TOLEDO.- Castilla-La Mancha admite que tiene "ciertas dudas", especialmente de carácter jurídico, respecto a cómo deberán actuar las comunidades autónomas una vez que el próximo 9 de mayo finalice el estado de alarma.
Una decisión que anunciaba ayer por sorpresa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin comunicación previa a los gobiernos autonómicos y a poco más de veinticuatro horas de celebrarse una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Anuncio ante el que surgen numerosas dudas sobre "qué se va a producir en España" a partir de ese momento, cómo deberán actuar las comunidades autónomas, puesto que si deben tomar el testigo, es necesario tener claro qué sucederá "en el caso de aquellas situaciones en las que se tengan que tomar decisiones sobre los derechos fundamentales".
Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, a preguntas de los periodistas durante la inauguración del consultorio local de Almorox (Toledo), en la que ha acompañado al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page.
Fernández ha reconocido que existen "dudas jurídicas" respecto a la nueva situación que se planteará con la finalización del estado de alarma tras el 9 de mayo, cuestiones que "veremos cómo se van trabajando, esbozando y discutiendo" a lo largo de los próximos días, una vez celebrado el Consejo Interterritorial de hoy, en el que a buen seguro también se discutirá al respecto.
TRABAJANDO EN NUEVAS MEDIDAS
Por otra parte, y con vistas a algo más inmediato como es la finalización de la vigencia de las medidas especiales acordadas por las comunidades autónomas para la Semana Santa, el consejero de Sanidad castellanomanchego ha señalado que desde el Ejecutivo regional se trabaja para que las nuevas medidas sean "acordes" a la situación epidemiológica en la que nos encontramos.
En este sentido, pero sin detallar hacia dónde podrían encaminarse, Fernández Sanz ha subrayado que en estos momentos Castilla-La Mancha se encuentra "entre las tres o cuatro regiones con menor incidencia".
Cabe recordar que las medidas acordadas en el seno del Consejo Interterritorial el pasado 10 de marzo para todo el territorio nacional de cara a la Semana Santa, tienen vigencia hasta el 9 de abril. Restricciones entre las que se encontraba el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, así como el inicio del toque de queda a las 23.00 horas, junto a la limitación del número máximo de seis personas en los encuentros al aire libre y de cuatro en interior.
Un cierre perimetral que desde el Ejecutivo castellanomanchego se barajaba poder levantar antes de que se acordaran estas medidas especiales para Semana Santa, y que ahora sí podría llegar a producirse, tras varios anuncios al respecto.
