TOLEDO.- El sindicato UGT apremia a las 607 empresas de Castilla-La Mancha obligadas a registrar sus planes LGTBI que obliga la ley, y que en el conjunto del país alcanzan las 32.000.
Recuerdan que antes del 2 de marzo el Gobierno debe sacar adelante el reglamento que desarrolla los planes LGTBI en las empresas, el cual debe incluir medidas eficaces para combatir la discriminación que sufre el colectivo.
En este sentido, precisan cómo el 28 de febrero de 2023 el Gobierno aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que estipulaba la obligación para todas las empresas de más de 50 trabajadores de disponer, en el plazo de un año, de un protocolo de actuación para velar por la igualdad de este colectivo.
Al tiempo, el Ejecutivo comprometía sacar un reglamento antes del 2 de marzo de 2024 para que las empresas comenzaran a poner en práctica los planes. Un reglamento que, según UGT, debe incluir "medidas claras y eficaces", que sirvan para tener unos centros de trabajo libres de discriminación.
En este sentido, desde UGT Castilla-La Mancha subrayan la necesidad de que las personas LGTBI dispongan de "herramientas" para abordar los casos de acoso y que "las empresas intervengan de manera activa". Asimismo, también consideran necesarias "medidas para la formación y para la sensibilización, para la utilización del lenguaje inclusivo o la generalización de los permisos y licencias familiares para las personas LGTBI, entre otras".
Desde el sindicato exigen unos centros de trabajo más inclusivos y libres de discriminación. Y es que, según datos recogidos en un informe elaborado por el sindicato, el 50 por ciento de las personas LGTBI consideran que no están aceptadas socialmente y que su situación no es buena en general. Algo que, precisan desde UGT CLM, se agrava en el caso de las personas trans, entre las que el 70 por ciento considera que no esán aceptadas.
Además, explican, el 75 por ciento de las personas LGTBI consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el trabajo. Una situación que "tiene consecuencias muy negativas, cuantificables en derechos y en salario". Y es que, añaden, muchas de estas personas renuncian a pedir permisos retribuidos por matrimonio o de acompañante a cónyuges en visitas médicas u otros relacionados con el ámbito familiar.
Por todo ello, concluyen, se hace necesario reforzar decididamente el ámbito de la negociación colectiva con un nuevo marco regulatorio que permita planificar medidas para lograr el objetivo de garantizar los derechos.
