TOLEDO.- El trasvase Tajo-Segura tiene nuevas reglas desde este martes, que si bien mantienen las derivaciones de agua, ponen límites a los umbrales necesarios en los embalses de cabecera para que esa cesión pueda materializarse. Cambios que por primera vez miran, de algún modo, hacia la cuenca cedente y sus intereses.
Una modificación que acaba con el límite de 38 hectómetros cúbicos que el Ejecutivo del PP, con la connivencia del Gobierno de Castilla-La Mancha presidido entonces por la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, prefirió mantener para las situaciones de nivel 2, oponiéndose a la propuesta de los técnicos que ya en 2014 -de cara a la aprobación del Memorándum- recomendaban reducir el umbral a 30 hectómetros cúbicos.
De este modo, el principal cambio que introduce ahora el Gobierno es la regla que afecta a este nivel 2, en el que a partir de ahora el desembalse -que sigue siendo automático- será de 27 hectómetros cúbicos y no de 38 como hasta ahora, lo que conllevará una mayor estabilidad al sistema y beneficios para todas las cuencas afectadas, según el Ministerio.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Real Decreto por el que se modifican las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, con el objetivo de permitir una gestión más ordenada y estable del sistema del acueducto, con ventajas tanto para las cuencas cedentes como las receptoras.
Un mecanismo, defiende el Ministerio, que responde a las recomendaciones científico-técnicas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y que ha sido refrendado por la Comisión Central de Explotación del Trasvase y el pleno del Consejo Nacional del Agua.
Los nuevos umbrales establecidos para la cesión de caudales atienden al principio de equilibrio entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo y la estabilidad de los suministros hacia las cuencas beneficiarias del sistema. Aseguran desde el Ministerio que se trata de "minimizar el riesgo" de que el trasvase entre en situación de excepcionalidad hídrica y en consecuencia tenga que interrumpirse el aporte de caudales aguas abajo, como ha sucedido con frecuencia en los últimos años a medida que se agravan los efectos del cambio climático sobre el régimen de lluvias en España.
Recuerdan cómo las aportaciones medias del trasvase han ido cayendo de manera sostenida desde la década de los 80, a pesar de lo cual en los últimos años la cabecera del Tajo se ha encontrado casi la mitad del tiempo en situación hidrológica excepcional, lo que hace imposible realizar los envíos de agua. Trasvases cero que también pretende evitar esta modificación de las reglas de explotación.
En este sentido, precisan cómo en 2017 el grifo del trasvase permaneció cerrado durante once meses seguidos por falta de caudal suficiente. Algo que "no se corresponde con el espíritu de la norma", señalan desde el departamento que dirige Teresa Ribera, puesto que "aboga por una explotación regular y estable de esta infraestructura".
CUATRO NIVELES PARA MANTENER EL GRIFO ABIERTO
El Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, y que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que la cantidad mensual de hectómetros cúbicos trasvasables se determinará en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes.
Volumen de agua a trasvasar que será de un máximo anual de 650 hectómetros cúbicos, de los cuales 600 podrán ir para el Segura y otros 50 para el Guadiana, atendiendo siempre a cuatro niveles.
Así, para se establece el nivel 1 para cuando las existencias sean iguales o mayores que 1.300 hectómetros, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a los embalses de Entrepeñas y Buendía en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.400 hectómetros cúbicos. En este caso, el órgano competente autorizará un trasvase anual de 60 hectómetros cúbicos, hasta el máximo anual.
El nivel 2 se decretará cuando las existencias conjuntas sean inferiores a los 1.300 hectómetros cúbicos y las aportaciones de los doce meses previos no hayan llegado a los 1.400 hectómetros cúbicos. En este caso, la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura autorizará un desembalse mensual de 27 hectómetros cúbicos. Una autorización que será automática, como hasta ahora, siempre que se cumplan los requisitos relativos a las existencias conjuntas.
Por su parte se considerará nivel 3 si el agua almacenada en los embalses de cabecera no supera a comienzos de cada mes los 613 hectómetros cúbicos en octubre; 609 hectómetros cúbicos en noviembre; 605 en el mes de diciembre y 602 hectómetros cúbicos al inicio de enero. Asimismo se decretará este nivel si en febrero no se superan los 597 hectómetros cúbicos, en marzo los 591 y en abril los 586. Por su parte los límites para el mes de mayo se sitúan en 645 hectómetros cúbicos; 673 hectómetros cúbicos en junio, 688 en el mes de julio, 661 en agosto y 631 hectómetros cúbicos en septiembre.
En este nivel, considerado de 'situación hidrológica excepcional', el órgano rector podría autorizar discrecionalmente y de forma motivada una transferencia de hasta 20 hectómetros cúbicos al mes.
Por su parte, cuando la cantidad de agua embalsada sea inferior a 400 hectómetros cúbicos, se establecerá el Nivel 4, en cuyo caso "no habrá cesión alguna".
Asegura el Gobierno que con este Real Decreto se trata de adaptar una infraestructura "crítica" para el abastecimiento de 3 millones de personas en Castilla-La Mancha, Murcia y Alicante "a la realidad ineludible del cambio climático, de la alteración de los patrones de lluvias" y por todo ello, una menor disponibilidad de agua.
Para contrarrestarlo, desde el Ministerio se trabaja en el diseño de alternativas, duplicando la capacidad de generar agua desalada para usos agrícolas, la interconexión del sistema de desaladoras en una red conjunta de todo el Levante, dotándolo así de una mayor capacidad operativa, así como en un plan de apoyo a las energías renovables para rebajar el precio del agua desalada.
Pero además de estas modificaciones, el Consejo de Ministros ha dado también luz verde a una actualización de las tarifas de aprovechamiento del trasvase, de acuerdo a su carácter bienal establecido por la legislación vigente.
Tarifas con las que se persigue recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación, así como la recuperación de las amortizaciones de las inversiones realizadas por el Estado.
Una revisión de tarifas que varía para cada grupo de usuarios del trasvase, y que entrarán en vigor tras su publicación en el BOE.
"BUENA NOTICIA", PERO NO TODO CONSEGUIDO
Desde el Ejecutivo castellanomanchego consideran que esta modificación de las reglas del trasvase es "una buena noticia", aunque reconocen que "no está todo el objetivo conseguido".
Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien considera no obstante que supone "un avance muy importante en justicia, solidaridad, sentido común, sostenibilidad, respeto hacia el Tajo y hacia los intereses generales de Castilla-La Mancha".
Del mismo modo ha recalcado que desde la región se seguirá trabajando "lealmente" con el Gobierno de España, con Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, porque no se pretende "afrentar a nadie", sino defender los intereses de Castilla-La Mancha cuyos ciudadanos "ven cómo trascurre el Tajo y tienen necesidades hídricas".
Fernández ha recordado que hay otras alternativas para el Levante y ha pedido "menos ruido y más soluciones", desde el diálogo y la lealtad.
