El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Foto: Pepe Zamora / EFE

GUADALAJARA.- Cinco años después del incendio provocado en la planta ilegal de residuos de Chiloeches, en el que se originaron importantes daños medioambientales, la Audiencia Provincial de Guadalajara inicia el macrojuicio, que se extenderá durante más de dos meses, con el fin de esclarecer la responsabilidad de los implicados.

Una causa en la que la fiscal del caso, Patricia Vilela, pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para las 18 personas acusadas por delitos de participación en grupo criminal, delitos contra el medio ambiente, así como prevaricación administrativa medioambiental, explotación ilegal de instalaciones peligrosas y falsedad documental.

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Así lo señala el Ministerio Fiscal en un escrito de más de 90 páginas en el que entre los acusados están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en el momento de los hechos investigados, bajo los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

En el incendio, que tuvo lugar el 26 de agosto de 2016 en la planta de desechos tóxicos de la localidad guadalajareña, ardieron alrededor de 20.000 toneladas de estos residuos peligrosos, originando importantes daños ambientales y poniendo en riesgo la salud pública en el entorno del extenso perímetro de la instalación. Esto obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, ocasionó vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

El escrito, que señala cómo tras las investigaciones se llegó a la conclusión de que el incendio fue provocado, considera responsables civiles directos y solidarios a todos los acusados que se sentarán en la Audiencia Provincial de Guadalajara desde el 20 de septiembre en un macrojuicio que se extenderá hasta el próximo 17 de diciembre

Un proceso cuya fase de instrucción se extendió durante casi dos años y que, dada la complejidad del mismo, supuso la activación por primera vez en la región del protocolo del Consejo General del Poder Judicial para causas por corrupción.

En concreto, entre los cargos públicos imputados se encuentra Miguel Chillarón Yuste, director general de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2005 y 2008, para quien el fiscal pide doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 28 meses de multa de cuota diaria de 20 euros, por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

Para Carlos José Blázquez Orodea, director general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2009 y 2011 y para Matilde Basarán Conde, directora general de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015 piden sendas penas de tres años de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

La misma pena de tres años por delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental piden para Sergio David González Egido, delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre 2004 y 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2015 y 2016, momento en el que fue cesado por Page.

Para Olga Villegas, jefa de Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2013 y 2018, y para José María Michelena, jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial y, sucesivamente, jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2018, piden dos años de prisión por el mismo delito que sus compañeros.

Entre los acusados, también se encuentra el entonces concejal de urbanismo y posteriormente quien fuera alcalde de Chiloeches, César Urrea, para el que se pide por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental cinco años de prisión.

Las penas más altas son para otros acusados por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito agravado de gestión de residuos peligrosos y explotación de instalaciones de residuos peligrosos para quienes se piden penas de hasta 19 años de cárcel.

Se trata de los 11 propietarios y gestores de las empresas KUK Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina Tratamiento de Residuos, entidades para las que también se piden penas de multa y prohibiciones de realizar actividades relacionadas con los residuos.

Según el escrito de la Fiscalía, los responsables de la Junta permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y señala que en algunos casos conociendo los incumplimientos de las empresas se les mantuvo la autorización.

Del mismo modo señala numerosos incumplimientos de la normativa de transporte y tratamientos de residuos peligrosos por empleados y empresas implicadas.

DECLARACIONES CONTRADICTORIAS

Durante la segunda jornada del juicio, los dos directores generales de la Junta durante la etapa de José María Barreda se han contradecido sobre la autorización medioambiental integrada de la planta de Chiloeches, que permitió que estuviera en funcionamiento pese a detectarse diversas irregularidades.

Tanto Miguel Chillarón como Carlos José Blázquez han comentado en el interrogatorio, de más de cinco horas, que confiaban en sus técnicos a la hora de firmar resoluciones sobre las autorizaciones de la instalación afectada, añadiendo que eran los mismos técnicos los encargados de elaborar los informes y realizar las correspondientes inspecciones.

También han señalado que ellos no tenían en su labor ir al detalle de los trabajos, centrándose en asuntos de mayor relevancia, y que carecían de competencias sobre la gestión de residuos peligrosos.

Sin embargo, han discrepado sobre la autorización ambiental. Mientras Chillarón ha dicho que no se trataba de algo definitivo, Blázquez ha opinado lo contrario, indicando que la planta podía seguir en actividad en los años que ocupaban sendos cargos.

Por su parte, la directora general de Calidad e Impacto Ambiental durante el Gobierno de Cospedal, Matilde Basarán, ha señalado que durante su etapa en la Junta firmó más de 4.000 expedientes y que su firma era un paso final a un proceso de revisión y tramitación realizado por técnicos y jefes de servicio, de cuyo trabajo no dudaba.

Jefas de servicio como Olga Villegas, quien también ha sido interrogada esta semana. En la misma línea que el resto de los acusados, ha indicado que carecía de competencias sancionadoras y se encargaba solamente de realizar trámites.

CERCO LEGISLATIVO

Los incendios provocados en la planta de Chiloeches y el vertedero de neumáticos de Seseña han aumentado la preocupación de los poderes públicos sobre el tratamiento ilegal de los desechos.

Hasta ahora, la legislación exonera de responsabilidad a las empresas productoras una vez que los entregan a los gestores. Pero en la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados se trata de resolver el problema introduciendo la vía de la 'responsabilidad ampliada del productor', en coherencia con la normativa comunitaria.

El nuevo texto, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, se establece que el productor inicial deberá garantizar un "tratamiento final adecuado", concluyendo su responsabilidad cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo.