GUADALAJARA.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la sentencia de un juzgado de Guadalajara que condena al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a pagar los 44.272 euros (más los intereses) que costó un tratamiento de anorexia en la sanidad privada a una chica de 15 años, que no le pautaron en el Hospital de Guadalajara, pero que era de "urgencia vital".
La sentencia, que ha sido difundida este lunes por la asociación 'El Defensor del Paciente', recoge que la menor fue diagnosticada de anorexia nerviosa en abril de 2019 y que sus padres solicitaron en el Hospital Universitario de Guadalajara que se tratara a la chica en una Unidad de Trastornos Alimentarios específica, si bien en el centro hospitalario indicaron que no existía, ni existía en régimen ambulatorio de hospital de día en toda la comunidad autónoma.
También señalaron que había una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital General de Ciudad Real, pero que solo contempla ingresos hospitalarios 24 horas, pero que no había posibilidad de derivarla a dicho centro porque la paciente no precisaba ingreso hospitalario.
Y rechazaron asimismo derivarla al Hospital Universitario del Niño Jesús en Madrid, porque el Sescam no tenía firmado en esos momentos un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid.
Tras un empeoramiento del estado de salud de la chica, los padres acudieron a un hospital privado donde la menor tuvo que iniciar un tratamiento, el 24 de septiembre de 2019, mediante hospitalización de día y posteriormente ingreso 24 horas para el tratamiento de la enfermedad abonando el importe del tratamiento.
Según la sentencia, se considera acreditado que la chica había verbalizado el suicidio, de forma que la sintomatología reflejaba "un riego vital muy grave de poder perder la vida".
Por todo ello, el Sescam ha sido condenado a pagar los 44.272 euros que costó el tratamiento en la sanidad privada, una sentencia fechada en junio de 2023 que es firme y que, según la asociación 'El Defensor del Paciente' el Sescam ha tardado seis meses en abonar.
La defensa del procedimiento ha sido llevada por Carmen Fernández-Bravo García del despacho Fernández-Bravo Abogados, especialistas en Derecho sanitario y adscritos a los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente'.
