El Gobierno mete por primera vez a los municipios ribereños del Tajo en la comisión que decide los trasvases

  • El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, han cerrado un acuerdo ”institucional y político” para la incorporación de estas localidades al órgano.
  • El Ejecutivo central financiará también a partir de ahora el de abastecimiento de agua durante los meses de verano a todos los pueblos de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía con un fondo mínimo de veinticuatro millones de euros.

TOLEDO.- Por primera vez en la historia los municipios ribereños tendrán voz ”real y útil” en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo‑Segura, órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que decide las derivaciones de agua del río, y, además, a partir de ahora, el Gobierno central se ocupará económicamente del abastecimiento de agua de estas localidades durante los meses de verano, habilitando para ello una partida presupuestaria de al menos 24 millones de euros.

Son dos de los compromisos que ha obtenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García‑Page, por parte de la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, durante la reunión que han mantenido este martes en el Palacio de Fuensalida. Un encuentro ”muy satisfactorio”, en el que además del agua había otras cuestiones destacadas sobre la mesa, como el futuro del Almacén Temporal Centralizado (ATC) proyectado en la localidad conquense de Villar de Cañas, cuyo cierre definitivo ha reclamado García-Page; las energías renovables y la estrategia regional contra el cambio climático.

Una reunión que ha tenido lugar menos de un mes después de que el presidente regional plantease en público -el pasado 12 de julio, durante la celebración de un acto en Beteta-, su intención de poder mantener un encuentro de trabajo con la ministra para abordar diversos asuntos que afectan a la región.

Cuestiones entre las que ha destacado el agua, cerrándose un compromiso institucional y político para la incorporación ”real y efectiva” de los municipios ribereños a la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, de forma que tengan una voz ”útil y eficaz” en defensa de los intereses hídricos a la región.

De este modo, se dará un vuelco a la situación actual, ya que hasta ahora solo el Levante, a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, tiene representación. Por ello García‑Page considera que si la cuenca receptora tiene representación, ”lo mínimo” es que también la tenga la cedente.

Pero además de este compromiso, el presidente regional ha avanzado la intención del Ejecutivo central de financiar el programa definitivo de abastecimiento a la población de todos los pueblos de Entrepeñas y Buendía ‑embalses de cabecera del Tajo‑, con un fondo mínimo de 24 millones de euros ”ampliable” en función de las necesidades y que deberá quedar reflejado en los Presupuestos Generales del Estado.

Se pone así ”cifra, foto y contenido” a este problema que se ha venido arrastrando durante años y que refleja la imagen del ”despropósito de la gestión del agua en España en décadas”, ya que los mismos pueblos que ven cómo su agua se va a otra zona del país están obligados a ser abastecidos por cisternas durante los meses de verano.

Así a partir de este otoño ambas se pondrán ”manos a la obra” para establecer los mecanismos operativos suficientes para que ”ese dinero sea gastado para resolver este problema”.

Al mismo tiempo está prevista la convocatoria de una reunión especial de la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha para abordar la posibilidad de que esta comisión y el grupo de trabajo específico que se va a crear pongan en común ”las necesidades de esta región con las siete demarcaciones hidrográficas con las que nos relacionamos”, especialmente las de Júcar, Guadiana y Tajo.

DIFERENCIAS EN EL CÓMO Y EL CUÁNDO

Mientras tanto, y ante el ”escenario de transición” en el que nos encontramos en materia de gestión del agua, García‑Page ha subrayado que el objetivo es un ”notable” desdoblamiento y ampliación de la capacidad de desalación en el conjunto de España y particularmente en el Levante.

En este sentido ha destacado cómo desde el Gobierno castellano‑manchego se prefiere ”discutir y negociar en una mesa con la tutela y decisión que corresponde al Ejecutivo central”, antes de que estalle ”cualquier conflicto” entre comunidades, aunque a su parecer es ”evidente” que los avances en estrategias alternativas y el cambio climático ”hacen pensar en un escenario de aumento de la desalación para deshipotecar la cuenca del Tajo”. Más aún dada la coincidencia entre ambos gobiernos para duplicar la capacidad de desalación, tal y como anunciara el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante el encuentro mantenido con García‑Page en La Moncloa en octubre del pasado año.

Y aunque la coincidencia es plena en el fondo, se mantiene ”distancia” en ”el cómo y cuándo” se pueden plantear algunas decisiones, tal y como ha quedado patente en el encuentro celebrado este martes en Toledo.

Por ello García‑Page ha pedido a la ministra el cumplimiento  de las diversas sentencias del Tribunal Supremo para que se fijen los caudales ecológicos del río Tajo a su paso por Toledo y Talavera de la Reina, cuyas alcaldesas, Milagros Tolón y Agustina García, han participado también en la reunión.

Establecimiento de caudales ecológicos sobre lo que García-Page considera que ”existe voluntad de entendimiento y acercamiento”.

En su opinión, se trata de un ”problema de tiempos”, ya que está convencido de que ”nos vamos a terminar entendiendo en todo”. No obstante, para ello resulta ”importantísimo” que existan elementos de referencia institucional los cuales permitan hablar, no ya del corto plazo que se ha instalado en España, sino del medio y largo plazo. Un objetivo que precisa de ”normalidad”, ha apostillado.

Problema de tiempos y no en el fondo que ha dejado patente la ministra Ribera, quien, a preguntas de los periodistas, ha resaltado que ”en medio‑largo plazo los trasvases deben responder a necesidades excepcionales” y ha hecho hincapié en la necesidad de consolidar infraestructuras que permitan disponer de recursos en el Levante.

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