GUADALAJARA.- El intento de paralizar el desahucio de Paola y sus tres hijos podría suponer para ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Guadalajara tener que enfrentarse a penas de prisión que van de uno a tres años y siete meses de cárcel. Se les acusa de delitos de allanamiento de establecimiento, resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos, por los que el próximo 30 de noviembre tendrán que sentarse en el banquillo.
Un proceso que es fruto de su detención, en diciembre de 2017, mientras trataban de negociar la paralización del desahucio de esta familia que había recuperado una de las viviendas que Caixabank mantenía vacías en la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo.
Desde el banco, en su momento, se habían comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, aunque no se llegaron a dejar por escrito los términos de este compromiso, manteniendo así la presión sobre Paola.
Un compromiso que no solo afectaba a esta familia, sino a casi una veintena más de la localidad, y para el que se venía trabajando en una mesa en la que también estaba representada el Ayuntamiento, pero que en ningún momento se quiso dejar por escrito por parte de la entidad bancaria. Acuerdos que pasaban también por la cesión de las viviendas al Consistorio cabanillero para que las gestionara, y el compromiso de este a no desalojar a familias con menores a cargo.
Las viviendas sí se entregaron a una gestora que, sin embargo, empezó a "hostigar y acosar" a las familias -tal y como han explicado en rueda de prensa Nuria Ramos, portavoz de Comunicación de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara-, para que abandonaran sus hogares. Una situación en la que desde la gestora se planteó una denuncia en precario, agilizando así los trámites para el desahucio.
Mientras, desde la PAH se ponía en marcha una campaña para denunciar esta situación a la vez que se continuó con el contanto con el banco para que se cumpliera lo comprometido.
No obstante, ante la proximidad del desahucio de Paola y sus hijos, el 5 de diciembre, varios activistas de la PAH acudieron a la sucursal de la entidad en el municipio, pidiendo para esta mujer y su familia una respuesta por escrito. Un documento que serviría para poder reunir lo que la propia entidad le estaba reclamando para poder acceder al alquiler social y no ser desahuciada.
De este modo, los activistas se presentaron en la sucursal bancaria, dispuestos a obtener formalmente ese compromiso de parar los desahucios que por teléfono una representante del banco en el proceso de mediación seguía manteniendo que continuaba en pie.
Sin embargo, desde la entidad la respuesta fue llamar a la Guardia Civil que, llegada la hora del cierre y ante la negativa de los activistas a abandonar el lugar, detuvo a los activistas, para las que tanto el fiscal como la acusación particular -Caixabank- piden penas de cárcel.
Una protesta pacífica que no interrumpió la actividad en la sucursal bancaria, en la que no hubo coacciones, ni resistencia ni desobediencia grave, tal y como atestigua la propia Benemérita en su parte.
Respecto al presunto delito de allanamiento de establecimiento abierto al público que se imputa a las activistas, han recordado que se trata de una figura penal creada durante el mandato de Rajoy, en 2015, con la que penalizar esta forma de manifestación, convirtiendo así en delito las protestas pacíficas en el interior de sucursales bancarias.
Sin embargo, en este caso, los agentes declararon en el procedimiento informativo, que no existió violencia alguna, más allá de la oposición pasiva de los activistas, que en el momento de la detención tuvieron que ser levantados del suelo.
Un momento del desalojo de la sucursal bancaria en el que, según han explicado representantes de la Plataforma Antirrepresiva, "en ningún momento se les dice que están detenidas", sino que se les iba a esposar hasta la salida "por motivos de seguridad", sin que se les leyeran los derechos "ni nada parecido".
No obstante, fueron trasladados a los calabozos, donde permanecieron hasta las once y media de la noche, cuando fueron liberados "por la gran cantidad de gente que acudió a la puerta como muestra de apoyo", según habría comentado entonces un agente.
Una vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la protesta pacífica y el derecho a reunión, que desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara se ha vuelto a denunciar este martes en rueda de prensa.
Por todo ello consideran que "los únicos delitos que se cometieron allí aquel día fueron la detención ilegal y la violación de derechos fundamentales bajo directrices políticas claramente enfocadas a sofocar la protesta social", han denunciado.
Hechos que serán juzgados casi cinco años después, que se consideran como una prueba más del "atropello de derechos fundamentales" que España ha vivido con las sucesivas reformas penales y administrativas que, ante la previsión de una situación social cada vez más convulsa, están preparadas para "atajar" cualquier tipo de protesta.
Algo que ha hecho que por segunda vez en menos de un año Amnistía Internacional se presente como observadora en un juicio para asegurarse de que se cumplen todas las garantías, algo que -han precisado- "habla de la calidad democrática de la que disfrutamos en esta ciudad".
Un procedimiento judicial del que desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara se ha querido llamar la atención también respecto a varias cuestiones, como el hecho de que Caixabank destruyera pruebas, concretamente imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la sucursal requeridas por el juzgado, sin que esto haya tenido consecuencias, o las dilaciones sufridas en el proceso debido a las dos prórrogas de 12 meses cada una solicitadas, durante las cuales no se practicó ningún tipo de prueba, manteniendo a estas ocho personas "en un limbo" todo este tiempo.
Cuestiones todas ellas por las que se exige la absolución de los ocho activistas y anuncian estar dispuestos a recurrir a Estrasburgo si es preciso, al tiempo que se va a seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna en Guadalajara.
