TOLEDO.- Empadronarse o no en el municipio que uno reside puede marcar la diferencia. Unos no lo hacen por estar de paso, otros por preferir recibir otros servicios o beneficios reservados para los empadronados en otro lugar, algunos por dejadez y otros por pagar menos en determinados tributos, aunque en todos los casos termina repercutiendo en la localidad de residencia efectiva y en la que 'oficialmente' no se habita.
Una situación que aboca a numerosas localidades a tener que hacer malabares presupuestarios para poder ofrecer y garantizar servicios a sus vecinos que no les correspondería prestar por el número real de vecinos que figuran en el padrón, pero que en realidad va en aumento y requiere su prestación.
Son muchos municipios que deciden no quedarse en los mínimos que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y ofrecer a sus vecinos servicios que corresponderían a localidades de mayor tamaño, pero con los que mejoran la calidad de vida de sus habitantes.
Servicios cuyo mantenimiento tiene un alto coste para estos ayuntamientos y presentan en ocasiones numerosas dificultades, para los que, sin embargo, los ingresos que llegan en función de los vecinos empadronados se quedan cortos.
Una situación sobre la que han decidido llamar la atención de sus convecinos desde un ayuntamiento toledano, el de Ontígola, que a pesar de no llegar a los 5.000 empadronados, ofrece servicios que corresponderían a municipios de mucha mayor población.
Y es que si bien la ley establece que en todos lo municipios se deben prestar servicios como alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado o pavimentación de las vías públicas, para los de más de 5.000 habitantes es obligatorio contar con parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
Servicios son mayores si se trata de localidades con una población superior a los 20.000 habitantes, que además deben contar con protección civil, evaluación de información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, servicio de prevención y extinción de incendios, así como instalaciones deportivas de uso público.
A los municipios con población superior a los 50.000 habitantes, corresponde también contar con transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
En el caso concreto de Ontígola, que a 10 de junio contaba con 4.951 habitantes en el padrón, uno de esos servicios que no le correspondería prestar -o aportar a su financiación- es el del transporte interurbano, obligado por ley para los municipios que la multiplican por diez en población.
Explican cómo durante años no ha existido un marco jurídico para dicho servicio, estando así en un "limbo alegal". Ahora, sin embargo, ese marco ya existe, a través de la firma del ASTRA con la Junta de Comunidades, a quien compete dicho servicio. De no haber sido así, subrayan a sus vecinos, "no hubiese sido posible y nuestro municipio habría dejado de tener los autobuses que nos conectan con Aranjuez".
Un servicio que cuesta al consistorio ontigolano 148.588 euros, a los que se suman otros 48.490 en concepto de transporte escolar, un considerable desembolso si se tiene en cuenta que en 2021 por el número de empadronados se recibió un ingreso de 928.175,10 euros, en un presupuesto que en total asciende a 4 millones de euros.
Y si el transporte ya se lleva ya más del 20 por ciento de los ingresos percibidos en función del número de empadronados, a ello se suman los cerca de 350.000 euros al año que el ayuntamiento debe destinar a la recogida y tratamiento de residuos para la población real con la que cuenta el municipio.
Una población real que es, precisamente, la que "marca con diferencia" los presupuestos. En el caso de Ontígola, se estima que el número de habitantes en realidad supera los 9.000, doblando así prácticamente la cifra que sobre el papel -y a efectos de ingresos procedentes de los tributos del Estado y de impuestos locales- figura.
Una situación que se traduce en que, por ejemplo, a día de hoy el personal adscrito al ayuntamiento siga siendo el mismo que había hace trece años, cuando la localidad apenas llegaba a los 3.000 habitantes. Algo que lleva a que algunos de los servicios no se puedan prestar a través de los operarios municipales, por lo que deben contratarse a través de empresas externas cuestiones como los desbroces o la limpieza viaria, lo cual cuesta a las arcas otros 390.000 euros.
Un suma y sigue al que se deben añadir el mantenimiento de los servicios como la guardería, por la que se ingresan 32.000 pero se gastan 82.600; la escuela de música, con unos ingresos de 10.225 y un coste de 36.000; o la ayuda a domicilio, por la que se ingresan 28.690 euros y cuesta 47.433 euros. Servicios que no correspondería asumir a un municipio de menos de 5.000 habitantes, pero que se siguen prestando, con actuaciones como las tardes en mi cole o los campamentos, recuerdan.
Cuestiones que para muchos de los vecinos, si no para la gran mayoría, escapan de la concepción que se tiene respecto a los servicios que debe ofrecer el ayuntamiento de la localidad en la que reside, con lo que sí cuenta y lo que se echa en falta.
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Ontígola subrayan que si bien son numerosos los servicios que se ofrecen, también son muchas las "carencias", las cuales vienen marcadas por el "desfase" existente entre la población real y la oficial, que al fin y al cabo es la que se toma como referencia para el número de recursos de los que se puede disponer.
Así es la realidad de este municipio que sigue creciendo, que tiene como vecina una localidad mayor y una comunidad autónoma vecina, lo que hace que sean numerosos los vecinos que no se empadronen. Algo que frena, a su vez, la ampliación de recursos para mejorar la calidad y cantidad de los servicios.
Por todo ello, y en previsión de que la localidad siga creciendo al abrigo de los nuevos desarrollos industriales, sumando población y aumentando el valor de las viviendas, recuerdan que todo ese desarrollo debe ir acompañado del compromiso por parte de cada ciudadano de tributar en aquel lugar en el que reside. Y es que "solo así", subrayan desde el consistorio ontigolano, "se verá incrementada la calidad de los servicios" que, a pesar de las quejas de muchos -apunta-, "tiene a día de hoy la realidad que tiene".
Un toque de atención a quienes residen en esta localidad toledana, frontera con la vecina Comunidad de Madrid, pero extensible a quienes eligen el pueblo para vivir por la tranquilidad, el modo de vida o el contacto con la naturaleza, por ejemplo, pero se olvidan de que los servicios también hay que pagarlos, y para ello se precisa poder contar con recursos que se reciben en función de los empadronados.
