Alrededor de 50.000 castellano-manchegos, de los cuales más de 23.300 son menores de 16 años, se han beneficiado hasta el mes de octubre del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional en 2016. Una medida destinada a ayudar a aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza severa y que no pueden hacer frente al coste del suministro energético.
Ayudas que en el proyecto de presupuestos del Ejecutivo regional para 2018, por primera vez, cuentan con una partida específica. Así lo subrayaba la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su comparecencia a petición propia en la comisión de esta área en las Cortes regionales para informar sobre la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social.
Una estrategia en cuyo marco se encuentra este plan, que durante los diez primeros meses del año se ha traducido en 5.184 ayudas económicas, la paralización de 417 cortes de suministro y otras 46 reposiciones de servicio.
Desde su puesta en marcha en 2016, a través del Plan contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha se han concedido 13.676 ayudas, 766 paralizaciones de corte de suministro y se ha repuesto el servicio en 106 hogares de la región. Actuaciones que se gestionan a través de Cruz Roja Española.
En concreto, detallaba Sánchez, han sido 49.780 los ciudadanos que se han beneficiado de este Plan, que contempla además de una ayuda de 150 euros por familia, medidas complementarias como el asesoramiento en materia de ahorro energético, la paralización de cortes de suministro y la reposición urgente del mismo una vez que ya se ha producido el corte por parte de las empresas suministradoras.
Ayudas integradas en la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social con la que se pretende atajar la tendencia al alza de los indicadores de pobreza existentes en la región, que se sitúan casi diez puntos por encima de la media nacional. En este sentido, Sánchez recordaba los datos ofrecidos por el último estudio del indicador AROPE, que sitúa la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha en el 37,9 por ciento, mientras que la media nacional se sitúa en el 27,9 por ciento de la población.
Datos que justifican la puesta en marcha y el desarrollo de esta Estrategia, presentada ya en el Pleno de las Cortes coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza e informado en el Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre. Una Estrategia que cuenta con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros para el periodo 2017-2020, siendo Castilla-La Mancha pionera en la implantación de una medida similar.
Un programa fruto del compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en Castilla-La Mancha, durante la celebración en febrero de 2016 del Consejo de Gobierno Abierto con este colectivo, para combatir las cifras de pobreza y desigualdad social en la comunidad autónoma. Uno de los objetivos que se marca el programa es reducir esa tasa de riesgo de pobreza y exclusión social a valores de 2011, por debajo del 35 por ciento de la población.
Asimismo también se pretende reducir por debajo de la media nacional los indicadores de pobreza severa, que se encuentran en el 7,6 por ciento en Castilla-La Mancha y en el 5 por ciento en el conjunto de España, así como rebajar del 18,8 por ciento a menos del 15 por ciento la tasa de personas menores de 60 años que sufre una baja intensidad en el empleo.
TRES EJES, 58 MEDIDAS
Una Estrategia que se divide en tres ejes, que en total engloban 58 medidas con diferentes objetivos. El primer eje engloba las medidas "de choque", contempladas en el Plan de Garantías Ciudadanas, como por ejemplo la mejora del Ingreso Mínimo de Solidaridad, la puesta en marcha de planes de empleo específicos, el incremento de las becas de comedores escolares y la continuidad del Plan contra la Pobreza Energética.
Un segundo eje se centra en medidas preventivas, como por ejemplo el desarrollo de 40 equipos de inclusión social formados por 74 profesionales, cuya labor consiste en el acompañamiento a quienes atraviesan dificultades económicas y sociales para que puedan salir de esa situación.
Por último, el tercer eje contempla medidas para mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema social, entre otras, la agilización y simplificación de trámites de las prestaciones sociales, la formación de profesionales implicados y la coordinación institucional e investigación.
