TOLEDO.- El proceso participativo de la ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha concluye hoy su fase de retorno, con la que se pone fin al mismo y da paso al balance de resultados, la elaboración de conclusiones, valoraciones y decisiones adoptadas al respecto por parte de la Consejería de Igualdad y Portavoz respecto a las propuestas que finalmente serán recogidas en el informe definitivo.
Aportaciones que han sido más de 500 en este proceso participativo abierto a la ciudadanía, entre las que se encuentran numerosas encaminadas a mejorar el texto, pero también otras que no solo consideran "contrarios a la Constitución" algunos planteamientos, sino que también ven esta nueva ley como un intento de "imponer" una visión "sesgada e ideológica" sobre la materia.
Este es el caso de un grupo de seglares de la Archidiócesis de Toledo, el grupo POLIS, que cuya aportación a este proceso participativo no solo levanta la voz contra lo que consideran un intento de "prohibición general de pensar diferente", sino que además niegan la discriminación y violencia contra las personas LGTBI salvo "casos concretos" y rechazan que la nueva ley que se plantea para Castilla-La Mancha impida la aplicación de "eventuales tratamientos médicos" o asesoramiento cuando una persona decida su opción sexual.
Presiones de la Iglesia católica en la confección del futuro texto normativo con las que la institución religiosa defiende en la región la aplicación de las polémicas terapias para 'curar' la homosexualidad que ya han sido ilegalizadas en otras comunidades autónomas.
Y es que para este grupo de la Archidiócesis toledana, con la ley que la Junta de Comunidades pretende aprobar se impide ejercer el libre desarrollo de la personalidad al considerar esa decisión "inmodificable" a no ser para cambiar a una opción sexual diferente "a aquella que se corresponde realmente con su sexo biológico".
Una situación ante la que reclaman que se permita recibir tratamientos médicos, puesto que este "legítimo ejercicio" por parte de los profesionales "cuenta con respaldo de estudios científicos".
Planteamientos que han quedado recogidos en el informe de resultados del proceso publicado en la web de Participación del Gobierno regional. Aportaciones que este grupo de trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar de la Diócesis toledana no ha dudado en titular 'Consideraciones de urgencia' sobre el borrador del Anteproyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha.
Un documento del que critican que "muchas de las medidas planteadas" -aunque a lo largo de sus consideraciones critican e insisten en la escasez de actuaciones concretas- "implican una prohibición general de pensar de forma diferente", siendo así contrario "a la libertad de pensamiento, conciencia y religión".
Al tiempo que lo ven como "una iniciativa constructivista de la conciencia individual y de la colectividad" que no solo ayudará "muy poco" a quienes sufren violencia o discriminación por razón de su orientación sexual, sino que -a su juicio- "únicamente generará más confusión, sufrimiento y múltiples conflictos jurídicos".
Así, aunque aseguran estar "radicalmente en contra" de toda forma de discriminación y violencia ejercida contra los personas y los colectivos que éstas integran, también "en el caso específico de las personas que comúnmente se caracterizan con el acrónimo adjetivado LGTBI", como señalan en su texto, consideran el "fin último y único" debe ser "la protección de las personas", y no como a su entender trata de hacer el borrador del Anteproyecto de Ley, en el que ven como objetivo "inocular a nivel social una determinada visión del ser humano y controlar su paulatina imposición".
Un planteamiento que, aseguran estos seglares católicos, "no se sustenta en estudios científicos sólidos y consistentes acerca de la naturaleza del ser humano desde la perspectiva corporal y psicológica".
Y es que según el grupo POLIS diferentes informes sobre acoso escolar promovidos por comunidades autónomas -no citan ninguno en concreto- "demuestran el bajo porcentaje de las causas relacionadas con la orientación sexual como motivo de discriminación o abuso, muy por debajo de otras como la obesidad o la inmigración".
Por ello creen que no se debe tratar tanto de mitigar o prevenir el sufrimiento de personas con una identidad sentida diferente a su corporalidad, que "dar por válidos y promover desde las instituciones públicas principios ideológicos que carecen de consenso en la sociedad y de respaldo científico".
De este modo creen que el texto del anteproyecto de ley no expresa "las necesidades concretas" de las personas que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad, y que tampoco ofrece medidas eficaces para prevenir o luchar contra estas situaciones. A su juicio, la propuesta "se limita a exponer proclamas genéricas carentes de mandatos normativos concretos, impropios de una ley".
"Proclamas generalistas" que, según este grupo dependiente de la Archidiócesis de Toledo, no tiene realmente como objetivo consolidar y ampliar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como adoptar medidas concretas mediante la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen el libre y pleno desarrollo de la personalidad, evitando a estas personas situaciones de discriminación y violencia, con el objetivo de asegurar que en Castilla-La Mancha "se pueda vivir la diversidad sexual en plena libertad", tal y como se recoge en la exposición de motivos.
Una reivindicación histórica del colectivo LGTBI, que se ha encontrado con mayores dificultades para organizarse debido a las características sociales y geográficas de Castilla-La Mancha, un planteamiento con el que grupo POLIS discrepa.
NEGACIÓN E INCOHERENCIA
Y es que a su entender, con estas "proclamas generalistas sin concretar" se pretende hacer ver que la comunidad autónoma se encuentra "ante un problema sistémico", de modo que la sociedad castellanomanchega estuviera "afectada por graves prejuicios hacia las personas que integran este colectivo" lo cual haría urgente "una intervención de los poderes públicos a todos los niveles".
Para estos seglares católicos esto dista completamente de la realidad, lo cual -dicen- "puede apreciarse con una simple observación de nuestra realidad cotidiana". Y aunque admiten la existencia de "casos concretos de discriminación por esta causa", frente a los que sí consideran que "hay que reaccionar inmediatamente, buscando el bien de las personas que los sufren", sitúan al mismo nivel otros supuestos de desigualdad como la etnia, la discapacidad o la pobreza.
Con esta equiparación, situando al mismo nivel una y otras "desigualdades", desde POLIS plantean que centrar una ley únicamente en esta materia, de forma "excluyente", se generará "el efecto contrario al pretendido por su exceso", al tiempo que "devaluará la influencia de las acciones públicas que se están llevando a cabo con éxito para luchar contra todo tipo de discriminación y violencia".
Pero no solo discrepan en lo que se refiere a los motivos que impulsan a la elaboración de esta ley, sino que desde el punto de vista formal consideran que su articulado es "un extenso plan de medidas" con rango de ley que "ni tiene el contenido propio de ésta ni resultará eficaz" con esta formulación.
En este sentido consideran que existe una "incoherencia" entre el objeto de la ley -"garantizar la igualdad de las personas LGTBI a través de la eliminación de toda discriminación por razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia familias LGTBI, en cualquier etapa de la vida y en cualquier ámbito", tal y como recoge el artículo 1-, la finalidad de la misma, que según recoge el artículo 2 es "establecer las condiciones para que sus derechos sean reales y efectivos y facilitar su participación en todos los ámbitos de la vida social", y el resto del articulado.
Una supuesta incoherencia que justifican al considerar que "salvo puntuales excepciones", no se incluyen medidas concretas para lograr la igualdad material y proteger a quienes sufren discriminación y violencia por este motivo.
Discrepan así con que la única finalidad sea "contribuir a la eliminación de estereotipos que han fomentado históricamente la discriminación y exclusión social de las personas LGTBI".
Y es que para el grupo POLIS lo único que se pretende es hacer "un nuevo ejercicio de constructivismo social" ya que al modificar los cánones normativos de la sociedad se "daña gravemente la libertad colectiva y entra en contradicción directa" con otros derechos y libertades proclamados en la Constitución.
Pero además ven un uso "abusivo" del recurso a este tipo de norma, lo cual consideran que no solo parte de "una visión muy concreta e ideológicamente sesgada de la persona y su sexo" que se pretende "imponer" a toda la sociedad. Lo cual, dicen, genera "confusión" en personas concretas.
"DAÑOS" DE DESVINCULACIÓN SEXO-GÉNERO
En este sentido van más allá y plantean en sus 'Consideraciones urgentes' que "la desvinculación sexo biológico-género, su consideración como algo asignado y, por tanto, mutable", "daña gravemente a quienes puedan sufrir dudas sobre su orientación sexual", empujándoles -dicen- "a vivir la situación como algo que solo a él atañe e, indirectamente, les condena a la soledad".
Por otra parte, critican también que la ley se remita a un reglamento y a las políticas públicas que se establezcan en el futuro, "sin establecer las garantías mínimas necesarias para proteger otros derechos e intereses, públicos y privados, afectados".
Según este grupo de seglares, todo ello da lugar a un texto "de deficiente factura técnica", que además genera "inseguridad jurídica por la terminología manejada", que además es "ajeno al Derecho" y "vulnerador de derechos proclamados en nuestra Constitución".
TAMBIÉN RESPECTO A LOS MENORES
En cuanto al fondo de la norma, consideran contrario a la Constitución también el artículo 28, en el que según POLIS "se cataloga como situación de riesgo la negativa de los padres o tutores a respetar la orientación sexual, expresión de género, desarrollo sexual o identidad de género de menores".
Creen que con esa expresión de "negativa a respetar" se deja en manos de los poderes públicos "una decisión drástica sobre la titularidad y el ejercicio de la patria potestad", resultando contraria a la misma.
Exactamente el mismo problema que encuentran en el artículo 36, relativo al consentimiento informado para recibir tratamientos médicos, según el cual el menor tendría capacidad para prestarlo cuando sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de los mismos. Así, dicen estos seglares toledanos, los poderes públicos tienen en sus manos la aplicación del supuesto y privan del ejercicio de la patria potestad a los padres y tutores.
Discrepan también en las actuaciones previstas en el ámbito educativo, al considerar que los documentos ya existentes son "suficientes" para lograr la finalidad perseguida, por lo que incorporar contenidos adicionales específicos "los convertirá en eficaces".
Asimismo aseguran que algunas medidas previstas, como el Plan Integral sobre Coeducación y Diversidad LGTBI en Castilla-La Mancha, "atentan" contra el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación de conformidad con sus convicciones morales y religiosas.
En el capítulo de infracciones y sanciones propuestas en el texto normativo, denuncian que se incluyen medidas que afectan a los poderes públicos y a los individuos sobre la base de decisiones personales variables de otros individuos, sin establecer límites al respecto.
Algo que consideran se produce en las cuestiones establecidas respecto al uso de los aseos en los centros educativos, la configuración de los equipos en competiciones deportivas, la documentación administrativa "o la forma de dirigirse a esa persona". Todo lo cual consideran "medidas desproporcionadas en su alcance", además de "generadoras de conflictividad social y jurídica en la práctica" y que "nada ayudan a luchar contra la discriminación y la violencia".
EXIGEN "NEUTRALIDAD"
Por otra parte tampoco están conformes con que la ley establezca como deber que las administraciones públicas de la región respalden la celebración de fechas conmemorativas, actos y eventos LGTBI, lo cual dicen "rompe la neutralidad de los poderes públicos que exige nuestra Constitución".
Discrepan asimismo con el artículo 12, al considerar que "la opción ideológica LGTBI" no debe ser privilegiada en los procedimientos de contratación y procedimientos subvencionables respecto a otras acciones promotoras de la igualdad.
En este sentido citan como ejemplo lo señalado unos artículos después, en el 16.3, en el que se señala que en las campañas de sensibilización se tendrá en cuenta "el desarrollo de masculinidades alternativas siguiendo un enfoque feminista a la hora de visibilizar a las personas LGTBI". Ven aquí una "grave invasión de la acción de los poderes públicos" en el terreno de la conciencia individual, lo cual sería también contrario a la Constitución.
También objetan respecto a la creación del Consejo LGTBI, del que está previsto formen parte asociaciones y organizaciones que trabajen a favor de los derechos de las personas LGTBI, así como profesionales y otras personas activistas en este ámbito. Creen que así "se deja de lado a las personas que, desde una visión distinta del ser humano y de la sexualidad, están dedicando esfuerzos a luchar contra toda forma de discriminación y violencia, acogiendo y acompañando a quienes están padeciéndola".
Un proceso participativo que consideran debería haber sido "más amplio", objeto de "un debate serio y sosegado", en lugar de "sesgado ideológicamente", y en el que tuvieran también parte colectivos, profesionales y grupos con una visión diferente de la cuestión relativa a las relaciones entre sexo y género".
