TOLEDO.- El nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Félix Antolín Diego, tomaba posesión de su cargo este miércoles, arropado en Toledo por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, responsable de su nombramiento el pasado 1 de febrero. Una designación polémica y para la que se piden explicaciones al pesar sobre Antolín Diego una denuncia por vejaciones y acoso laboral a un subinspector del Grupo Especial de Operaciones (GEO), cuerpo de élite al frente del cual ha estado en los últimos años.
Ya el pasado viernes, tan solo dos días después de que Zoido le nombrara para el cargo, el grupo parlamentario socialista registraba en el Congreso una solicitud de comparecencia del ministro del Interior para que dé explicaciones sobre el nombramiento de Antolín Diego como jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, al haber tenido "denuncias por acoso laboral reiteradas", según señalaban en su escrito. Asimismo también pedían una aclaración por parte del director general de la Policía, Germán López Iglesias.
Hoy se sumaban las críticas del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que denuncia este nombramiento y critican "la dejación de funciones" que, en su opinión, ha cometido la Dirección General de Policía que al "omitir dolosamente" hechos de tal gravedad, "determinantes en la valoración de idoneidad del perfil profesional de un funcionario".
Como apoyo a su denuncia, el SUP aporta el auto dictado el pasado 1 de febrero por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente Honrubia, en el que se acuerda continuar las diligencias previas contra Félix Antolín Diego y otro responsable del GEO, por si los hechos que se les imputan fueran constitutivos de un presunto delito contra la integridad moral ‑trato degradante‑ y un presunto delito de lesiones. Unos hechos ahora investigados que se remontan a mayo de 2014, cuando el hoy jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha era inspector jefe del Grupo Especial de Operaciones.
INDICIOS DE CRIMINALIDAD
Según recoge el auto, "existen indicios de criminalidad" sobre ambos investigados, al haber realizado "actos de contenido vejatorio", sirviéndose de su cargo y de la posición jerárquica que ostentaban respecto al querellante, "quebrantando su resistencia e integridad moral y su propia estimación".
En concreto, los investigados se ocupaban de "aislarle del grupo, dejándole entrenar solo, relevarle de cualquier función" con la intención de "forzar su salida de los GEO". Para ello también, recoge el auto, habrían procedido "a la apertura de un expediente disciplinario al querellante en el año 2015 por hechos del 2013", un procedimiento que finalmente fue archivado.
El querellante fue cesado de su puesto de trabajo mediante una resolución firmada por el director general de la Policía, con fecha 15 de enero de 2015. Toda una situación que le ha llevado a sufrir "un padecimiento psíquico".
El juez De la Fuente destaca en su escrito la propia declaración que hizo en su momento ante él el hoy jefe superior de Policía en la región, en la que habría reconocido que ordenó que al querellante no se le adjudicase "ningún puesto de mando en las tareas de la unidad". Algo que dijo no considerar como "acoso".
Asimismo el auto recoge cómo Antolín aseguró que al ser revelado el agente fue "como si no tuviera funciones", una vejación, ya que "se tendría que dedicar, por ejemplo, a lavar coches".
OTROS SUBORDINADOS CONFIRMAN LOS HECHOS
Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara también recoge las declaraciones de otros cuatro integrantes del GEO que confirmaron la situación a la que estuvo sometido el querellante. Uno de ellos aseguró ante el juez que "entrenaba solo", y que desde mayo de 2014 no se le había dejado participar en ninguna operación a pesar de su profesionalidad.
Otro de ellos mostró su convencimiento en que este agente había sido apartado de las operaciones "por motivos personales" y aseguró que el comisario reconoció en una reunión que el policía "era un cadáver".
Las conclusiones del informe médico forense en las que se reconoce que el policía sufría un estado psíquico "acorde" con hechos de la naturaleza de los imputados, una sintomatología ansioso depresiva y un trastorno por estrés postraumático medio-bajo, que sería compatible con lo denunciado, también son citados por el juez en su auto.
LOS TRIBUNALES ANULAN EL CESE
El policía afectado era jefe del Subgrupo Operativo GEO y, hasta su sanción en 2015, venía desempeñando su labor en la plantilla de la Dirección Adjunta Operativa. La decisión, que fue refrendada por la Dirección General de la Policía, también fue recurrida por la vía penal en el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara.
El pasado mes de septiembre, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció la "nulidad radical" de los efectos del cese de este funcionario del GEO que había tramitado una denuncia por el "hostigamiento sistemático" que sufrió de su superior.
Ahora el Juzgado de Instrucción da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personada para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o, en su caso, el sobreseimiento de la causa o la realización de diligencias complementarias.
