TOLEDO.- El problema de la okupación de viviendas ha vuelto a las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que el pasado mes de diciembre se aprobaba el proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, y contra la okupación ilegal de viviendas, que la región proponía para el conjunto del territorio nacional.
Este martes, el presidente del Parlamento autonómico, Pablo Bellido, ha mantenido un encuentro con los alcaldes de Horche, Juan Manuel Morales, y Cabanillas del Campo, José García Salinas, quienes le han trasladado su preocupación por la problemática que viven sus municipios en relación a la okupación ilegal de viviendas.
Durante el encuentro, los regidores de estas dos localidades guadalajareñas han explicado a Bellido las actuaciones que han llevado a cabo hasta el momento, dentro de su limitado ámbito de competencias. Entre ellas, se encuentra por ejemplo, la colocación de un sistema de videovigilancia en las calles de Horche, donde tras conseguir la autorización de la Delegación del Gobierno para ello, se ponían en marcha hace unas semanas cerca de una quincena de cámaras con las que se pretende aumentar la seguridad en el municipio y prevenir a la vez la okupación de nuevas viviendas.
Y es que, cabe recordar, en Horche han llegado a estar okupadas de forma ilegal más de 40 viviendas, propiedad de una entidad bancaria, y han sido numerosos los problemas de convivencia con los vecinos. Una situación que ha llevado a pedir el auxilio de la Fiscalía y a protagonizar diversas manifestaciones reclamando la intervención de la Administración.
Okupaciones frente a las que ya se han comenzado a producir los primeros desalojos, como los que tenían lugar a mediados de este mes, con una decena de intervenciones.
No obstante, los pequeños pasos que han podido dar los ayuntamientos, no hacen que desaparezca la preocupación por un fenómeno que perturba de manera muy significativa la convivencia de estos municipios, lo cual demanda un mayor compromiso por parte de todos los poderes públicos y administraciones, así como avances en materia de legislación.
Además de conocer de primera mano cuál es la situación en estas localidades, el presidente de las Cortes regionales ha aprovechado la reunión para repasar con los alcaldes de Horche y de Cabanillas, el contenido de la ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, la propuesta normativa que fue remitida al Congreso.
Una norma autonómica que en su articulado contempla un endurecimiento de las penas, la persecución del crimen organizado en torno a estas prácticas, mientras que con el objetivo de proteger a la ciudadanía, se legitima a las comunidades de propietarios y ayuntamientos a denunciar las okupaciones ilegales. Al mismo tiempo impulsa una modificación de las reglas del padrón municipal, para impedir que los okupas sean inscritos.
Cabe recordar que esta proposición de ley, impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue aprobada con el respaldo de Ciudadanos y la abstención del PP, para elevarla así como propuesta de legislación estatal a las Cortes Generales, en las que residen las competencias en esta materia, haciendo uso de un mecanismo que contempla para estos casos el artículo 87.2 de la Constitución española.
