Ni la coalición ni su declaración de emergencia climática salvan de momento al Tajo del trasvase

  • El nuevo Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado su primera derivación hídrica al Levante de 16,2 hectómetros cúbicos, de los cuales más de la mitad son para regadío.
  • A la reunión de la comisión que aborda el trasvase no fueron invitados los municipios ribereños afectados, quienes denunciaron enterarse de la convocatoria por medios extraoficiales pese a que forman parte del órgano desde el año pasado.

TOLEDO.- Llega la primera derivación hídrica del Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos. En las últimas horas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado un controvertido nuevo trasvase desde la cabecera del Tajo al río Segura. Todo ello en una reunión en la que el Gobierno de España se había olvidado de invitar oficialmente a la Asociación de Municipios Ribereños, que forma parte de la Comisión de Explotación del trasvase desde que en agosto del año pasado Teresa Rivera firmara un acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha para la incorporación de estas localidades al órgano.

Una situación denunciada por el vocal de los ribereños en la Comisión, Francisco Pérez Torrecilla, quien ha explicado que se enteraron de la convocatoria "alertados por medios extraoficiales". Ante este veto, el también alcalde de Sacedón ha calificado de "lamentable" que la Dirección General del Agua les "ningunease" al olvidar invitarles a la reunión, donde, aunque no tengan voto, "están en juego muchas cosas".

"El casual despiste a la hora de invitar a los municipios ribereños no presagiaba nada bueno", ha afirmado el representante de los ribereños, que también ha recordado cómo el temporal Gloria ha dejado "cuantiosas lluvias y reservas de agua en el Levante" y, por tanto, considera "injustificado" que se autorice la nueva derivación.

"La lógica dice que tienen agua más que suficiente", ha zanjado el alcalde, quien asegura que algunos sectores del Levante "no piden agua porque la necesiten, la piden porque quieren justificar que les hace falta, pero la realidad es que pueden sobrevivir un año entero sin trasvase, como ha ocurrido en otras ocasiones, todo ello sin reparar en las miles de hectáreas de regadío ilegal que siguen ahí".

Finalmente, sí pudieron acceder a la reunión para defender sus posiciones y "desnudar las vergüenzas de una comisión técnica que a la hora de verdad no sirve de nada", aunque el Ministerio no ha tenido en cuenta los criterios de los ribereños. Desde la cartera liderada por la vicepresidenta Teresa Ribera, se ha autorizado así un trasvase de 16,2 hectómetros cúbicos. De ellos, 8,7 se destinarán para regadío, mientras que los 7,5 restantes se emplearán para abastecimiento urbano.

A pesar de ser un trasvase inferior al propuesto por la Comisión de Explotación ‑que quería derivar el tope máximo de 20 hectómetros cúbicos de agua‑ , sí va a ser el primero en los últimos meses en los que habrá agua destinada a las tareas de regadío, en contra del propio criterio que estableció Teresa Ribera, que hasta el momento solo había permitido el abastecimiento para consumo humano.

Recorte de la cantidad propuesta desde la Comisión debido a "la situación del Mar Menor y los efectos que el regadío producen en la laguna, basándose en los principios de prevención y precaución", según señalan en un comunicado desde el Ministerio.

Justificación del Ministerio que en esta ocasión no hace hincapié en la crisis hídrica que sufre la cabecera del Tajo, en sus embalses de Entrepeñas y Buendía, que acumulan alrededor de solo el 20 por ciento de agua, que se traduce en un volumen de 572,1 hectómetros cúbicos, inferior al nivel de referencia para el mes de enero y quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 34,2 hectómetros, por lo que el volumen restante efectivo es de 537,9 hectómetros cúbicos.

Por esta situación la cabecera del Tajo se mantiene en situación hidrológica excepcional desde mayo del año pasado y no está previsto que pase a la normalidad hidrológica, al menos, hasta marzo.

Se trata del primer trasvase desde que Teresa Ribera asumiera la nueva vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, así como también del primero en el que se cuenta con Unidas Podemos dentro del Consejo de Ministros y el primero después de que el nuevo Gobierno central declarase la pasada semana oficialmente a España en estado de emergencia climática y ambiental, entre cuyos compromisos se recoge la aplicación de medidas para frenar "el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua".

RECURSOS AL TRASVASE

Poco después de su autorización, las respuestas al trasvase no han tardado en llegar. Desde Murcia, cuyo Gobierno se ha apuntado recientemente a la política de recurrir las derivaciones, han anunciado que volverán a iniciar esta vía al considerar insuficientes los hectómetros cúbicos autorizados.

Extremo contrario el de Castilla-La Mancha que, aunque también va a llevar a los tribunales el nuevo trasvase ‑como todos aquellos que se han destinado al regadío‑, lo va a hacer por considerar elevada la cantidad de agua que se va a enviar al Levante.

Un trasvase que el consejero castellanomanchego de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha tildado de "lesivo" para la región, asegurando "no entender" que se derive agua para riego cuando los embalses murcianos se encuentran a una mayor capacidad que los de Entrepeñas y Buendía.

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