TOLEDO.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la orden de bases y la próxima convocatoria del nuevo Programa de Apoyo Activo al Empleo del que se beneficiarán 7.000 desempleados de larga duración en Castilla-La Mancha, de los cuales el 55 por ciento mujeres, y un tercio de zonas afectadas por despoblación.
Un renovado plan de empleo que está dotado con 73 millones de euros, de los cuales 25 aportados por las cinco diputaciones provinciales con las que hoy se han firmado en Toledo los correspondientes convenios de colaboración, y al que se incorporan novedades como la formación y el cheque-empleo, con el que se implicará al tejido empresarial local.
Un programa para cuyo desarrollo es fundamental el compromiso compartido no solo con las diputaciones, sino también con los agentes sociales (patronal, CCOO y UGT, cuyos máximos responsables en la región no han faltado al acto celebrado en el Palacio de Fuensalida), y la Federación de Municipios y Provincias.
Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha valorado el compromiso compartido con las diputaciones, los agentes sociales, CECAM, CCOO y UGT, y la FEMP para la puesta en marcha de la nueva convocatoria de este nuevo programa, tras proceder a la firma, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los cinco presidentes de las diputaciones provinciales de los convenios de colaboración.
Consenso y entendimiento al que hacía referencia García-Page, tanto a la hora de rubricar los convenios con diputaciones de distinto signo político, como al cometido de los mismos con patronal y sindicatos. "Ha habido disponibilidad para el entendimiento", ha dicho el dirigente regional, al tiempo que ha destacado la mejora en las condiciones laborales que incluyen los nuevos planes de empleo y la disponibilidad de la Administración regional para que éstos supongan un ingreso añadido.
"El diálogo social en esta tierra va bien y tenemos pensado que en las negociaciones para la reforma del Estatuto de Autonomía quede consolidado el mecanismo de diálogo social con empresarios y sindicatos", ha apuntado el jefe del Ejecutivo regional.
García-Page ha recordado que, en 2015, cuando se sacó la oferta pública del plan de empleo, la mayor parte de peticionarios eran titulados superiores, médicos, abogados, licenciados de todo tipo que "estaban pidiendo una escoba para barrer en un pueblo, no crean que exagero lo más mínimo". Ahora, ha explicado, "aquella situación la hemos ido dejando atrás, es un esfuerzo de todos. Lo cual no quiere decir que esté todo arreglado, pero nos ha permitido utilizar los planes de empleo de la comunidad autónoma para los fines que teníamos en la cabeza en un inicio, para resolver el problema de empleabilidad de la gente que más difícil lo tiene".
Asimismo, ha augurado que "el 40 por ciento de la región, o muy cerca, antes de que acabe la mitad de legislatura, estará en lo que se podría denominar paro técnico".
Por otra parte, García-Page ha aprovechado la ocasión para anunciar que encabezará una delegación regional con empresarios de Castilla-La Mancha que viajará a China para buscar inversores que vengan a la región.
El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado la ocasión para anunciar que encabezará una delegación regional con empresarios de Castilla-La Mancha en un viaje a China para buscar inversores que a la región.
CON LOS QUE TIENEN MAYORES DIFICULTADES
Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso que supone por parte del conjunto de las administraciones y los agentes sociales con la ciudadanía, y especialmente "con las personas con más dificultades de inserción en el mercado de trabajo", tratando de apuntar las salidas profesionales de aquellos trabajadores que cuentan con una menor formación y poniendo especial énfasis en la incorporación de la mujer.
Una convocatoria a través de la que se ofrecerá Formación Profesional al 30 por ciento de los participantes, contando además con la colaboración directa del tejido empresarial local para su posterior contratación a través del cheque-empleo, que será de 8.000 euros en el caso de los contratos de formación o de 10.000 si son indefinidos. Ambos tendrán una duración de un año y deberán ser de al menos el 50 por ciento de la jornada de trabajo.
Los ayuntamientos podrán solicitar su participación desde la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) hasta el 6 de noviembre, extendiéndose los contratos hasta el 31 de octubre de 2024 o el 30 de noviembre de ese año, en caso de que la contratación vaya precedida de una acción formativa.
Formación que será impartida de forma directa por los ayuntamientos que cuenten de centros de formación propia, o mediante convenios con centros de formación privados, que impartirán certificados de profesionalidad o formación en competencias clave con un mínimo de 120 horas.
Formación que adquiere gran importancia en esta nueva convocatoria, teniendo en cuenta que de las 133.200 personas desempleadas, el 57 por ciento solo cuentan con estudios de ESO y más de un 3 por ciento no tiene ningún tipo de estudios. Esta línea, ha precisado la consejera, contempla también becas y ayudas al transporte para aquellas personas participantes en la formación con dificultades económicas, asegurando de esta forma su acceso.
Durante su intervención, Patricia Franco ha destacado la incidencia de las políticas activas de empleo del Gobierno regional sobre el desempleo de larga duración, en las que juega un papel determinante este Programa de Apoyo Activo al Empleo. Y es que, ha asegurado, dos de cada tres personas desempleadas de larga duración han salido de esta situación desde la puesta en marcha de estas iniciativas en 2015, contando con 40.900 hogares menos con todos sus miembros en paro.
Iniciativas a las que, en estos ocho años, se han destinado más de 500 millones para mejorar la calidad de vida de 70.000 personas en la región, "que han conseguido salir de la pobreza más absoluta", ha subrayado por su parte García-Page.
Millones de euros que han puesto el Gobierno de Castilla-La Mancha, las diputaciones y los ayuntamientos que también se han traducido en que la región haya ingresado "más de 1.200 millones de euros, que han completado la transición para esas personas contratadas".
