TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha blindado el planteamiento de cooperación entre la administración regional y las entidades sociales de atención a personas con discapacidad, con la firma de una veintena de protocolos de colaboración con otros tantos colectivos, de modo que si llegaran "futuras estrecheces" el sector social pueda quedar "a salvo".
Un blindaje que ponía de manifiesto el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, durante el acto de firma de estos protocolos celebrado este martes en el Palacio de Fuensalida. Un acto en el que participaba junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien detallaba que la convocatoria de ayudas de este 2018 para estos colectivos asciende a 45,6 millones, un 20 por ciento más respecto al inicio de la legislatura.
Un paso más en la consolidación de lo conseguido por el Gobierno regional, entre cuyos logros destacaba la creación de un millar de plazas de profesionales especializados en la atención a personas con discapacidad, la próxima ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, o el pago mensual a las asociaciones que mantienen centros, servicios o programas de discapacidad.
Y es que para García-Page "lo importante" no es hacerlo uno o dos años, sino llevarlo a cabo "con un carácter sólido, estable y a salvo de vaivenes".
En este sentido, el presidente regional detallaba que este aumento de plazas de personal especializado es una muestra de la "voluntad" y la "dinámica" emprendida por su Ejecutivo para aprovechar el crecimiento económico y "ensanchar el espacio social".
Una senda en la que instaba al sector social a "reivindicar" su parte en la creación de empleo y el desarrollo económico del país, pidiéndole además su apoyo en la "batalla difícil" que se prevé sobre la financiación autonómica.
2.000 PROFESIONALES
Por su parte la titular de Bienestar Social detallaba que son más de 2.000 profesionales los que a diario trabajan en la región en el ámbito de la atención a personas con discapacidad, ofreciendo su profesionalidad, pero también "dedicación y cariño".
La veintena de entidades con las que se han rubricado estos protocolos son las más representativas del ámbito social, y a su vez, las que reciben más recursos, aunque el número total de colectivos asciende a 166, según detallaba Sánchez.
La consejera recordaba que esta convocatoria de ayudas se adelantó dos meses, del mismo modo que lo hará el pago de las mismas, lo cual hará que en el mes de marzo las entidades ya empiecen a cobrarlas.
Según los datos facilitados desde el Gobierno castellano-manchego, los 49 centros de atención temprana de la región atienden a 5.000 niños, mientras que los 61 centros de día atienden a un millar de personas. Por su parte los 84 centros ocupacionales existentes dan servicio a 3.800 usuarios, y en cuanto a recursos residenciales, son 86 las viviendas y 37 las residencias existentes, con un total de 2.000 plazas.
En su conjunto, más de 10.000 personas con discapacidad son atendidas diariamente en los más de 300 recursos y servicios dirigidos a este colectivo y sus familias.
Durante el acto también intervenía la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, quien agradecía el "esfuerzo" el Gobierno regional para incrementar el presupuesto en casi cinco millones, así como en agilizar las convocatorias y los pagos de las ayudas.
Gómez reivindicaba asimismo la vocación de servicio público de las entidades del tercer sector, para lo cual ponía como ejemplo un estudio realizado por la asociación Laborvalía, según la cual por cada euro que una administración invierte en atención a personas con discapacidad, el retorno a la sociedad asciende a 4,47 euros.
