TOLEDO.- La presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (Cermi CLM), Cristina Gómez, ha demandado a las Cortes regionales que nuevo el Estatuto de Autonomía sea "plenamente inclusivo y accesible", mencione a las personas con discapacidad, reconozca sus derechos y tenga en cuenta al tercer sector.
Así lo ha manifestado este viernes la presidenta del Cermi en una rueda de prensa convocada para hacer balance del año 2023 y fijar las previsiones y prioridades para el 2024, una de las cuales pasa por que las personas con discapacidad aparezcan en el Estatuto de Autonomía.
Por otro lado, Gómez ha reclamado al Gobierno regional una mayor financiación para discapacidad, ya que ha asegurado que "la subvención de la administración no llega al cien por cien del coste de los programas y de los proyectos", por lo que ha pedido que les financien "como se merecen las personas con discapacidad y las entidades".
En este sentido, la presidenta del Cermi Castilla-La Mancha ha exigido que la concertación social incluya un coste de plaza adecuado, una cláusula de revisión de precios y una financiación plurianual.
Además, Gómez ha criticado duramente que la región tarde de media 15 meses en reconocer un grado de discapacidad, con provincias que superan los 20 meses, como Toledo y Albacete, por lo que ha pedido más recursos humanos para los centros base, para conseguir bajar esta media.
"El reconocimiento del grado de discapacidad es muy importante para acceder a becas de educación, al empleo, a prestaciones, a servicios. Si no tienes reconocido el grado de discapacidad no puedes acceder a un centro de día, por ejemplo, y hay muchas discapacidades sobrevenidas que requieren muchos recursos", ha explicado.
En cuanto a las relaciones con las Administraciones Públicas, Cermi Castilla-La Mancha ha subrayado la necesidad de contar con una ley de simplificación administrativa que incluya la adaptación de la normativa a lectura fácil y la simplificación de los procedimientos, pues ha advertido de que, por ejemplo, hay personas con dificultades en la vista que no puede solicitar las ayudas por estas barreras.
Igualmente, el Comité ve como necesidad renovar de manera urgente la ley de accesibilidad universal para que sea de última generación.
"La accesibilidad es uno de los derechos básicos de acceso a la inclusión real, igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y, en general, de toda la población y, como tal, se debería transversalizar este derecho en el Gobierno regional y en todos los Ayuntamientos", ha indicado Gómez.
Por otro lado, ha demandado que las nuevas políticas de empleo que lleve a cabo el Gobierno regional apuesten por la participación y la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, especialmente en aquellos con mayor dificultad de inserción laboral.
Del mismo modo, quiere seguir combatiendo la soledad no deseada de los mayores con discapacidad, especialmente en los entornos rurales, y también de los jóvenes con discapacidad.
Por último, ha reclamado la eliminación de las contenciones mecánicas en el ámbito sanitario y sociosanitario, unas prácticas "consideradas por la ONU como tortura".
