoglucosa, se transportaba directamente desde empresas productoras o almacenistas de Holanda y Bélgica hasta las bodegas españolas, documentando la venta a través de varias sociedades instrumentales nacionales y extranjeras que cambiaban la naturaleza del producto en sus facturas y ocultaban la identidad de los autores del fraude.
Cuando se recibía la isoglucosa, se rebajaba y se fermentaba o se concentraba mezclada con productos vínicos, con el fin de abaratar costes y no para aumentar el grado alcohólico de forma artificial, llegando incluso la trama a disponer de laboratorios propios.
En el caso del alcohol, los responsables de la organización compraban el producto rectificado en depósitos fiscales de Rotterdam (Holanda), donde lo rebajaban y lo mezclaban para obtener resultados isotópicos compatibles con el vino.
A continuación, enviaban el producto hasta una fábrica de alcohol vínico colaboradora, donde se le añadían congéneres (químicos naturales) de vino, o se simulaba su envejecimiento para perfeccionar la adulteración como aguardiente o brandy.
Todo ello también se facturaba a través de varias sociedades instrumentales con la misma finalidad de ocultación.
Tras completar la fase de investigación se llevó a cabo la entrada y registro en once establecimientos, incluyendo domicilios fiscales de las empresas afectadas, y domicilios particulares en localidades de Ciudad Real, Toledo y Madrid.
Con el apoyo de las unidades de auditoría informática (UAI) de la Agencia Tributaria se procedió a la recogida de numerosa documentación en soporte informático, además de documentos en papel y muestras de productos, así como a la intervención de nueve vehículos de lujo y dinero en efectivo.
Además, durante uno de los registros se localizaron de forma casual, cuatro armas de fuego ilegales, dos armas de avancarga, un revólver y una pistola automática.
