GUADALAJARA.- El colectivo de repobladores de la Sierra Norte de Guadalajara ha entregado en la Delegación de la Junta castellano‑manchega las más de 73.000 firmas de apoyo con las que cuenta el proyecto de rehabilitación de la antigua aldea de Fraguas que llevan a cabo sin autorización desde 2013 y por el cual están siendo procesados tras la denuncia interpuesta ese mismo año por el Gobierno que presidía María Dolores de Cospedal.
Concretamente, seis jóvenes miembros de este colectivo fueron juzgados el pasado viernes en una vista donde la acusación particular, ejercida por la Junta, finalmente rebajó la petición de cárcel a dos años para cada uno de ellos. Esto haría que, en caso de ser condenados, los repobladores no tuvieran que entrar en prisión.
En un principio, la Junta solicitaba cuatro años y cuatro meses de pena para cada uno de los jóvenes, acusándoles de delitos contra la ordenación del territorio, usurpación y daños contra el medio ambiente, aunque en el último momento la Administración autonómica retiró el delito de daños, por lo que la pena final solicitada fue reducida.
Hoy, en compañía de su abogado, con la presencia de representantes políticos contrarios a la denuncia de la Junta y arropados por una pancarta en la que se podía leer 'Fraguas no se toca, ni desalojo ni demolición', los jóvenes han registrado las firmas recogidas de apoyo a su proyecto y llegando a manifestar que su intención es seguir adelante con el mismo.
Los acusados, que están a la espera de la sentencia y tal y como hicieron ante el juez, han defendido esta mañana que en ningún caso su proyecto pretendía destruir la naturaleza ‑puesto que este pueblo se encuentra dentro de una zona que está declarada Red Natura 2000‑ sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada.
Han afirmado que han realizado varios intentos para regularizar su situación pero no han encontrado más que rechazos, si bien han señalado que todavía confían en que puedan negociar con el Gobierno regional y que éste apueste por "verdaderas acciones y políticas estructurales" para acabar con la despoblación que "no sea invertir en turismo, sino en servicios reales que permitan instalar población en la zona".
"Ellos ‑en referencia a los gobernantes‑ pretenden revertir un proceso demográfico telúrico sin cambiar nada serio, dando más millones aquí o acá. Por ejemplo, gastando millones en casas rurales, pero sin exigir que los dueños de esas casas rurales vivan allí", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación uno de los acusados, Isaac Alcántara.
En la misma línea se ha manifestado el letrado de su defensa, que cree que habrá una sentencia absolutoria, pues califica el proyecto de los acusados como legítimo.
Asimismo, ha negado la existencia del delito de usurpación, al referirse éste a un bien inmueble, no a un monte o un pueblo, como en este caso, y ha rechazado también el delito contra la ordenación del territorio, pues considera que no se dan las condiciones para aplicarlo, recordando que no se han levantado nuevas construcciones, sino que todo se ha hecho sobre edificaciones preexistentes.
