TOLEDO.- El diseñador Alejandro de Miguel, cuyo nombre real es Alejandro Jiménez Tirado, ha roto su silencio tras las acusaciones que se han publicado en los últimos días sobre presuntos abusos laborales y prácticas ilegales en su atelier, denominado como Grupo de Confección Cadenas. Compañía de la que el conocido modisto trata de desligarse, asegurando que solo se dedica "a diseñar y a trabajar sobre más creaciones, sin participar en la gestión administrativa" de la misma, aunque se refiera a ella como "su" empresa en varias ocasiones.
Y es que, aunque sobre el papel en estos momentos Jiménez Tirado no figura como administrador único de la empresa ‑sí lo fue entre los años 2006 y 2010‑, tal y como ha podido comprobar la Inspección de Trabajo, desde sus cuentas personales se han llegado a hacer pagos a las trabajadoras y no desde la de la empresa, en la que figura como administrador único su madre, María Jesús Tirado Muñoz. Junto a ella, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), Alejandro compartió la administración solidaria de la empresa hasta 2006.
No obstante, el afamado diseñador de la localidad toledana de Miguel Esteban, que viste a caras tan conocidas como las Campos, la televisiva Irma Soriano, Marina Danko, Marisa Jara, Ana Obregón e incluso la reina Sofía, sale al paso de las acusaciones con un controvertido comunicado en el que tampoco aclara la situación en la que se encuentra su empresa, sobre la que por una parte señala que "los hechos denunciados están siendo impugnados por la empresa", para a renglón seguido apuntar que "no existe ningún procedimiento contra la empresa ni contra su persona" por lo que pide que se dejen de verter "falsedades que están muy lejos de la realidad". Lo cierto es que la Inspección de Trabajo ha trasladado a la Fiscalía su informe y la documentación recabada en este año largo de investigaciones, y ha pedido que actúe contra él por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo, Alejandro califica de "especulaciones" las acusaciones que se han vertido en los últimos días sobre "su trabajo y sobre su empresa", y acusa al sindicato Comisiones Obreras de utilizar el nombre de su "marca" con una finalidad "claramente mediática". Algo tras lo que el modisto ve "un interés espurio de venganza" de alguna extrabajadora "mal aconsejada", que les está ocasionando "un daño irreparable".
Como argumento para refrendar su inocencia, Alejandro de Miguel presenta un comunicado "redactado voluntaria y libremente" ‑precisa él mismo‑ por la totalidad de las trabajadoras en el que se niegan todas las acusaciones.
DENUNCIAN QUE LAS EMPLEADAS TIENEN "MIEDO"
Sobre esta polémica carta, desde Comisiones Obreras consideran que es el "miedo" lo que atenaza a las trabajadoras de la empresa propiedad de Alejandro de Miguel y su familia, lo cual les lleva a no denunciar el abuso laboral que están sufriendo.
Así lo señalaba en rueda de prensa la secretaria regional de Mujer y responsable toledana del sector textil en el sindicato, María Jesús Fernández, para quien estas trabajadoras "tienen más miedo que vergüenza al devolver un dinero que era suyo" y no sumarse a la compañera que fue despedida por negarse a reintegrar lo que la empresa se había visto obligada a pagar tras el requerimiento de la Inspección de Trabajo.
Fernández recordaba que este órgano ha constatado la veracidad de las denuncias presentadas por el sindicato, quedando probado que el modisto adeudaba diversas cantidades, entre los 3.500 y los 4.600 euros a sus trabajadoras debido a irregularidades contables en sus nóminas. Una deuda que la empresa se vio obligada a saldar a instancias de la Inspección de Trabajo, pero exigiendo a las empleadas que las cantidades ingresadas fueran devueltas de forma inmediata.
Una orden que, tal y como constataba la Inspección en sus investigaciones, fue acatada por todas las empleadas excepto una, que antes de perder el trabajo consiguió grabar las "amenazas y coacciones" de los responsables de la firma textil.
LA FISCALÍA PODRÍA PEDIR CÁRCEL
Situación por la que se interponía una segunda denuncia el pasado 21 de agosto, que es la que ha llevado a trasladar el asunto a la Fiscalía, para estudiar presuntas irregularidades y "fraude contable", según detallaba por su parte el líder de Comisiones Obreras en Toledo, José Luis Arroyo, al tiempo que recordaba que "no es la primera vez" que la empresa del conocido modisto se ha visto envuelta en abusos laborales e impagos a sus trabajadoras.
Arroyo valora el paso dado por la Inspección de Trabajo de remitir a la Fiscalía el caso, puesto que podría llegar a pedir una pena de entre seis meses y seis años de prisión, la cual "se vería agravada por la coacción y miedo que se impone a las trabajadoras".
Por su parte, el secretario regional de Industria del sindicato, Ángel León, pide que se acabe con los "abusos" del modisto, unas prácticas laborales que ha calificado como "irregulares" e "intimidatorias".
Ante las declaraciones de Alejandro de Miguel acusando al sindicato de utilizar el nombre de su marca con una finalidad "mediática", recuerda León que los informes de la Inspección de Trabajo tienen "presunción de veracidad y certeza", puesto que desde noviembre de 2016 el diseñador ha tenido reiteradas ocasiones, además de obligación, de dar todo tipo de explicaciones a la Inspección, la cual las ha "reclamado y escuchado". Sin embargo, su informe es concluyente y confirma la consistencia de las pruebas contra el diseñador miguelete.
RETIRADA DE LA PLACA AL MÉRITO REGIONAL
Un cúmulo de situaciones que van a llevar al sindicato a pedir al Gobierno regional que retire al modista la placa al Mérito Regional que le fue concedida en 2017, la cual recogía en el acto del Día de Castilla-La Mancha celebrado en Cuenca.
Desde Comisiones Obreras explican que ya se conocían este tipo de prácticas abusivas cuando la Junta le concedió el premio, pero no se ha querido decir nada "hasta que se han podido constatar con pruebas". Por eso es ahora cuando piden al Ejecutivo castellano‑manchego que retire el reconocimiento al modisto toledano.
"Alejandro de Miguel podrá ser un ejemplo como modisto, eso no lo ponemos en duda, pero no puede serlo como empresario", señala el sindicalista. El Gobierno regional le entregó un premio "sin saber esto", apunta León, pero "una vez que conocemos el informe que la Inspección ha remitido a la Fiscalía" le debe ser retirado "por dignidad de las trabajadoras y porque la de Alejandro de Miguel no puede ser el modelo de empresa por la que apueste Castilla-La Mancha", sentencia.
Tras conocer esta petición, el portavoz el Gobierno regional, Nacho Hernando, ha señalado que la Junta no tomará una decisión sobre la retirada de la placa hasta que no haya una sentencia judicial en relación a este conflicto laboral.
