TOLEDO.- Asignaturas pendientes en el mundo de la educación. Y no se trata de aquellas materias que no han podido superar los estudiantes sino de problemas, a veces crónicos, en el sistema educativo.
El de personal y, más en concreto, el de los interinos es un escollo siempre en las negociaciones de la Administración con la comunidad educativa, y sobre todo con los sindicatos. Han sido numerosas las veces con el paso de los años que las organizaciones sindicales han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que revierta los recortes en el ámbito educativo y que mantenga los contratos realizados a raíz de las necesidades que han ido surgiendo con la pandemia de la covid-19.
En esta ocasión, el colectivo en cuestión es el de los interinos y la asignatura pendiente, una vez más, la de personal. Y es que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) ha advertido de que la región podría perder hasta 1.500 interinos el próximo curso.
La razón, la eliminación de los 631 cupos covid, que de cara al próximo curso escolar 2022/2023, y sin alternativa, podría acarrear en la práctica que desaparecieran más de 1.000 docentes interinos que suelen dividirse en dos medias jornadas a repartir en los centros, así como también ven peligrar su continuidad los docentes que cubren los 205 cupos de los planes de éxito.
La educación castellanomanchega sufriría así una situación similar a la de una empresa en la que se produjera el despido de 1.500 trabajadores y eso conllevará, sin ninguna duda, que se vea afectado el aprendizaje del alumnado, tal y como ha avisado STE.
Y las reivindicaciones sindicales no quedan ahí, porque si bien la organización representante de los trabajadores de la enseñanza celebra algunos avances en el curso a punto de terminar como la bajada de ratios en Infantil de tres años y el acuerdo para el profesorado itinerante, los coletazos de la pandemia aún son visibles y los interinos siguen siendo necesarios para mantener la bajada del número de alumnos por el aula y para la adaptación a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).
Pero, con todo, todavía queda mucho por mejorar y las demandas se extienden a la negociación de un nuevo pacto de interinos, la reducción de la temporalidad en el sistema educativo y la mejora general de las condiciones laborales del profesorado para que no sean despedidos en verano, tengan horarios lectivos menos cargados y se disminuya la carga de trabajo para los mayores de 55 años.
También piden un plan a medio plazo para reformar todos los centros educativos y que puedan hacer frente a los efectos del cambio climático y, entre otras, a las olas de calor que serán más frecuentes, y que se replanteen las condiciones en las que se desarrollan las oposiciones para que no se sigan haciendo exámenes en edificios que no están preparados y que se modernice el proceso.
