La posible privatización de la estación de autobuses de Toledo desata una tormenta política

Tras conocerse que el PSOE estudia esta medida, Ganemos ha apostado por devolver la gestión al Gobierno de Castilla-La Mancha, algo que ahora también respaldan desde el PP a pesar de que no se atrevieran a reclamarlo durante la legislatura de Cospedal.

El Ayuntamiento de Toledo está estudiando la privatización de la estación de autobuses, un servicio "provincial y, a veces, regional" que desde hace tres años es "objeto de discusión" por los 600.000 euros anuales que supone una competencia que "no es estrictamente municipal".

Así lo desvelaba la semana pasada el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, en una rueda de prensa sobre los acuerdos más destacados de la última Junta de Gobierno Local.

Concretamente, Del Pino lamentaba que mientras la estación de autobuses de Toledo la realiza "solo el Ayuntamiento, con fondos propios", en otras provincias de España, como Sevilla, la gestión de la estación de autobuses se realiza a través de un consorcio donde participan "40 municipios, la Diputación o la Junta de Andalucía".

No obstante, el edil socialista aseguró que "no hay ninguna negociación" y que, de momento, solamente se trata de un estudio para buscar "la mejor manera de prestar un servicio de calidad sin que al Ayuntamiento le cueste en exclusiva ese dinero" y, aunque no cerró "ninguna posibilidad", como la de que la Junta asuma la competencia, añadió que, si el estudio "no lleva a ningún sitio, puede seguir como está".

Ganemos quiere devolver la concesión a la Junta

La primera formación política en reaccionar ha sido Ganemos, que actualmente son los socios de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento Toledo. En este sentido, el portavoz de la candidatura de unidad popular y concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo, ha señalado que "los esfuerzos del Ayuntamiento deben dirigirse a que la Junta asuma su responsabilidad con la estación de autobuses".

En este sentido, Mateo ha recordado que "devolver la concesión administrativa de la estación de autobuses a la Junta fue una propuesta del anterior equipo de Gobierno local que encabezaba Emiliano García-Page" y que esta actuación sería de "coherencia" porque, según ha apostillado: "No entenderíamos que el ahora Presidente de Castilla-La Mancha haya cambiado de opinión".

PP y PSOE se enzarzan

Por su parte, la concejal del PP Claudia Alonso también ha pedido al Ayuntamiento de Toledo que ceda la gestión de la estación de autobuses al Gobierno de Castilla-La Mancha, una petición que el edil socialista Del Pino ha calificado de "bochornosa", pues los ‘populares’ "no se atrevieron" a solicitarlo "en cuatro años al Gobierno de Cospedal".

"Ya está bien de que los toledanos tengamos que pagar casi 600.000 euros de nuestros bolsillos para mantener una infraestructura de la cual no somos propietarios", ha considerado Alonso.

La concejala del PP ha reclamado a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que "deje de esconderse detrás de las siglas del PSOE y que defienda los intereses de los toledanos”, añadiendo además que le "resulta incomprensible" que el presidente del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano García-Page, "exigiera al Gobierno regional como alcalde algo que ahora como presidente de la Junta no hace".

Sobre estas declaraciones, Del Pino ha opinado que "si la actitud del PP en la legislatura pasada hubiera sido la que ha mostrado hoy la concejal Claudia Alonso el asunto de la estación de autobuses ya estaría resuelto".

El concejal socialista ha apuntado que durante la pasada legislatura Alonso "no se atrevió a abrir la boca para no incomodar al Ejecutivo de Cospedal y Labrador", por lo que le ha pedido "coherencia y que defienda los intereses de los toledanos por encima de los de su partido".

CCOO rechaza la posible privatización

El sindicato, que también se ha pronunciado sobre esta polémica, ha manifestado su rechazo ante la posible privatización de la Estación de Autobuses de Toledo y ha dicho que instará al Ayuntamiento a que haga un análisis en profundidad de otros servicios que están prestando empresas privadas de una manera "deficiente", en su opinión.

“Defendemos que la prestación de servicios públicos se haga de manera directa por la propia Administración porque  garantiza la eficacia, la eficiencia y la economía, evitando que empresas privadas se lucren”, han afirmado.

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