La regularización de pozos de las explotaciones prioritarias quedó en suspenso tras la paralización del Plan del Alto Guadiana hace años.

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha es optimista y confía en que la regularización de pozos de las explotaciones prioritarias del Alto Guadiana puedan incorporarse al documento final del plan hidrológico de cuenca, en cuyo borrador -publicado este lunes por el Ministerio- no se encuentra recogida.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien preguntada sobre los distintos planes que afectan a la comunidad autónoma ha explicado que desde la Consejería de Agricultura se trabaja ya con la Secretaría de Estado para que esta regularización de pozos quede recogida en el documento definitivo.

Publicidad

Gestiones sobre las que el titular de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, "es optimista, cree que lo podemos conseguir".
En este sentido, Fernández ha recordado que la regularización de los pozos de más de un millar de explotaciones agrarias fue un compromiso adquirido en el año 2007, momento en el que se presentaron las correspondientes solicitudes ante el Consorcio.

Sin embargo, la paralización del Plan del Alto Guadiana por parte del Gobierno del Partido Popular, supuso que el proceso quedara bloqueado suponiendo un "alto coste" no solo para las Tablas de Daimiel, sino para estas explotaciones agrarias que "llevan años esperando" la comprometida regularización.

Al margen de esta cuestión en la que ya se trabaja para su incorporación al documento administrativo, desde el Gobierno regional se consideran "satisfactorios" otros elementos incluidos en este plan, como el establecimiento de una partida de 62 millones de euros para la compra de derechos en el preparque. Una cuestión, ha recordado Fernández, que también se contemplaba ya en el Plan especial del Alto Guadiana en su momento, efectuándose entonces parte de las compras.

Una medida que permitirá comprar derechos "para aliviar la presión de la extracción de agua", bien indemnizando o bien comprando a quien voluntariamente decida vender. Se trata, ha recalcado Fernández, de una "solución pactada" y en la línea de lo que ya se ofrecía hace años.

Por otra parte también ha valorado de forma positiva que se contemplen 50 millones para la construcción del tramo final de la Tubería Manchega, dando prioridad con 5 millones al ramal del Campo de Calatrava, "tan necesario".

La portavoz regional ha recordado que la Tubería Manchega fue una infraestructura paralizada también por el Gobierno del Partido Popular, cuyas decisiones trajeron "muy malas consecuencias", no solo el bloqueo de este proyecto, sino también para el abastecimiento de casi medio millón de habitantes en las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real; la no regularización de los pozos, así como consecuencias económicas y medioambientales "graves".

Cuestiones todas ellas que, de uno u otro modo, quedan contempladas en el borrador del plan presentado por el Ministerio, aunque Fernández reconoce que "hay que seguir trabajando para que las reivindicaciones del sector agrario sean tenidas en cuenta".

EVIDENTE DISTINTA SENSIBILIDAD

Respecto al Plan del Tajo, Fernández se ha remitido a la valoración realizada este martes por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, quien señalaba que si bien no satisfacen por completo las reivindicaciones de la región si permiten "ver por primera vez el vaso medio lleno".

La portavoz regional considera que "se van dando pasos" y que "cada día es más evidente una sensibilidad distinta" por parte del Gobierno, desde el que se han dado cuenta de que "el Tajo no aguanta más". Algo que cree queda plasmado en el borrador del plan de cuenca, de modo que "de manera progresiva" no solo se irá notando la mejora del río sino también atendiendo las demandas de los regantes de Castilla-La Mancha.

CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Por otra parte, y en relación al Plan del Guadalquivir, la portavoz regional ha calificado como una "magnífica noticia" que se contemple ya como zona regable el Castillo de Montizón, lo cual beneficiará al Campo de Montiel.

Una medida que va a suponer desarrollo económico y garantía de renta para los agricultores de la zona, afectada especialmente por la despoblación.