TOLEDO.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la presentación de los recursos de los trasvases del Tajo al Levante aprobados para los meses de mayo y junio de este año con la novedad, por vez primera, de un cambio en la argumentación jurídica, con el objetivo de "ganar estos recursos".
Así lo explicaba este martes en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en su comparecencia tras el primer Consejo de Gobierno abierto de esta legislatura, donde ha estado presente la Mancomunidad de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía.
Martínez Arroyo recordaba cómo estos trasvases aprobados para los meses de mayo y junio supusieron una derivación de 20 hectómetros cúbicos cada uno.
Con la presentación de estos dos nuevos recursos se sigue la senda iniciada en 2015 con la llegada al Gobierno regional de Emiliano García-Page, momento desde el cual se vienen recurriendo todos y cada uno de los trasvases de agua aprobados, a excepción del de noviembre de 2018, que fue solo para consumo humano, con un volumen de 7,5 hectómetros cúbicos.
Los recursos aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes se presentan con una novedad, el cambio en la argumentación jurídica, recurriéndose, de esta forma y de manera indirecta, el Real Decreto 773/2014 que fija la regla de explotación del trasvase, tal y como detallaba el consejero.
Así el Ejecutivo castellanomanchego se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a incluir los caudales ecológicos en la planificación en materia de agua en España.
En este sentido, Martínez Arroyo recordaba que en estos recursos se incluye un argumento "muy relevante", como es el hecho de que los trasvases "deben condicionarse" al cumplimiento de un mandato legal "muy contundente" de "minimizar las situaciones hidrológicas excepcionales de Entrepeñas y Buendía".
Situaciones excepcionales que concurren cuando ambos se encuentran en nivel 3 y 4, con menos de 400 hectómetros cúbicos de agua embalsada entre los dos, lo cual -según el consejero- "no debería suceder ningún mes" y, sin embargo, "en los últimos diez años se ha producido el 80 por ciento de las ocasiones".
Es por ello, insistía Martínez Arroyo, que se está incumpliendo la normativa, al igual que no se tienen en cuenta a la hora de proceder a los trasvases "las prioridades y usos de la cuenca cedente" en el cálculo de la curva de estas situaciones excepcionales, y sin incluir, por ejemplo, los regadíos del canal del Alberche.
En este sentido, subrayaba que el mínimo de agua que deberían tener los embalses de cabecera del Tajo para garantizar el suministro a la población, así como los usos y el caudal, tiene que subir de los 400 hectómetros cúbicos marcados en estos momentos a los 800 hectómetros cúbicos, volumen que debería ser "el mínimo" a partir de ahora.
Algo que contrasta con la situación actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que se encuentran con 458 hectómetros cúbicos de agua almacenada (18,21 por ciento de su capacidad), cuando hace solo un año tenían 578 hectómetros cúbicos. Una cifra, incidía el consejero, que "se contrapone a las existentes en la del Segura, una cuenca que cuenta con un 56 por ciento más de agua que el mes anterior". Para Martínez Arroyo eso significa que "se está yendo el agua de la España seca a otro lugar donde hay más agua".
En este sentido cabe recordar cómo el pasado mes de septiembre, cuando todavía los efectos de la gota fría en el Levante, con fuertes lluvias que provocaron graves inundaciones e incluso la rotura del trasvase, obligando a verter al mar millones de litros, se daba luz verde a una nueva derivación del Tajo al Segura por parte del Gobierno central.
Un nuevo planteamiento jurídico que desde el Ejecutivo autonómico se ponía de relieve durante la reunión del Consejo de Gobierno abierto al que asistían la presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños, María Ángeles Sierra; el vicepresidente de la asociación, Borja Castro, así como Gregorio Martínez y Francisco Javier del Río, miembros de su junta directiva y Francisco Pérez Torrecilla, miembro y diputado regional.
En nombre del Gobierno, Martínez Arroyo agradecía a todos ellos su compromiso con los intereses de Castilla-La Mancha y la importancia que tiene el río Tajo en la región como generador económico, así como desde el punto de vista ambiental y social.
Por ello, durante la reunión celebrada en Toledo se abordaba también la necesidad de que los municipios ribereños, ya presentes en la Comisión de Explotación del Trasvase, tengan en ella no solo voto, como hasta ahora, sino también voz.
Asimismo durante el encuentro, tal y como informaban desde el Ejecutivo regional en nota de prensa, se han abordado las obras comprometidas por el Gobierno, las cuales dada la "sintonía existente" se podrán terminar de ejecutar, de modo que los municipios de esta zona de la cabecera del Tajo no tengan problemas de abastecimiento en verano, como hasta el momento. Una imagen que, según Martínez Arroyo, dejará de producirse en el año 2021.
Por otra parte, también avanzaba que los municipios ribereños serán una entidad "preferente" -al habérselo "ganado" durante muchos años- en la Mesa Regional del Agua, la cual se convocará después de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. De este modo se tratará de unificar criterios "entre todos" en la defensa del agua en la región, a través de esta Mesa en la que se contará con las fuerzas políticas y la sociedad civil.
Desde la asociación de Municipios Ribereños, su vicepresidente, Borja Castro, valoraba el apoyo unánime recibido de los grupos de las Cortes, al tiempo que abogaba por la actualización de las normas de explotación del trasvase, ya que se están haciendo según ciclos hidrológicos de décadas pasadas.
Asimismo Castro reclamaba un plan de desarrollo para los municipios ribereños, compensaciones y que las inversiones "cojan ritmo".
