CIUDAD REAL.- Una familia de Campo de Criptana, con tres hijos menores, ha sido desahuciada de su vivienda al no poder afrontar el pago del alquiler de la misma, después de que un juzgado de Alcázar de San Juan suspendiera el lanzamiento el pasado 24 de abril.
Un proceso que, sin embargo, este miércoles no se detenía. En torno a las nueve de la mañana se consumaba el lanzamiento de la vivienda en torno a la cual se había desplegado una fuerte presencia policial. Así lo confirmaban fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Campo de Criptana, que apuntaban también la imposibilidad de negociar con la comisión judicial ni con la Guardia Civil, al haber quedado acotada con vallas la calle desde más de una hora antes para impedir el acceso a la vivienda a los miembros de varios colectivos de afectados por hipotecas, vecinos y amigos de la familia afectada, que se habían concentrado para tratar de mediar en el conflicto.
Una situación a la que llegaba esta familia criptanense, compuesta por el matrimonio, Mari y Rafa, y sus tres hijos, después de ponerse en manos de un prestamista hace ya 11 años, al no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca de la vivienda en la que llevaban residiendo desde 1999.
En 2006 la familia encontró en la alternativa que les ofrecía este prestamista, un abogado colegiado en Madrid, pero natural de la localidad ciudadrealeña de Herencia, una salida a la complicada situación en la que se encontraban. Éste se ofreció a prestarles dinero y para ello suscribieron, en una notaría madrileña, una escritura de préstamo con garantía hipotecaria por importe de 32.500 euros, hipotecando así por segunda vez la vivienda, aunque –explican- la familia "no ha visto ni un duro porque nunca le llegaron a dar el cheque por esa cantidad".
Una cantidad que esta familia de Campo de Criptana tenía que devolver en un plazo de seis meses, algo que les fue imposible cumplir, por lo que en 2008 volvieron a acudir a la misma notaría para formalizar la propuesta que les ofrecía el prestamista: comprarles la casa por 80.000 euros, de los cuales alrededor de 47.000 se destinarían al pago de la cantidad prestada inicialmente más los intereses generados. El resto se destinaría a pagar y cancelar la primera hipoteca que tenían contratada con el banco.
Pero la familia se quedaba sin un techo, por lo que el prestamista les ofreció la posibilidad de continuar en la vivienda abonándole un alquiler de 600 euros mensuales, el cual tampoco han podido afrontar, así como una fianza de 3.000 euros ‑que tampoco pudieron pagar‑ por la que el matrimonio fue embargado y de la que actualmente se está haciendo cargo un familiar.
Desde la PAH de Campo de Criptana se ha lanzado una campaña en las redes sociales de apoyo a esta familia. Culpan al prestamista, al que han bautizado como "el usurero", de toda esta situación, y le acusan de vivir de "sangrar a la gente necesitada".
Mientras que llega una solución, la familia desahuciada se quedará de momento en el piso que les ha dejado un amigo. El Ayuntamiento de Campo de Criptana y la Consejería de Fomento están gestionando una vivienda en la que puedan ser realojados.
LA PAH REGISTRA EN LAS CORTES SUS "MÍNIMOS"
El mismo día que la familia de Rafa y Mari se veían obligados a dejar su vivienda, la PAH registraba en las Cortes de Castilla-La Mancha un escrito en el que recogen sus "cinco mínimos básicos" para pedir a los grupos parlamentarios el cumplimiento de "todas las promesas" hechas en su momento y acabar con los desahucios. Dación en pago, alquiler asequible, paralización de lanzamientos, vivienda social y garantía de los suministros básicos, son las claves de este documento.
Reivindicaciones que tienen como objetivo acabar con los desahucios, de los pagos de por vida y con los cortes de luz, agua y gas.
Antes de registrar el documento, la portavoz regional de la PAH, Olga Ávalos, presentaba en rueda de prensa junto a su compañero Enrique Gómez y el secretario de Movimientos Sociales de Podemos en la comunidad, Pedro Vozmediano, la Ley de Vivienda de la Plataforma.
"Venimos a exigir a los grupos parlamentario que nos ayuden y nos hagan caso", solicitaba Ávalos, quien detallaba que su primera propuesta pasa por la dación en pago retroactiva, "una figura que está ahí", pero "no se está concediendo a familias con pocos recursos, pero sí a empresas y grandes capitales".
También planteaba los alquileres sociales asequibles porque hay familias que "están viviendo con 426 euros", así como viviendas sociales y suministros básicos, ya que "hay gente que no tiene luz ni agua".
Cifras no se tienen, "porque a la gente le da mucha vergüenza", explicaba, "pero en Castilla-La Mancha trabajamos mucho con la gente que se queda en la calle. Este invierno hemos tenido que hacer colectas para comprar bombonas de gas", lamentaba la portavoz de la PAH.
