CIUDAD REAL.- Decepcionados, así es como se encuentran los miembros de la plataforma Sí a la Tierra Viva ante la falta de voluntad política del Gobierno regional para regular por ley la minería de tierras raras.
Así lo han manifestado a través de un comunicado en el reconocen sentirse "contrariados" ante el criterio del Consejo de Gobierno, publicado este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes regionales, en el que se expresa su no conformidad a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Minería de Tierras Raras en Castilla-La Mancha. Una propuesta impulsada desde este colectivo, presentada en el Parlamento autonómico a través del Grupo Parlamentario Podemos y su diputado David Llorente.
La asociación lamenta que al final de esta legislatura el Consejo de Gobierno "se decante por desoír las peticiones ciudadanas" realizadas durante buena parte de la misma y a lo largo de la cual se habían sucedido diversos gestos que apoyaban esta idea.
Sin embargo, con esta decisión -con la que se da por concluida la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley- el Ejecutivo regional "no solo no cumple el mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha de febrero de 2017", que por mayoría absoluta acordaba instar al Gobierno a iniciar los trámites para legislar sobre minería de tierras raras; sino que además "impide" la iniciativa legislativa propia de la institución que representa a todos los castellano-manchegos en un amago de lo que, consideran, "despotismo ilustrado".
Y es que para la plataforma el "hurtar" el debate parlamentario con el argumento de que la minería de tierras raras cuenta con un amplio elenco de normativa sectorial que la regula -tal y como se ponía de manifiesto en uno de los informes con los que se justificaba la decisión del Consejo de Gobierno- resulta "peregrino", al corresponder a los poderes públicos "adecuar la norma a la realidad social y económica facilitando la iniciativa legislativa", máxime en este caso "cuando la ley de Minas data del año 1973".
Consideran por ello que la negativa a seguir adelante con la tramitación parlamentaria de esta norma demuestra la "falta de voluntad política" del Ejecutivo castellano-manchego.
Respecto al otro argumento en el que basa el Consejo de Gobierno su decisión, la falta de crédito presupuestario para la elaboración del plan estratégico sectorial que requeriría la proposición de ley, valorado en 120.000 euros por la Viceconsejería de Medio Ambiente -atendiendo a lo que costó el elaborado para la ley antifracking- consideran que es "desmerecer" la preocupación mostrada por las comarcas que se han visto afectadas por proyectos mineros de tierras raras, "ponderando la misma en términos cuantitativos".
A pesar de todo ello, Sí a la Tierra Viva apela a la "valentía política" del Ejecutivo regional, que reconoció que "hubo un ambiente de presión del sector" para posibilitar el proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, "para afrontar el reto que supone garantizar a la ciudadanía, mediante una ley autonómica, que la minería de tierras raras no producirá los perjuicios en la salud púbica y el medio ambiente reconocidos en la resolución 09/DG-00108 de las Cortes regionales, basada en la evidencia científica expuesta en múltiples estudios internacionales.
