A pesar de que ya han pasado 8 años desde su fin, las ruinas de la Burbuja Inmobiliaria siguen presentes en nuestras calles. Aeropuertos inútiles, urbanizaciones megalómanas, carreteras de pago que nadie usa y luego pagamos todos… En resumen, enormes infraestructuras promocionadas por ese capitalismo salvaje del que somos esclavos. Infraestructuras que intentan hacernos creer que tenemos algo de prosperidad en un mundo decadente.
Sí, estos grandes “monumentos” que realmente solo tenían como objetivo el derroche, el negocio, el saqueo de las arcas públicas y la propaganda siguen estando presentes en nuestras vidas. Y aún, a pesar del fin tan brusco que tuvo ese proyecto de país, seguimos encontrando vestigios de esa época. El último de ellos en Ciudad Real, concretamente en la calle Alonso Céspedes de Guzmán:
El pasado miércoles, el concejal de urbanismo de Ciudad Real, Alberto Lillo, anunció que desde el 2011, el Ayuntamiento era propietario de un edificio destinado a viviendas. Hasta aquí todo estaría en orden si no fuera porque desde aquel momento solo se ha levantado el esqueleto del inmueble.
Esta “operación ruinosa” tiene su origen en el Ejecutivo del Partido Popular en la ciudad manchega. Durante el Pleno del 5 de marzo de 2007, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa “Contratas La Mancha” una manzana por casi 1.000.000 de euros para construir el actual despropósito de esqueleto que sufren los ciudadrealeños.
En una de las clausulas del contrato se estableció que en caso de revertir el contrato, el Ayuntamiento recompensaría a la empresa pagándole dos tercios del coste del suelo. Y así fue, pero con matices. El Ayuntamiento no solo pagó los dos tercios acordados, sino que le entregó a la empresa 235.250 € más y en 2011 le encargó a la empresa municipal comprar la estructura por 610.000€.
En total, los contribuyentes tuvieron que sacar de sus carteras casi un millón y medio de euros para costear un edificio que nunca se ha llegado a terminar y que estaba destinado a una demanda que en ese momento ya era nula.
Para justificar esta "masacre urbanística" a la oposición, los populares utilizaron algo muy explotado en la política: la mentira. El Gobierno de Rosa Romero engañó a la oposición socialistas diciendo que había una demanda de 1.300 personas solicitando una vivienda y que la compra de esta propiedad beneficiaría a EMUSVI (la empresa municipal de vivienda) con unos 20 millones de euros.
Se une así este esqueleto de hormigón armado a otras obras del destructor capitalismo de la región, como el aeropuerto de Ciudad Real o el hotel sin licencia de apertura donde Cospedal mandaba hacer ecografías.
