TOLEDO.- El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha remitido este jueves una carta al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la que le pide que en la próxima Conferencia de Presidentes se aborde un compromiso de Estado que implique la garantía de financiación de los sobrecostes que se derivan de la aplicación de normativa o acuerdos de la Administración del Estado.
En esta carta, de la que ha informado en una rueda de prensa el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, García-Page solicita también que el Gobierno no adopte compromisos de gasto o mermas de ingresos que repercutan en las comunidades autónomas sin dotar la financiación correspondiente.
Asimismo, propone que este compromiso de Estado también se traslade a la normativa básica del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Un planteamiento, cabe recordar, que el jefe del Ejecutivo autonómico ya había avanzado el pasado mes de diciembre. Entonces, durante un acto celebrado en Cuenca, García-Page anuncio su intención de solicitar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes en la que los responsables autonómicos pudieran hacer "frente común" y buscar un acuerdo de Estado en el que se asumiera el compromiso "riguroso" de no aprobar leyes que supongan gastos para las autonomías si las nuevas normas no van acompañadas de financiación "específica" y "garantizada".
Una necesidad de normas acompañadas de presupuesto, que el presidente castellanomanchego también volvía poner sobre la mesa unas semanas después, cuando abundaba señalando que "los mítines están muy bien, pero a mí solo me vale el presupuesto" y reclamaba una vez más acabar con el retraso de más de una década en el nuevo modelo de financiación autonómica.
Junto a la carta remitida hoy, García-Page ha enviado también un borrador de acuerdo para la próxima Conferencia de Presidentes que "podría servir para su posterior debate y aprobación", ha sugerido el presidente castellanomanchego en su misiva.
En dicho borrador de acuerdo, se destaca la importancia del principio de lealtad institucional, que si bien no está recogido expresamente en la Constitución, sí ha sido objeto de "reconocimiento directo" por parte del Tribunal Constitucional, que además lo configura como un principio jurídico de carácter nacional de obligado cumplimiento.
Por ello se recoge como propuesta que "toda modificación normativa (legal o reglamentaria) que realice la Administración General del Estado y que tenga efectos económicos y/o presupuestarios en las comunidades autónomas, tanto en sus gastos como en sus ingresos, deberá contar con el correspondiente estudio económico".
En dicho estudio económico, "se deberán identificar los mismos, valorarlos y establecer las correspondientes aportaciones económicas a las comunidades autónomas para garantizar la suficiencia financiera de los servicios públicos a que obliga el ordenamiento jurídico".
DECISIONES QUE CUESTAN 280 MILLONES AL AÑO
El consejero de Hacienda ha detallado las repercusiones que las decisiones que adopta el Estado -tanto en el compromiso de gasto como en las reducciones de ingresos- tienen en las finanzas de la comunidad autónoma y ha calculado que la región se enfrenta a una merma anual de 280 millones de euros, una cifra que ha calificado de "escandalosa" y "extravagante".
En concreto, en el apartado de ingresos, es decir, lo que no recauda por impuestos como por ejemplo la bajada del IVA en varios artículos como los alimentos o la luz, Castilla-La Mancha sufre una merma de ingresos de 190 millones de euros solo en 2023.
Más en detalle, Ruiz Molina ha indicado que la región dejó de ingresar 100 millones de euros en 2023 por la reducción del impuesto especial sobre la electricidad; 31 millones de euros por la rebaja del IVA en la electricidad, madera y pellets y otros 34 millones de euros por la bajada del IVA de los alimentos.
Además, ha añadido que en el periodo 2021-2023, Castilla-La Mancha ha tenido una merma de ingresos de 350 millones de euros.
En cuanto a los gastos, el consejero de Hacienda castellanomanchego ha cifrado entre 90 y 91 millones las medidas adoptadas por el Gobierno central, pero que debe sufragar la comunidad, como el aumento en gasto en dependencia, que son 37 millones de euros; otros 36 millones para la contratación de más personal en los centros de mayores y 18 millones más para los gastos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Ruiz Molina ha aseverado que el Gobierno regional "no cuestiona en ningún momento el efecto positivo que han tenido y tienen las medidas del Gobierno de España para la ciudadanía", pero ha considerado que es "el momento de trasladar la preocupación" del Ejecutivo regional sobre el efecto en la capacidad financiera de la comunidad autónoma y su posible repercusión en las políticas públicas como sanidad, educación o infraestructuras. Por ello, ha reclamado que el Estado compense a las autonomías el 100 por ciento de esta merma.
"Se suma el hambre con las ganas de comer. Si estamos mal financiados y se suma a las necesidades de financiación, el problema se agrava considerablemEnte", ha advertido Ruiz Molina, que de este modo ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas infrafinanciadas con el actual modelo de financiación autonómica.
