Imagen de archivo de un cazador en un coto privado de caza. EFE

TOLEDO.- Hasta el próximo 6 de mayo se encuentra sometido a información pública el borrador del nuevo reglamento de aplicación de la ley de Caza de Castilla-La Mancha. Una propuesta planteada por el Ejecutivo regional que no convence a los cazadores, quienes consideran que tanto a ellos como a los propietarios de los cotos se les intenta "criminalizar", al considerar a estos como "responsables de delitos cometidos en sus terrenos aunque no se haya identificado al autor".

Así lo recoge el borrador publicado por la Consejería de Desarrollo Sostenible en su artículo 44, relativo a la responsabilidad en el ejercicio de la caza. En este punto, criticado por los cazadores, se señala que se considerará responsables de las acciones de caza "no incluidas en el plan de ordenación cinegética aprobado para el terreno cinegético" o bien del incumplimiento de las condiciones de dicho plan, a los titulares del aprovechamiento, excepto "cuando se acredite el incorrecto proceder de la persona cazadora".

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Artículo en el que también se señala a los organizadores de cacerías como responsables en general del cumplimiento de los requisitos y medidas concernientes a la preparación y desarrollo de éstas, de forma especial en lo relativo a las prácticas de seguridad.

Del mismo modo, el texto consultado por PeriódicoCLM propone que sean las personas cazadoras las responsables de las contravenciones de la legislación de caza por sus actos individuales, incluyendo en este sentido el incumplimiento de las instrucciones que para el buen desarrollo de la cacería les haya dado la persona organizadora cuando participen en modalidades colectivas.

Se establece así que todo cazador esté obligado a indemnizar por los daños y perjuicios que ocasione con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho se debiera a culpa o negligencia de la persona perjudicada o por causas de fuerza mayor.

Un intento de "criminalización", según la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, desde la que ya el pasado 14 de abril, apenas una semana después de que se abriera el plazo de información pública, manifestaban su rechazo a esta propuesta de reglamento, al considerarla "un ataque directo" al sector cinegético y que va más allá de lo establecido en las actuales legislaciones.

En este sentido, apuntaban cómo el reglamento propuesto también apunta a que las sociedades de cazadores deberían poder obligar a los agricultores a realizar determinadas siembras según las necesidades de la fauna.

ADIÓS AL PLOMO

Otro de los puntos que critican desde la Federación son las limitaciones respecto a la munición de plomo que se plantean desde Castilla-La Mancha, las cuales consideran que "superan ampliamente el marco europeo", al tiempo que ven en la definición de humedal planteada como algo "muy alejado de la realidad del mundo rural" y que en la práctica, subrayan, "haría inviable el uso del plomo para la caza".

En este sentido, el borrador del reglamento propuesto por la Consejería de Desarrollo Sostenible, señala en el apartado a) de su artículo 34.2, que quedará prohibido "disparar y transportar munición que contenga plomo durante el ejercicio de la actividad de la caza en los cotos sociales, zonas colectivas de caza de titularidad pública, montes de utilidad pública y humedales".

Asimismo en su artículo 46, relativo a los medios prohibidos de caza y de control de poblaciones, se precisa que queda prohibido "disparar y transportar munición que contenga plomo en humedales o a menos de cien metros de su linde exterior" y con carácter general, además de en cotos sociales y zonas de titularidad pública, en aquellas áreas que se determinen en las órdenes anuales de vedas por resultar contaminantes o susceptibles de provocar intoxicaciones a la fauna silvestre".

Medidas todas ellas para las que el reglamento no establece periodos transitorios, no contempla un estudio sobre las consecuencias económicas de la medida, tampoco valora la falta de alternativas y, según los cazadores, no tiene en cuenta que "el marco general normativo, la propia ley autonómica, no hace referencia alguna a este asunto".

Para la Federación de Caza estos puntos sobrepasan claramente los límites normativos y consideran que de salir adelante "tendría un impacto muy negativo en un sector esencial económica y socialmente en Castilla-La Mancha".

Por ello ya anunciaban entonces que sus servicios jurídicos ya estaban trabajando para presentar las correspondientes alegaciones, al tiempo que mostraban su esperanza en poder trabajar con la Administración "para corregir un texto muy mejorable".

Una vez que finalice el plazo de alegaciones, dará comienzo la fase de retorno de este proceso de participación, en la que se estudiarán y valorarán las alegaciones presentadas a lo largo de estos 20 días, y se emitirá por parte de la Administración un informe de retorno.