GUADALAJARA.- Partido Popular y Ciudadanos han vuelto a aliarse en Guadalajara, esta vez para evitar que las entidades bancarias paguen una tasa por los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.
La propuesta, impulsada por los concejales socialistas, pretendía que la recaudación resultante del impuesto municipal que deberían abonar los bancos por sus cajeros se destinase a ayudas sociales para vecinos de la ciudad con escasos recursos económicos.
“Es una cuestión de justicia”, ha dicho la viceportavoz del PSOE en Guadalajara, Pilar Cuevas, mientras defendía la medida, una intervención que la edil también ha utilizado para recordar que “todos los ciudadanos hemos contribuido al rescate financiero de las entidades bancarias españolas”.
A pesar de ello, el equipo de Gobierno que lidera el conservador Antonio Román y la formación naranja se han opuesto incluso a realizar un estudio de costes para determinar la posible cuantía del impuesto a aplicar, aunque los socialistas han desmontado los argumentos empleados por ambas formaciones.
Así, al pretexto del PP en el sentido de que “crear la tasa supondría más gasto que recaudación”, la viceportavoz del PSOE ha indicado que “lo mismo decían en el Ayuntamiento de Madrid cuando lo gobernaban los ‘populares’ y hoy esa tasa existe y proporcionará a dicho Consistorio unos ingresos anuales de más de 800.000 euros”.
Respecto al argumento de C's para no apoyar la moción, que se basaba en afirmar que “los bancos acabarían repercutiendo esa tasa en los usuarios”, Cuevas ha reiterado que “no tendría por qué ocurrir tal cosa, ya que no pasa en otras localidades que tienen este impuesto”. Asimismo, los socialistas han señalado que la tasa propuesta para los cajeros de los bancos está avalada por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Según los datos recogidos en la moción que no ha salido adelante, en Guadalajara existen actualmente alrededor de setenta sucursales bancarias y prácticamente todas ellas cuentan con cajeros automáticos. La recaudación estimada por la implantación de la tasa, que el PSOE proponía situar en alrededor de 500 euros por cajero automático instalado en la vía pública, aunque la cuantía exacta debía determinarse a través de un estudio de costes, habría sido de unos 20.000 euros al año, que se deberían destinar obligatoriamente a ayudas sociales, como por ejemplo, el llamado ‘IBI social’.
