CIUDAD REAL.- Siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público es la condena que se ha impuesto al que fuera alcalde de la localidad ciudadrealeña de Horcajo de los Montes, Alfredo Prado, durante 16 años, por un delito de prevaricación administrativa.
Así lo recoge la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real, en la que se establece esta pena de siete años de inhabilitación especial, al considerar que la ilegalidad cometida fue "evidente, patente, flagrante y clamorosa".
Hechos que se remontan a finales de 2012, cuando Prado -que comenzó esta legislatura como portavoz del PP municipal en Horcajo de los Montes- era alcalde de la localidad y dictó una resolución sobre el monte de utilizad pública 'Los Bonales' con el objetivo de sacar zahorra, que sirviera para hacer edificable una parcela en la que una empresa privada había proyectado una promoción inmobiliaria.
Algo que hizo, tal y como recoge la sentencia, sin solicitar previamente la preceptiva autorización para todas aquellas actividades que impliquen la utilización privativa del dominio forestal. Una actuación al margen del marco legal previsto, con el único objetivo de posibilitar la construcción de las viviendas.
En esta resolución, el entonces alcalde de Horcajo de los Montes autorizaba a una persona física, en concreto a la que fuera concejal, diputada regional y presidenta del Partido Popular de Puertollano, María Encarnación Valdenebro, a realizar los trabajos correspondientes, al considerarla como representante legal de la constructora, a pesar de que este extremo no haya quedado documentalmente acreditado en autos.
Una autorización de la que el alcalde ni siquiera dio traslado al pleno municipal, sino que cuando fue preguntado al respecto por la oposición en la sesión de enero de 2013, Prado llegó a negarlo. Así lo declararon durante el juicio tres concejales del Partido Socialista, entonces en la oposición en el Consistorio de Horcajo de los Montes, quienes testificaron haber interrogado al regidor sobre la existencia de la autorización de obras a favor de la empresa, lo cual habría negado.
Además de los concejales socialistas, durante el juicio también se contó con el testimonio de varios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, que explicaron que la extracción de zahorra de un lugar público para llevarlo a uno privado no es en sí ilegal, si para ello se realiza la preceptiva consulta medioambiental. Un trámite previo a la posterior autorización administrativa en la que se evalúa la cantidad concreta a extraer, así como los plazos y el método a emplear para ello.
Trámites previos que de sobra eran conocidos por el entonces alcalde de Horcajo, puesto que Alfredo Prado ya lo había solicitado en anteriores ocasiones. No obstante, se considera probado que en este caso no lo pidió, a sabiendas de su carácter obligatorio, con el objetivo de facilitar la construcción de las viviendas proyectadas.
Un proceso de extracción de zahorra cuya finalidad era estrictamente privada, puesto que no se ha podido acreditar ni el carácter público de la empresa, ni de la promoción que se fuese a construir.
Viviendas que de las que nunca se llegó a poner siquiera un ladrillo, puesto que al concluir la extracción de zahorra, la empresa desapareció dejando deudas y con el dinero de quienes habían reservado una de ellas.
