TOLEDO.- Seis años han pasado ya desde que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran, por unanimidad, la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad. Una normativa pionera en España con la que se aseguraba la tutela y el apoyo residencial para aquellas personas sin familia que tienen limitada su autonomía personal en la toma de decisiones. Una ley que se ha demostrado "muy útil", dando tranquilidad a muchas familias sobre qué deparará el futuro a sus hijos e hijas cuando ellos falten.
Protección que garantiza Castilla-La Mancha, a nivel autonómico, pero que confían se extienda por todo el país. Así lo ha subrayado en un mensaje publicado en las redes sociales el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, quien ha destacado la utilidad de esta norma en sus seis años de vida, "la ley de la que más orgullo siento", ha señalado.
Una ley que garantiza la protección a las personas con discapacidad cuando sus padres falten, ha recalcado Page, quien asegura sentir "emoción" al escuchar a las familias, por lo que confía en que esta norma "llegue a toda España".
Y es que, aunque si bien al principio había alguna duda sobre el éxito que pudiera tener, estos seis años demuestran su utilidad, de modo que el objetivo ahora es que "no solo sea pionera, que lo ha sido, sino que se extienda a toda España y sea una ley de amparo nacional".
Una ley que "presupone alma, que demuestra que la sociedad la tiene", señala, al amparar y proteger a las personas que quedan desvalidas al quedarse sin nadie que las asista.
Hoy me alegro de poder hacer un balance muy positivo de los 6 años de la ley de la que más orgullo siento, la que garantiza protección a las personas con discapacidad cuando sus padres falten.
— Emiliano García-Page (@garciapage) May 24, 2024
Siento emoción al escuchar a las familias y quiero que la norma llegue a toda España. pic.twitter.com/EDxLKHPaWD
Un vídeo en el que, junto al presidente de Castilla-La Mancha, se recogen los testimonios de personas que se podrán beneficiar de esta ley, como una mujer con discapacidad, que subraya la importancia de esta ley para poder tener un apoyo, "algo a lo que agarrarse", cuando sus familiares falten; o la madre de una joven con discapacidad, quien señala cómo esta ley, ante la preocupación constante de qué será de ellos el día de mañana, viene a dar a las familias "tranquilidad", saber que "van a tener todo lo que van a necesitar".
Por su parte, una trabajadora social explica cómo esta ley, pionera en el conjunto del país, se garantiza que las personas en esta situación "puedan elaborar un plan de futuro y los padres quedarse tranquilos y saber que sus hijos van a estar bien"; pero sobre todo, añade, "garantizar un recurso residencial".
Y es que la garantía residencial es uno de los grandes objetivos de esta ley, al establecer el acceso preferente a la red de recursos de la Administración regional, junto con el sistema de apoyo que se garantiza para estas personas. Así, la ley que cumple ahora seis años contempla la elaboración de un plan de futuro para cada persona con discapacidad, contando para ello con el apoyo de unidades de orientación y agentes mediadores. Un equivalente a la declaración de voluntades anticipadas del ámbito sanitario, en el que se ponen de manifiesto las preferencias futuras de las personas con discapacidad para cuando sus familiares falten.
Una norma con la que se venía a dar respuesta a la demanda del sector.
