TOLEDO.- El Gobierno de España se compromete a estudiar el proyecto de ley 'antiokupación' y dar una respuesta "lo antes posible" a esta iniciativa legislativa planteada por el Ejecutivo castellanomanchego.
Un compromiso que ha expresado hoy el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, tras la reunión mantenida con el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, en el toledano Palacio de Fuensalida. Un encuentro en el que se ha trasladado "de viva voz" la propuesta que ya fue remitida al Gobierno de España a finales de 2021, tras lo cual ha quedado "claro" que la okupación supone "un problema social" y que "no podemos abandonar a unas personas porque haya dificultades con la ley", tal y como ha asegurado el ministro.
Por ello se deben adoptar "las medidas que sean necesarias" para, "en el plazo más breve posible", dar solución a este problema que se plantea "especialmente en algunas comarcas de Castilla-La Mancha", aunque afecta a la totalidad del país, ha reconocido el ministro. Se trata así de un problema que el Gobierno de España debe abordar para garantizar "la convivencia y la seguridad", así como "la paz y la calidad de vida de nuestros barrios, nuestras ciudades y nuestros pueblos".
En este sentido, Bolaños ha asegurado que desde el Gobierno se van a estudiar "todas las posibilidades legales que existen" para evitar ese problema de convivencia y de delincuencia, que afecta especialmente a algunas zonas de Castilla-La Mancha, como la comarca de La Sagra.
Un compromiso que el ministro de la Presidencia ha manifestado tras elogiar la propuesta legislativa elaborada por el Gobierno regional. Un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas por el que ha felicitado al Gobierno regional en general, y de forma particular al consejero de Fomento, Nacho Hernando.
Para Bolaños se trata de un proyecto de ley "muy riguroso, muy estudiado, muy al detalle", que desde el Gobierno de España se va a estudiar, con el compromiso de trabajar "de la mano" y tomar las iniciativas legislativas que sean necesarias para acabar con este problema social.
Y es que tanto el Ejecutivo central como el autonómico tienen que "garantizar la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos". Por ello, ha continuado el ministro, "si hay una parte del territorio donde el problema es especialmente grave, ahí lo abordaremos con mayor urgencia".
Por su parte el jefe del Ejecutivo regional ha agradecido la "sensibilidad y disponibilidad" del ministro y del Gobierno de España para abordar este asunto a través de una ley, que combate, "ni no total, parcialmente", el fenómeno de la okupación ilegal o del delito contra la propiedad determinadas zonas de Castilla-La Mancha, y de España.
García-Page ha recordado que no se trata de una cuestión "menor", sino que afecta fundamentalmente a quienes "tenemos alma social".
Por ello ha valorado la "actitud" en esta "senda" que la legislación contra la okupación ilegal va a tomar "en los próximos meses" a nivel nacional.
En este sentido ha concretado que, en ese papel de "intentar ayudar y proponer", desde Castilla-La Mancha se va a trasladar al Gobierno "un estudio y una legislación enormemente rigurosa", documentación "con todos los cambios que se operan, siempre dentro de la Constitución y la legislación actual" -ha precisado Page-, y que "actualiza o modifica cuestiones que nos ayudarían a ser más eficaces".
Y es que esta ley que propone e impulsa Castilla-La Mancha "es de seguridad ciudadana, de orden público, pero también tiene que tener significación social", ha apostillado.
