GUADALAJARA.- El Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara ha decidido emprender acciones judiciales por el caso de transfuguismo que sufre la institución provincial. Así lo ha anunciado su portavoz, Julio García, después de que el equipo de Gobierno del Partido Popular haya desestimado en el último Pleno, con el apoyo de la diputada tránsfuga de la formación naranja, Yolanda Ramírez, el recurso de reposición presentado ante la Corporación.
Un recurso con el que se pretendía echar atrás el acuerdo aprobado a finales de enero, en el que se "materializó la compra del voto de Ramírez otorgándole una dedicación exclusiva de 49.000 euros anuales". Cabe recordar que la que fuera representante de Ciudadanos, que dimitió del partido este mes de enero y en la actualidad es parlamentaria no adscrita porque se negó a entregar el acta, ocupa un escaño decisivo en dicha institución, el cual decantó el Gobierno provincial en favor del PP.
La bancada conservadora ha rechazado así el recurso con un voto "comprado", al tener claro que ella misma "no iba a votar contra su sueldo". Además, para el portavoz socialista resulta "antidemocrático e indecente", además de "ilegal" todo lo que está ocurriendo. En este sentido, García ha recordado que "ni Ramírez quiere renunciar a un sueldo que no debería percibir tras abandonar su grupo, ni el Partido Popular a una mayoría que no le dieron las urnas", pero que ahora ha conseguido "por esta otra vía".
En el PSOE de Guadalajara están convencidos de que en la Diputación "se han vulnerado las normas", y por ello la próxima semana acudirán a la vía judicial. En principio se presentará un recurso contencioso-administrativo tras el rechazo del PP al recurso de reposición, aunque los socialistas no descartan otras medidas judiciales.
“Estamos ante un clarísimo caso de corrupción, uno de los mayores escándalos políticos de la provincia en los últimos veinte años”, ha explicado García, que también denuncia que el acuerdo adoptado por la Diputación "incumple la Ley de Bases de Régimen Local, el Acuerdo Antitransfuguismo y el Código de Buen Gobierno". Y recuerda que se incumple la primera de estas normativas porque fue modificada en 2003 para desincentivar el transfuguismo mediante la limitación de derechos, algo que ahora ha sido "claramente rebasado".
Tampoco se ha cumplido el Reglamento de la Diputación, según el cual, a los parlamentarios provinciales no adscritos les corresponderán los derechos políticos y económicos que tengan individualmente por su condición de miembros de la Corporación. En el aspecto económico esto se traduce en las dietas por asistencia al Pleno o a las comisiones, "muy lejos de la dedicación exclusiva" que los ‘populares’ han otorgado a Ramírez.
Por último, y aunque convencidos de que el Pacto Antitransfuguismo aprobado por el Pleno de la Diputación en diciembre de 2015, no fue más que "una operación cosmética" para blanquear la mala imagen de la institución, recuerdan que es de obligado cumplimiento para todos, lo cual no se produce en este caso. Desde el PSOE consideran que "se ha violado" este pacto y por tanto "ignorado" lo acordado por el Pleno.
Ante esta situación, el Grupo Socialista ha solicitado también la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Transparencia y Buen Gobierno para evaluar el caso de transfuguismo, que “choca frontalmente” con las obligaciones impuestas por el Código, y también para que se respete la obligación de elaborar un informe anual, ignorada ya en su primer año de vigencia.
