TOLEDO.- Una ley "pionera", que establece medidas fiscales para luchar contra la despoblación; trasversal, garantista y de largo recorrido es la propuesta del Gobierno regional para combatir el despoblamiento en Castilla-La Mancha. Una nueva norma cuyo anteproyecto de ley ha recibido hoy luz verde por parte del Consejo de Gobierno y se confía pueda estar aprobada por las Cortes esta primavera.
Un anteproyecto de ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha que es fruto del Pacto Regional firmado hace casi un año en Brihuega (Guadalajara) con los agentes sociales y económicos, los grupos de desarrollo rural y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, y al que se han ido adhiriendo multitud de entidades públicas y privadas.
Así lo ha recordado en rueda de prensa el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha dado cuenta del acuerdo adoptado por el Ejecutivo, tras el cual el anteproyecto de ley será remitido al Consejo Consultivo como paso previo para su remisión definitiva a las Cortes para su tramitación y aprobación, la cual confía se produzca "con el máximo consenso posible".
Un carácter consensuado en el que esta norma viene incidiendo desde el primer momento, al haber pasado por dos procesos de participación, por una parte el que exigía la nueva ley de Participación Ciudadana y por otra, debido a su trasversalidad, al tener que haber sido informada por diez consejos sectoriales de participación.
Una ley cuya "gran novedad" reside en la utilización de la política fiscal para luchar contra la despoblación, haciéndolo dentro del ámbito de las competencias que tiene la comunidad, concretamente en el tramo autonómico del IRPF y en los impuestos cedidos.
En este sentido el vicepresidente ha detallado cómo la nueva ley prevé una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica del IRPF para quienes tengan "estancia efectiva" en las zonas despobladas, y de un 10 por ciento para la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda "para quienes vivan o quieran vivir en el medio rural".
De este modo, ha asegurado Martínez Guijarro, la combinación de estas dos desgravaciones permitirá que quienes quieran vivir en estos municipios y necesiten una vivienda "no paguen prácticamente impuestos a la comunidad autónoma".
Asimismo se incorporan también desgravaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales, tanto para la adquisición de vivienda o de local, reduciéndose a la mitad, al igual que el impuesto de actos jurídicos documentados.
Junto a ello Martínez Guijarro ha destacado su carácter pionero, al ser la primera ley en Castilla-La Mancha que aborda directamente el problema estructural que afecta a amplias comarcas de la región, la despoblación, y lo hace con una visión trasversal planteando la toma de decisiones "en todos los ámbitos competenciales de la comunidad autónoma".
Pero además se trata de una ley "ambiciosa", que lleva incorporada de una memoria económica según la cual se destinarán, durante este periodo de programación de la Unión Europea, un total de 600 millones para implementar las medidas contempladas por la ley, tanto para la creación de nuevos programas como para la repercusión presupuestaria de las medidas fiscales.
El nuevo texto normativo consta de 75 artículos, contenidos en 7 títulos, además de 4 disposiciones adicionales y 9 disposiciones finales.
IMPACTO DEMOGRÁFICO Y ESTANCIA EFECTIVA
Por otra parte, el vicepresidente ha destacado dos conceptos "novedosos" que se introducen desde el punto de vista legislativo: impacto demográfico y estancia efectiva.
Respecto al primero, Martínez Guijarro ha subrayado que con la nueva ley se establece que todas las decisiones estratégicas, desarrollos normativos y nuevos servicios que se implementen por parte de la comunidad autónoma tengan que contemplar "cómo se van a desarrollar y qué efectos van a tener" en estas zonas afectadas por el despoblamiento.
Asimismo, ha calificado como "crucial" el concepto de "estancia efectiva" que introduce esta norma, puesto que permite establecer medidas de apoyo a quienes "efectivamente viven en los pueblos", no solo estando empadronados, sino además recibiendo en esa zona asistencia sanitaria y escolarización sus hijos en caso de tenerlos.
Áreas afectadas por despoblamiento para las que esta ley establece una zonificación, atendiendo fundamentalmente a su densidad. Así, se distingue entre zonas con intensa despoblación, que cuentan con entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; zonas de extrema despoblación, con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; y zonas con riesgo de despoblación, cuya densidad se sitúa entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado. También se incluyen como zonas intermedias aquellas con una densidad de entre 20 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado, y las zonas periurbanas que tienen más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.
Y aunque el parámetro "crucial" a tener en cuenta es el de la densidad de población, Martínez Guijarro ha apuntado que también se atienden otros, como pueden ser el envejecimiento o el tipo de actividad económica desarrollado en esas zonas.
Esta ley, pensada para el medio y largo plazo, tendrá como principal instrumento de planificación la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la cual será de aplicación en las zonas de intensa y extrema despoblación, así como en aquellas en riesgo de despoblamiento, y que debe tener un alcance mínimo de 10 años.
GARANTÍAS
Por otra parte, José Luis Martínez Guijarro ha destacado los dos núcleos centrales en torno a los que se articula esta ley: la garantía de acceso a los servicios públicos y la cohesión social, económica y territorial.
En este sentido ha destacado cómo esta ley plantea una serie de medidas orientadas a garantizar que los ciudadanos que residan en las zonas afectadas por despoblamiento puedan acceder a los servicios públicos esenciales "en condiciones similares" a quienes vivan en el resto de municipios de la región.
Así, en materia de acceso a la educación pública, no solo se garantiza por ley la existencia de un colegio allí donde haya al menos 4 niños o garantizar una formación profesional adaptada a la realidad de la comarca, sino que se plantea la puesta en marcha de un nuevo contrato-programa a través del cual se compromete financiación para la educación superior de los jóvenes que residen en estas zonas, con la condición de que las familias sigan viviendo en los pueblos.
En materia sanitaria, en función de esta ley se garantiza un incremento en los servicios de Atención Primaria así como la implementación de programas tecnológicos; el acceso a un servicio de urgencias en menos de 30 minutos, "se viva donde se viva", así como una mejora en el acceso a la asistencia farmacéutica.
Respecto a los servicios sociales contempla garantizar la teleasistencia avanzada para que los mayores de 70 años puedan tener una correcta atención durante el mayor tiempo posible en sus domicilios, y cuando ya no puedan permanecer allí, se garantizará un recurso residencial a menos de 40 kilómetros del domicilio, para que no tengan que salir de su comarca.
Asimismo se incorpora un nuevo modelo de transporte, sensible a la demanda, con el que "se olvidan" las líneas radiales que comunican los pueblos con la capital de provincia, y se apuesta por un servicio de transporte que comunica "los pueblos con la cabecera de comarca y entre sí".
AYUDAS PARA EMPRENDER
En lo que respecta a la cohesión, en materia económica el vicepresidente ha destacado las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas, las cuales tendrán hasta un 40 por ciento de ayuda adicional por implantarse en estos territorios.
Asimismo se contempla la creación de un fondo de apoyo financiero, dotado inicialmente con 10 millones de euros, que servirá para facilitar la implantación de empresas en estas zonas.
Se apuesta igualmente por la cohesión social planteando la necesidad de modelos alternativos que favorezcan la conciliación para la atención a niños de 0 a 3 años; se establecen programas específicos de acceso a la vivienda, incidiendo en la reutilización del parque ya existente a través de la rehabilitación; y se compromete a facilitar el acceso a la cultura, al ocio responsable, así como a los medios de comunicación social.
Por su parte el compromiso por la cohesión territorial incide en el fomento de las energías renovables, el consumo responsable del agua y la garantía de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación avanzadas, con el compromiso de acceso a la fibra óptica y al 5G en todas las localidades de la comunidad autónoma.
Desde el Ejecutivo castellanomanchego confían en que el paso dado por Castilla-La Mancha no sea el único, y se ve acompañado por la toma de decisiones al respecto, también en materia fiscal, por parte del Gobierno de España.
Para Martínez Guijarro se trata de un paso que tenía que dar la Administración regional "para crear las condiciones necesarias de incentivación positiva para que la gente se quede en los pueblos", pero también, para lo que considera más importante, que la gente "quiera volver a los pueblos".
En este sentido ha destacado la incorporación de un programa de retorno del talento interno, orientado a facilitar la vuelta de aquellos quienes tuvieron que abandonar los pueblos, estableciendo para ello líneas de ayuda e incentivación.
Una vez salvada la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, el anteproyecto de ley será remitido al Consejo Consultivo y una vez que haya informado al respecto, se enviará a las Cortes para que esta primavera pueda quedar aprobado definitivamente.
Una ley que el Gobierno espera cuente con un amplio respaldo parlamentario, al haber quedado incorporado al texto el 90 por ciento de las aportaciones realizadas por los grupos políticos; pero también porque está pensada para el medio y el largo plazo, de modo que sus efectos en la reversión de la situación de pérdida de población en estas comarcas se verán solo después de varias legislaturas.
