GUADALAJARA.- Visto para sentencia, así quedaba este viernes el juicio contra los seis jóvenes acusados de okupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado de Fraguas, en plena Sierra Norte de Guadalajara. Para ellos se pedían en principio penas de 4 años y cuatro meses de prisión para cada uno, acusados por delitos de usurpación, daños y delito contra la ordenación del territorio, aunque finalmente la acusación particular, ejercida por la Junta de Comunidades, retiraba el delito de daño, solicitando así dos años de cárcel para cada uno de ellos. Esto haría que, en caso de ser condenados, los repobladores no tuvieran que entrar en prisión.
Una rebaja en la petición de la pena que se planteaba en las conclusiones del juicio y que viene a reflejar la intención del Gobierno regional de aportar "proporcionalidad" a este procedimiento, emprendido en 2013 por el anterior Ejecutivo, presidido por María Dolores de Cospedal.
A pesar de la reducción de la petición de condena, desde la Junta de Comunidades mantienen que se trató de una ocupación ilegal de monte público y que, por lo tanto, "debe haber consecuencias". No de la proporción que inicialmente se habían planteado, puesto que no se ajustaban al daño causado, pero consideran que sí se deben producir.
Sobre este asunto, el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, apuntaba en que "no denunciar esta situación ilegal sería estar incurriendo en un delito de prevaricación", además de crear precedente para situaciones similares en espacios protegidos. "A nadie se le ocurriría ver una situación similar en Doñana o en los lagos de Covadonga", precisaba.
Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, que pertenecen a la Asociación Repobladores rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, se sentaban este viernes en el banquillo de la sala 1 de los Juzgados de lo Penal de Guadalajara, para defender su inocencia y el proyecto de recuperación de la antigua aldea en el que se encuentran inmersos.
Allí aseguraron ante el juez que en ningún caso su proyecto pretende destruir la naturaleza, sino ‑por el contrario‑ cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada.
Un núcleo poblacional, cabe recordar, que fue expropiado en el año 1968 por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona), y que desde entonces había permanecido abandonado y sus construcciones en ruinas, para el que han contado con el apoyo de los antiguos habitantes del pueblo, si bien han reconocido que fueron advertidos en varias ocasiones por la Guardia Civil y los agentes forestales de que no podían ubicarse allí.
Durante la vista, varios de los acusados explicaron también que los técnicos de la Administración regional a los que consultaron les denegaron el permiso de repoblación, pero que aun así decidieron ponerlo en marcha.
Por su parte, desde la Junta de Comunidades, que ejerce la acusación particular, se defendió que los jóvenes sabían desde el principio que Fraguas había sido expropiado a sus vecinos para convertirlo en monte de utilidad pública, y que desde un par de años antes, en 2011, dicho suelo contaba con la máxima protección al haber quedado incluido en el Parque Natural de la Sierra Norte, lo cual impedía urbanizarlo y habitarlo.
Es por ello que el Gobierno regional considera probado que los acusados construyeron en un terreno rústico y protegido a sabiendas, y sin permiso. Asimismo, la letrada que representa a la Junta subrayó que sí se pueden repoblar otros lugares, porque son considerados núcleos urbanos, pero no Fraguas, que es un monte. Además, apuntaba, que si se aceptara esta situación se estaría sentando un precedente, "con efecto llamada".
Por su parte, la Fiscalía cree probados los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio. No le vale que jóvenes formados, como son los acusados, "puedan alegar alegremente que desconocían que cometían un ilícito", ni que tampoco "por muy loables que sean sus objetivos" puedan "arrogarse el uso de un espacio público con carácter particular".
La defensa de los jóvenes repobladores pedía por su parte la libre absolución, al considerar que la actividad de los acusados fue legítima ya que la administración no habría cumplido con su deber. Asimismo, negaba la existencia de un delito de usurpación, al referirse éste a un bien inmueble, no a un monte o un pueblo, como en este caso.
Por otra parte, negaba también que se hayan levantado nuevas construcciones, porque todo lo que se ha hecho ha sido sobre edificaciones preexistentes.
Cuatro de los acusados ejercieron su derecho al último turno de palabra para defender que los "vericuetos" de las leyes no pueden obviar que Fraguas es un pueblo "en el que nació gente y en el que hay gente enterrada". Además, consideraron "incomprensible" que se les esté juzgando como si fueran "promotores inmobiliarios", cuando su actuación es respetuosa con la naturaleza y pretende evitar la despoblación.
Cabe destacar que antes del inicio del juicio, un nutrido grupo de personas se concentró a las puertas de los juzgados para apoyar a los jóvenes.
ACERCAMIENTO CON LA JUNTA
A la espera de que se conozca la sentencia, el acercamiento de posiciones es cada vez más patente. En este sentido cabe recordar que tan solo un día antes del inicio del juicio era el vicepresidente segundo del Gobierno regional, de Podemos, José García Molina, quien se ofrecía a través de las redes sociales para "mediar" en el asunto.
Días antes su compañero de partido, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, exigía al Gobierno autonómico la retirada de la denuncia contra los repobladores de Fraguas, al considerarla "un atropello". El Ejecutivo autonómico, apuntaba Llorente, no podía "ser cómplice silencioso de esta represión".
Por su parte, durante el juicio, los acusados desvelaban haber recibido finalmente a través de Ecologistas en Acción una oferta para negociar la situación con la Junta. Propuesta que partiría del delegado provincial de Agricultura, Santos López.
