El esqueleto de este inmueble que dejó abandonado el equipo de Gobierno de la conservadora Rosa Romero tuvo un coste de 1.400.000 euros, además de detectarse en la obra un sobrecoste de 230.000 euros. Por esta razón, el presidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Ciudad Real, Jorge Fernández, ha anunciado que va a elevar a la Fiscalía la documentación del conocido “Edificio Fantasma”.
Sobre este asunto, Fernández ha señalado que “el sobrecoste se ha detectado en la compra de la parcela”, pero considera que bajo el mandato del Partido Popular “también podría haber pagado un precio más elevado por lo que es la obra, por el esqueleto”. En este sentido, la empresa pública ha decidido personarse para defender sus derechos como entidad mercantil y para iniciar un peritaje del edificio que esclarezca si el precio de la tasación que se hizo para la compra, se corresponde con el precio real.
Una operación ruinosa
La construcción del edificio fue anunciada por los ‘populares’ a finales de la burbuja inmobiliaria. Por aquel entonces, el Ejecutivo de Rosa Romero declaró que había una demanda de 1.300 viviendas en la ciudad, por lo que adjudicó una manzana a una empresa privada por casi un millón de euros.
Las cláusulas del contrato ya hacían prever que el Ayuntamiento tenía la intención de utilizar la construcción del edificio para pagar enormes cantidades de dinero a 'Contratas La Mancha', la empresa adjudicataria. En dicho contrato se estableció que, en caso de cancelarse la construcción, el Ayuntamiento le pagaría a la empresa dos tercios del coste total.
Jorge Fernández, presidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Ciudad Real
Finalmente se terminó por cancelar el acuerdo. Pero los ‘populares’ no solo pagaron los dos tercios del coste del edificio, sino que le dieron a la empresa otros 235.250€. Asimismo, en 2011, Rosa Romero le encargó a EMUSVI comprar el esqueleto del edificio por 610.000€, lo que llevó a que los ciudadanos sacaran de sus bolsillos casi un millón y medio de euros.
Gastos en restaurantes de lujo
Además, Fernández también tuvo tiempo de hablar de otras irregularidades que afectan a la empresa pública de vivienda, como es el caso de las facturas de los gastos sin justificar de los anteriores gestores, que gastaron 7.000€ en restaurantes de lujo.
Sobre este tema ha mandado un ultimátum a los responsables de esas facturas, pues ha asegurado que se va a iniciar una investigación en la que se pedirá la justificación de dichos gastos. “En caso de que no accedan, se pondrán a disposición de los servicios jurídicos para iniciar otro tipo de actuaciones”, ha concluido Fernández.
