Las movilizaciones surgieron después de que el Partido Popular de Alcázar de San Juan iniciase un proceso de externalización de la empresa municipal encargada de la gestión del agua. En aquel momento, los vecinos de esta localidad ciudadrealeña salieron a las calles para manifestarse en contra de que les arrebatasen el control público de ‘Aguas de Alcázar S.A.’.
En este sentido, tanto las movilizaciones como la tensión social aumentaron mientras Diego Ortega continuaba con su pretensión de vender más del 50% de este Ente municipal. Una situación que llegó a provocar que incluso algunos miembros de la Plataforma se encerraren en el Consistorio para exigir que el equipo de gobierno escuchara sus reivindicaciones, una acción que no tardó en recibir el apoyo mayoritario de los vecinos.
Pues bien, el portavoz de los vecinos que se niegan a la privatización el agua de Alcázar de San Juan, Fernando Ruiz de Osma, ha comunicado que cinco personas han sido condenadas a pagar varias sanciones de hasta 900€ por el hecho de participar en las caceroladas pacíficas que tuvieron lugar en febrero de 2014. Además, dicho representante ha informado que no cabe recurso contra las multas, y estas tendrán que pagarse en enero de 2016.
Sobre estas multas cabe destacar que cuatro de los sancionados tendrán que abonar 301 euros por participar en las caceroladas, mientras que el antiguo portavoz de la Plataforma, Juan Garrido, que fue uno de los encerrados en el Ayuntamiento de la localidad ciudadrealeña, tendrá que pagar un total de 900€ divididos en tres multas de 300€. A este último, la justicia lo considera responsable y convocante de las protestas "espontáneas y pacíficas" que durante tres días tuvieron lugar en la Plaza de España.
Además de los cinco multados, había otro más al que se le archivó el expediente sancionador, ha precisado el portavoz de este colectivo, que desconoce los motivos por los cuales se tomó esta decisión.
Ruiz de Osma ha explicado que las sanciones impuestas fueron recurridas ante diferentes instancias, como la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real, los tribunales o incluso ante el Ministro del Interior.
Para finalizar, desde el colectivo aseguran que los afectados carecen de los recursos económicos suficientes para pagar las multas de sus bolsillos, por lo que han iniciado diversas campañas para recaudar fondos. Sobre este asunto, el portavoz ha informado de la venta de un centenar de calendarios al precio de cinco euros para poder ayudar a las personas que han sido multadas.
