TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, el acuerdo para abonar en la nómina de este mes de febrero un nuevo incremento retributivo adicional del 0,5 por ciento, correspondiente a 2023, a los empleados y empleadas públicos. Este porcentaje se aplicará con efectos retroactivos a 1 de enero del año pasado.
Esta subida se hace efectiva una vez que se ha publicado el acuerdo del Consejo de Ministros la semana pasada, en aplicación de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023, tal y como ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la celebración del Consejo de Gobierno y donde ha estado acompañado por el titular de Fomento, Nacho Hernando.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha detallado que, con esta subida y teniendo en cuenta el otro 0,5 que se aplicó el pasado octubre, este personal verá incrementadas sus retribuciones en un 3,5 por ciento en 2023, al igual que pasó en 2022, por lo que "en tan solo dos ejercicios, el incremento que se va a practicar a los empleados públicos será del 7 por ciento". Con esto, Ruiz Molina ha hecho hincapié en que el Ejecutivo autonómico aplica, tal y como fue su compromiso, el "incremento máximo que nos autoriza" la normativa básica del Estado.
El consejero ha dado a conocer que esta nueva subida del 0,5 por ciento supone un coste de 19,8 millones de euros y va a beneficiar a unas 96.000 familias; ya que, a los empleados y empleadas de la Administración regional hay que sumar trabajadores de las plantillas de empresas y fundaciones del sector público regional, de la Universidad de Castilla-La Mancha y del profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertados. De ahí, la "rapidez" del Gobierno regional en la adopción de un acuerdo de estas características, ha sostenido.
En base a todos estos datos, desde que Emiliano García-Page preside el Gobierno de Castilla-La Mancha (2015), las retribuciones a los empleados públicos se han incrementado en más de un 21 por ciento, concretamente un 21,4 por ciento, una subida superior a la que se ha experimentado en otras comunidades autónomas. Durante todo este periodo, ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se han aplicado los "incrementos máximos" que autoriza la Ley de PGE en cada ejercicio, además de que se recuperó la merma salarial que aprobó el PP de Cospedal por un importe de un 3 por ciento. Con este Gobierno, ha continuado Ruiz Molina, "no solo devolvimos ese 3 por ciento, sino que añadimos un 0,5 adicional".
En lo que se refiere al año 2024, se prevé un incremento de las retribuciones del 2 por ciento, con carácter fijo, más la posibilidad adicional del 0,5 por ciento, si el IPC acumulado de 2022 a 2024 supera el 8 por ciento. Igualmente, ha señalado que se está esperando la normal estatal, sea de PGE o Real Decreto, que recoja el incremento retributivo fijo del 2 por ciento establecido y que, de acuerdo con los sindicatos, ya está establecido por el Ejecutivo autonómico. El objetivo es "aplicarlo de manera inmediata", como se ha hecho siempre con el último ejemplo de hoy, ha apuntado.
Ruiz Molina ha manifestado que estas gestiones vienen a mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal empleado público, siendo una de las prioridades y una "herramienta" para el Ejecutivo autonómico por la repercusión directa que tiene en la mejora de la calidad y la excelencia de los servicios públicos y, en consecuencia, en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
Esta apuesta se refleja en el Capítulo I, gastos de personal, que, durante estos más de ocho años de Gobierno, se ha incrementado en 1.400 millones de euros, lo que supone un 50 por ciento. El consejero ha destacado que todo esto ha permitido aumentar las plantillas, especialmente las que sustentan el Estado de Bienestar, como el ámbito de la Sanidad o la Educación.
