TOLEDO.- Restando importancia al recurso del Estado contra la ley de caza de Castilla-La Mancha y anunciando ventajas fiscales a los cazadores de la región de cara a la próxima legislatura. De esta forma ha reaccionado el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, a la publicación este miércoles del Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra su normativa cinegética que, pese al rechazo del Partido Popular, era aprobada en las Cortes autonómicas el 15 de marzo del año pasado con el apoyo de PSOE y Podemos, modificándose así la polémica legislación de caza de María Dolores de Cospedal.
Una medida judicial, promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, ante la que el Gobierno castellano-manchego, cuyo vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los cazadores, asegurando que dicho recurso se presenta contra un artículo "muy concreto" que no afecta al conjunto del sistema cinegético de la región.
Se trata del apartado cinco del artículo primero de la ley, que hace referencia a la responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas. Es en este punto en el que discrepa el Ejecutivo de Sánchez, que considera inconstitucional el planteamiento realizado en la normativa de caza castellano‑manchega.
Y es que el artículo dice que "la responsabilidad de la indemnización por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del titular de la infraestructura. Dicho titular será, además, el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños".
Un planteamiento que hace al Gobierno central, por ejemplo, directamente responsable del control y de las responsabilidades derivadas de los daños que puedan causar los conejos ‑especie cinegética cuya proliferación ha resultado muy perjudicial para el campo castellano‑manchego en los últimos años‑ en explotaciones agrícolas y ganaderas.
En todo caso, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha señalan que se trata de un artículo copiado literalmente de la ley que Aragón aprobó en 2015, que en su momento no fue recurrida por el Gobierno y no ha sido declarada anticonstitucional, por lo que aseguran que seguirán defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha.
En esta línea, Emiliano García-Page ha subrayado que su Ejecutivo va a iniciar "una macrocampaña increíble" para defender la caza, no solo como parte de la economía y de la riqueza de la comunidad autónoma, sino también por el potencial del sector cinegético en España y en Europa, y porque es una actividad "que forma parte de nuestras raíces y de nuestra identidad".
También ha quitado hierro al recurso de inconstitucionalidad, pues ha puntualizado que se trata de una medida "de trámite" y por un "aspecto realmente formal". En este sentido, ha asegurado que el Gobierno central le ha dado "garantías plenas" de que no quiere oponerse ni confrontar con el modelo y la filosofía de la ley de caza de Castilla-La Mancha.
Y para demostrar su apoyo al sector cinegético, Page ha prometido que si gana las elecciones va a exonerar a los cazadores castellano‑manchegos del pago de la licencia, que sí deberán abonar los usuarios que procedan de otras comunidades autónomas. "Evidentemente los que vengan de fuera tendrán que pagar", ha incidido.
Asimismo, ha recordado que en esta legislatura su Gobierno ha suprimido la tasa de la licencia de caza para las personas mayores ‑el 40 por ciento de los cazadores‑, al contrario de lo que hizo el Ejecutivo anterior del PP, que la incrementó para este colectivo, así como que ha recuperado los cotos sociales y ha elaborado una legislación "que permite trabajar con calidad y expandir el sector", ha concluido.
NI UN PASO ATRÁS DEL PSOE
Sobre el recurso del Gobierno también se ha pronunciado el PSOE de Castilla-La Mancha, cuyo diputado regional Miguel González ha asegurado este miércoles que la Junta "no va a dar ni un paso atrás" para volver a la ley de caza aprobada por el anterior Ejecutivo autonómico que presidió la 'popular' María Dolores de Cospedal.
Y es que, según el socialista, la normativa cinegética impulsada en la pasada legislatura supuso la pérdida de 24.000 licencias de caza y recibió 119.000 firmas en contra, ha apuntado González, que ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que deje "de alarmar y confundir" en esta materia, porque según ha asegurado la meta del PSOE "es devolver la caza social y no la caza elitista que reguló el PP en su anterior etapa".
Contestaba así González a las palabras pronunciadas por el líder autonómico de los ‘populares’, Francisco Núñez, quien tras conocer que el Constitucional había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad se apresuró en pedir la modificación de la ley, ya que a ojos del dirigente conservador el presidente castellano‑manchego "se echó a los brazos" de Podemos y "solamente escuchó al ecologismo y fue en contra de los cazadores", aprobando de esta manera una legislación que "en lugar de auspiciar y proteger la caza, hace todo lo contrario".
