CIUDAD REAL.- La comisión de investigación que analizaba el contrato del alumbrado de Navidad del año 2014, adjudicado por el antiguo equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha concluido que hubo contratación "fraudulenta y nula de pleno derecho".
Esta comisión, que se constituyó en enero del año pasado, ha finalizado el análisis de lo ocurrido en torno a la reclamación que presentó Porgesa, empresa que se encargó de la iluminación decorativa para las fiestas navideñas en la capital provincial y que exige un pago de más de 30.000 euros por una ampliación del alumbrado que se hizo en distintas zonas de la ciudad.
Concretamente, la mercantil asegura que en aquel momento, durante el montaje de las luces, la ahora exalcaldesa de Ciudad Real, la ‘popular’ Rosa Romero, “dio las órdenes oportunas a la concejal de Festejos, Frasi López, de realizar una serie de ampliaciones a la iluminación en distintas zonas", todo ello tras confirmarles que "se buscaría una solución una vez finalizadas las fiestas".
Porgesa manifiesta que "en el afán de atender al Ayuntamiento, por ser un cliente de muchos años con el que jamás ha habido problema alguno, accedió a ello contando con que se solucionaría posteriormente, tal y como se prometió", sin embargo, una vez finalizada la Navidad, se volvieron a poner en contacto con la concejal de Festejos, quien les dijo que “se iba a tratar el tema con la alcaldesa, que fue de quien partió la orden y se comprometió personalmente a solucionarlo", pero finalmente, "no se resolvió nada por parte de Alcaldía".
La edil seguía instrucciones de Romero
El presidente de la investigación impulsada a tal efecto, Francisco Javier Fernández Bravo, edil de Ciudadanos, ha anunciado que, tras la presentación de las conclusiones por parte de los grupos políticos, “se ha alcanzado un acuerdo de redacción única de las mismas”, saliendo adelante con los votos a favor del PSOE, Ganemos y la propia formación naranja.
Las conclusiones son claras y señalan que se entiende acreditado que la concejal de Festejos en el momento de los hechos, Frasi López, reconoce que, siguiendo instrucciones directas de la anterior alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y "a sabiendas de su ilegalidad y con evidente falta de respeto a la normativa vigente en cuanto al procedimiento de contratación administrativa, contrató arbitrariamente con la mercantil Porgesa la ampliación del contrato de alumbrado de Navidad”, por lo que "queda perfectamente acreditado que la actuación de la exconcejala fue dirigida y ordenada por la anterior regidora”.
Una funcionaria advirtió de la ilegalidad
Del mismo modo, desde la comisión aclaran que en esta contratación se excedió el límite legal del contrato menor, 18.000 euros, pasando a efectuar un contrato de negociado sin publicidad, constituyendo su actuación "una clara arbitrariedad y desviación de poder".
Así mismo, certifican que, tanto la edil y la exalcaldesa no solo conocían que se estaban excediendo las cuantías del contrato menor, sino que la primera de ellas fue avisada por una funcionaria de lo que estaba realizando, "haciendo caso omiso" de sus reiteradas advertencias, lo que supone una "ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, adjudicando unilateral y arbitrariamente un contrato a una empresa que voluntariamente había decidido previamente".
El caso será puesto en manos de la Fiscalía
Por todo esto, la comisión de investigación ha entendido que la contratación administrativa es "absolutamente fraudulenta y nula de pleno derecho", debiendo el Ayuntamiento iniciar el oportuno proceso de nulidad, por lo que cree que la empresa debe reclamar, si lo estima oportuno, a la antigua concejala o a la anterior alcaldesa esta cantidad de dinero.
Por último, el presidente de la comisión ha sostenido que la actuación de este órgano "ha permitido esclarecer estos hechos que entendemos que son graves y suponen un ilícito absoluto, al saltarse a la torera los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Estado" y ha añadido que las conclusiones serán elevadas a Pleno, al tiempo que ha desvelado que la voluntad de los tres grupos municipales es “llevar estos hechos ante la Fiscalía para que decidan si hay algún tipo de responsabilidad penal o no la hay”.
